BALANZAS FISCALES

Mi amigo extremeño y las balanzas

Agárrense bien: casi un cuarto del total de la población trabajadora extremeña depende directamente de las arcas públicas, hasta llegar a 82 funcionarios o asimilados por cada 1.000 personas

Francesc-Marc Álvaro - en La Vanguardia 21-7-08

La publicación de las balanzas fiscales por parte del Gobierno español es un hecho histórico que tendrá consecuencias, por mucho que Zapatero y Solbes le hayan querido dar un tono menor y administrativo, casi clandestino. Si hemos tenido que esperar años para conocerlas, no ha sido por casualidad. Por vez primera, el poder central del Estado certifica el enorme déficit fiscal de Catalunya. Hablamos del 8,7 del PIB en el año 2005, según los papeles recitados por Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, lo cual significa que cada ciudadano catalán deja de tener en su cartera 2.116 euros anuales que son suyos. Recordemos que las cifras elaboradas por la Conselleria d´Economia de la Generalitat, con el concurso de reconocidos expertos, arrojan un déficit del 9,8 del PIB, cerca de 2.400 euros por persona y año. Sea como fuere, trescientos euros arriba o abajo en cada bolsillo, lo innegable es que, hace tres años, Catalunya aportó a las arcas generales del Estado entre 10.857 y 14.807 millones más de los que recibió. Y esto se viene repitiendo desde la creación del Estado de las autonomías. Si la solidaridad perjudica objetivamente a quien la practica, es que el sistema que tenemos no es justo. Y las situaciones injustas acaban siendo insostenibles y, si no se arreglan, estallan. Ningún catalán, vote al partido que vote, puede entender que una solidaridad mal calculada le acabe empobreciendo y colocando por detrás de aquellos a los que ayuda. Después del proceso distributivo entre comunidades ricas y pobres, Catalunya pasa a la novena posición, tomando como indicador la renta por habitante en poder de compra. A los ciudadanos baleares (déficit del 14,2% del PIB) y valencianos (déficit del 6,3% del PIB) les ocurre lo mismo. El caso de la Comunidad de Madrid, como ya escribió en estas páginas el profesor López Casasnovas, no puede leerse del mismo modo, a menos que nos traguemos la trampa basada en repartir entre todos los ciudadanos de las Españas el fuerte gasto que la Administración central realiza en la capital del Estado. Comento estos datos con un amigo extremeño. Él no acepta las balanzas fiscales y, además, se enfada. Cuando califico de expolio lo que ocurre con los recursos de Baleares, Valencia y Catalunya todavía se enciende más, hasta el punto de acusar a los catalanes de lo de siempre: "Sois la avaricia en estado puro". Mi amigo ve hundirse su mundo confortable e insiste en la obligación que tienen las zonas ricas de arrimar el hombro sin recorrer a lo que él llama "excusas". Mi amigo extremeño es funcionario, uno de los muchos de su autonomía. Tal como explica un completo estudio encargado por la patronal Pimec con datos del periodo 2004-2008, resulta que el empleo público representa en Extremadura el 22,7% del total de asalariados. ¿Conocían ustedes tal fenómeno? Agárrense bien: casi un cuarto del total de la población trabajadora extremeña depende directamente de las arcas públicas, hasta llegar a 82 funcionarios o asimilados por cada 1.000 personas. Le digo a mi amigo que esta situación es un escándalo monumental, sobre todo porque estamos en el 2008 y no en 1988, cuando podía justificarse este porcentaje aludiendo al atraso histórico de la región. Ahora, le remarco, se trata de un lastre para el desarrollo de la gente y de una forma obscena de sostener el clientelismo partidista. En la familia de mi amigo, son tres los sueldos que provienen de papá Estado. En Catalunya, la cifra de empleo público representa sólo el 8% mientras en Baleares es del 9,9% y en Valencia del 10,1%. Por detrás de Extremadura, la España con más empleados públicos es Castilla y León (16,1%), Castilla-La Mancha (15,4%), Andalucía (15,3%) y Aragón (14,5%). Desde este mapa tan ilustrativo se puede contextualizar perfectamente la cínica reacción del presidente de Extremadura, Fernández Vara, quien ha declarado: "No reconozco las balanzas fiscales porque surgen de una idea de España que no tiene cabida en la Constitución". Tal vez se refiere a esa idea, tan bella y evangélica, de dar una caña y enseñar a pescar en lugar de regalar pescado al que no lo tiene. Comprendo que, cuando se dispone del 22,7% de funcionarios (con los votos fieles que eso representa), tal ejemplo de meritocracia elemental sea revolucionario. Aquí tenemos, pues, la cruda realidad que explica las enormes dificultades con que se enfrenta la Generalitat a la hora de negociar la financiación autonómica, asunto clave que Solbes ha concretado penosamente la pasada semana, para alarma de los indígenas. Tengo un momento de pitoniso, ustedes perdonen. El vicepresidente económico cederá poco y por ello, ahora, le conviene remarcar una propuesta impresentable para que, finalmente, lo ínfimo acordado parezca - dentro de unos meses- algo gigantesco y digno de que Montilla lo venda como "el mejor sistema de financiación de la historia", según dijo en La Vanguardia. Ayer, Zapatero, cerrando el congreso del PSC, ya preparó el terreno del camelo. Ojalá me equivoque en mi augurio. La única duda que tengo, a fecha de hoy, es sobre el conseller Castells: ¿participará de la comedia o se plantará de verdad cuando el timo sea incompatible con su prestigio académico? Para que vayan calibrando lo que ocurrirá, si no se consigue lo que marca el Estatut sobre la financiación y si las balanzas fiscales no se tienen en cuenta, les daré un único dato: Catalunya acoge casi el 25% de los inmigrantes residentes en España y, además, concentra el 23% de entradas. Sin recursos públicos, ni la escuela, ni la sanidad, ni la seguridad funcionarán. Con la crisis y el paro al alza, el riesgo es todavía mayor. Urge que alguien encabece la batalla y lidere la respuesta colectiva, para que, al menos, los catalanes no seamos confundidos con un felpudo.