Antoni Matabosch en La Vanguardia el 6-12-09
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d´Autonomia de Catalunya está al caer y dictaminará sobre la definición de Catalunya como nación. Es un tema sobre el que se ha polemizado, sin profundizar ni discernir su significado. El pasado 12 de noviembre en la concesión del premio de honor Lluís Carulla en el Saló de Cent me referí a esta cuestión y deseo ahora divulgarlo desde esta tribuna.
El estado moderno, desde el siglo XVII, ha tendido a identificar nación y estado y ha caído en la tentación de desconocer e incluso de perseguir aquellas realidades históricas plurales que subsisten bajo la organización política de los estados. Pero la realidad es tozuda y desde hace más de un siglo las comunidades culturales tienden a afirmarse. De esta forma se inicia un proceso de clara distinción entre nación y estado.
La doctrina social de la Iglesia Católica desde hace muchos años ha enseñado que la nación está íntimamente ligada a la historia, la cultura, la lengua, la conciencia de pertenencia a un colectivo diferenciado. Estado está relacionado con el derecho y la política. Juan Pablo II en la Unesco (1980) dijo que "la nación es la gran comunidad de los hombres que están unidos por lazos diversos, pero sobre todo y precisamente por la cultura. La nación es por y para la cultura… Es aquella comunidad que posee una historia que supera la historia del individuo y la familia… Hay una soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la nación… Lo que digo aquí no es el eco de ningún nacionalismo,sino que se trata siempre de un elemento estable de la experiencia humana… ¿No hay en el mapa de Europa y del mundo, naciones que poseen una maravillosa soberanía histórica,nacida de su cultura y que, sin embargo, están privadas de su total soberanía?"
Más adelante estableció la relación entre nación y lengua: "La lengua constituye un lugar de sedimentación o de conservación, como si estuviera en un depósito secular, el rico y variado patrimonio cultural de la nación… En cierto sentido es la manifestación de su espíritu, lleva el sello de su genio, de sus sentimientos, de sus luchas, de sus aspiraciones".
Ante la Asamblea General de la ONU (1995) añadió un elemento más político: "La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) ha tratado de manera elocuente los derechos de las personas, pero no existe todavía un acuerdo internacional análogo que trate los derechos de las naciones en su conjunto. La naturaleza humana es histórica y por ello ligada a la familia, a otros grupos o comunidades, hasta llegar al grupo cultural que se suele designar, no en vano, con la palabra nación…Este fundamento antropológico sostiene los derechos de las naciones,que no son otra cosa que los derechos humanos considerados al nivel específico de la vida comunitaria". Entre los derechos de las naciones está el de existir, el de tener la propia lengua y cultura y "el de modelar la propia vida según las propias tradiciones".
De estos principios el papa Juan Pablo II dedujo que "el derecho fundamental a la existencia no supone necesariamente una soberanía estatal, ya que son posibles diversas formas de agregación jurídica entre diferentes naciones, como por ejemplo en los Estados federados, en las Confederaciones o en Estados con amplias autonomías".
sábado, 19 de diciembre de 2009
jueves, 17 de diciembre de 2009
¿SOLO QUEDA UN CAMINO?
SOLO QUEDA UN CAMINO
Josep-Maria Puigjaner - 17/12/2009 La Vanguardia
La Fundació Persona i Democràcia Joaquim Xicoy ha premiado a Miguel Herrero de Miñón "por su actitud hacia el hecho diferencial catalán y la consideración de los territorios históricos" del Estado. Ami entender, Herrero de Miñón es el único político español que ha constatado la existencia de diversas realidades nacionales en España, y el único que ha defendido la necesidad de respetar sus derechos originarios y inderogables y de alcanzar un consenso para hacerlos constitucionalmente viables. Herrero piensa que Catalunya debe regir libremente su vida interior y, al tiempo, participar plenamente en la dirección del Estado a partir de su naturaleza de nación. "No se trata - dice-de subsumir unas naciones sin Estado, calificables de históricas, culturales o lingüísticas, en el Estado de otra nación, sino de hacer a las distintas naciones copropietarias del Estado común". Ese es el planteamiento correcto para alcanzar el objetivo de un Estado auténticamente plurinacional.
Al terminar el acto de la fundación evoqué a Miguel Herrero el pésimo momento en que se encuentran las relaciones Catalunya-España, y el desinterés de los políticos de uno y otro lado para empezar a estudiar y debatir una nueva fórmula de Estado como la que él propone. Me resumió en dos frases su apreciación personal: "A mí no me hacen caso; y esa es la única vía posible". Entiendo que para él lo único que puede salvar la integridad territorial española es la estructuración plurinacional del Estado. Lástima que esa no sea la convicción de los gobiernos españoles.
La historia demuestra que España sólo acepta la concepción uninacional basada en la preponderancia del espíritu castellano yenel propósito de neutralizar las entidades colectivas de signo distinto al castellano. Y hoy volvemos a constatar que los políticos españoles, de la derecha a la izquierda, siguen manteniendo la tesis uninacional. No tienen conciencia de la evolución que, en el doble ámbito de las ideas y de los sentimientos, se ha producido en pocos años en Catalunya. En cinco décadas que llevo de observador de la relación España-Catalunya nunca había percibido el estado de ánimo adverso y crispado de una proporción elevada de catalanes respecto a su pertenencia a España. Y esa dinámica de alejamiento y rechazo va a aumentar y va a ser irreversible si no se produce en poco tiempo un cambio copernicano en la concepción del Estado.
Josep-Maria Puigjaner - 17/12/2009 La Vanguardia
La Fundació Persona i Democràcia Joaquim Xicoy ha premiado a Miguel Herrero de Miñón "por su actitud hacia el hecho diferencial catalán y la consideración de los territorios históricos" del Estado. Ami entender, Herrero de Miñón es el único político español que ha constatado la existencia de diversas realidades nacionales en España, y el único que ha defendido la necesidad de respetar sus derechos originarios y inderogables y de alcanzar un consenso para hacerlos constitucionalmente viables. Herrero piensa que Catalunya debe regir libremente su vida interior y, al tiempo, participar plenamente en la dirección del Estado a partir de su naturaleza de nación. "No se trata - dice-de subsumir unas naciones sin Estado, calificables de históricas, culturales o lingüísticas, en el Estado de otra nación, sino de hacer a las distintas naciones copropietarias del Estado común". Ese es el planteamiento correcto para alcanzar el objetivo de un Estado auténticamente plurinacional.
Al terminar el acto de la fundación evoqué a Miguel Herrero el pésimo momento en que se encuentran las relaciones Catalunya-España, y el desinterés de los políticos de uno y otro lado para empezar a estudiar y debatir una nueva fórmula de Estado como la que él propone. Me resumió en dos frases su apreciación personal: "A mí no me hacen caso; y esa es la única vía posible". Entiendo que para él lo único que puede salvar la integridad territorial española es la estructuración plurinacional del Estado. Lástima que esa no sea la convicción de los gobiernos españoles.
La historia demuestra que España sólo acepta la concepción uninacional basada en la preponderancia del espíritu castellano yenel propósito de neutralizar las entidades colectivas de signo distinto al castellano. Y hoy volvemos a constatar que los políticos españoles, de la derecha a la izquierda, siguen manteniendo la tesis uninacional. No tienen conciencia de la evolución que, en el doble ámbito de las ideas y de los sentimientos, se ha producido en pocos años en Catalunya. En cinco décadas que llevo de observador de la relación España-Catalunya nunca había percibido el estado de ánimo adverso y crispado de una proporción elevada de catalanes respecto a su pertenencia a España. Y esa dinámica de alejamiento y rechazo va a aumentar y va a ser irreversible si no se produce en poco tiempo un cambio copernicano en la concepción del Estado.
domingo, 13 de diciembre de 2009
LOS SIMBOLOS NACIONALES DE CATALUNYA
Sí es un problema de dignidad
JAVIER PÉREZ ROYO 12/12/2009 El Pais
Los símbolos nacionales de Cataluña no han sido definidos como tales por primera vez en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Cataluña. La definición de tales símbolos como nacionales se hizo con base en el Estatuto de Autonomía originario por parte del Parlamento de Cataluña, que en 1980 aprobó su primera ley para calificar al 11 de septiembre como día de la fiesta nacional de Cataluña y en 1993 aprobó la ley por la que se define Els Segadors como himno nacional. Ambas leyes fueron aprobadas por unanimidad. Desde el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz, que tuvo representación en el primer Parlamento, hasta el PP, con Alejo Vidal-Quadras como portavoz en el debate de 1993, no ha habido nadie que en ningún momento haya puesto en cuestión el calificativo de nacional para los símbolos de Cataluña.
Cataluña ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional
Tampoco fuera de Cataluña se ha puesto en cuestión dicha calificación. A ninguno de los órganos o fracciones de órganos que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo, se le ha pasado por la cabeza en estos casi 30 años que estas leyes catalanas debían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Quiere decirse, pues, que el nuevo Estatuto no está innovando el ordenamiento al calificar como nacionales los símbolos de Cataluña, sino que está simplemente recogiendo en el Estatuto lo que ya es derecho vigente en Cataluña desde casi su momento fundacional como comunidad autónoma.
Los interrogantes, e interrogantes con relevancia jurídica, se imponen. Si la calificación de nacionales de los símbolos de Cataluña mediante leyes aprobadas por el Parlamento no se ha considerado anticonstitucional, ¿por qué se considera que sí puede serlo cuando es el Estatuto el que hace tal calificación? Más argumentos hay a favor de que sea el Estatuto el que establezca tal calificación, que el que lo haga una ley sin expresa cobertura estatutaria.
De la respuesta que se dé a este interrogante derivan otros. El más importante el siguiente: ¿qué ocurre con toda la legislación aprobada por el Parlamento de Cataluña a lo largo de estos casi 30 años en la que utiliza el calificativo nacional para definir no sólo los símbolos, sino también diversas instituciones, como la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y un largo etcétera?
En principio, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad únicamente afecta a los preceptos expresamente impugnados, "así como aquellos otros de la misma ley... a los que deba extenderse por conexión o consecuencia" (art. 39.1). En teoría, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8 del Estatuto de Cataluña no tendría por qué extenderse a otras normas. Pero dado que el Estatuto es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico de Cataluña y que todas las leyes aprobadas por su Parlamento tienen que estar en conformidad con él, todas las leyes en las que figure el calificativo nacional respecto de símbolos o de instituciones de la comunidad autónoma pasarían a ser automáticamente anticonstitucionales.
Cataluña, los ciudadanos y los poderes públicos, ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional, recurriendo ante el Tribunal Constitucional cuando no estaba de acuerdo con una decisión del Estado y defendiéndose ante dicho tribunal cuando el Estado no estaba de acuerdo con alguna decisión suya y acatando siempre la decisión de dicho Tribunal. Jamás se le ha faltado el respeto al Constitucional desde Cataluña.
Ahora bien, en el ejercicio del derecho a la autonomía, los ciudadanos y los poderes públicos han hecho uso del término nacional para definir sus símbolos y referirse a sus instituciones más queridas y la utilización de ese calificativo esta indisolublemente unida al ejercicio del derecho. Así ha sido aceptado en España sin ningún reparo desde 1980. ¿Puede entender alguien que, al cabo de 30 años, se les diga a los ciudadanos y los poderes públicos de Cataluña que han hecho un ejercicio desviado del derecho a la autonomía por haber calificado a sus símbolos y a sus instituciones más queridas de la forma en que lo han hecho?
Claro que es la dignidad de Cataluña, su dignidad en el ejercicio del derecho que la Constitución le reconoce, la que se ve afectada en el recurso contra su Estatuto. Es toda su trayectoria de lealtad constitucional en el ejercicio del derecho a la autonomía la que se está poniendo en cuestión.
JAVIER PÉREZ ROYO 12/12/2009 El Pais
Los símbolos nacionales de Cataluña no han sido definidos como tales por primera vez en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Cataluña. La definición de tales símbolos como nacionales se hizo con base en el Estatuto de Autonomía originario por parte del Parlamento de Cataluña, que en 1980 aprobó su primera ley para calificar al 11 de septiembre como día de la fiesta nacional de Cataluña y en 1993 aprobó la ley por la que se define Els Segadors como himno nacional. Ambas leyes fueron aprobadas por unanimidad. Desde el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz, que tuvo representación en el primer Parlamento, hasta el PP, con Alejo Vidal-Quadras como portavoz en el debate de 1993, no ha habido nadie que en ningún momento haya puesto en cuestión el calificativo de nacional para los símbolos de Cataluña.
Cataluña ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional
Tampoco fuera de Cataluña se ha puesto en cuestión dicha calificación. A ninguno de los órganos o fracciones de órganos que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo, se le ha pasado por la cabeza en estos casi 30 años que estas leyes catalanas debían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Quiere decirse, pues, que el nuevo Estatuto no está innovando el ordenamiento al calificar como nacionales los símbolos de Cataluña, sino que está simplemente recogiendo en el Estatuto lo que ya es derecho vigente en Cataluña desde casi su momento fundacional como comunidad autónoma.
Los interrogantes, e interrogantes con relevancia jurídica, se imponen. Si la calificación de nacionales de los símbolos de Cataluña mediante leyes aprobadas por el Parlamento no se ha considerado anticonstitucional, ¿por qué se considera que sí puede serlo cuando es el Estatuto el que hace tal calificación? Más argumentos hay a favor de que sea el Estatuto el que establezca tal calificación, que el que lo haga una ley sin expresa cobertura estatutaria.
De la respuesta que se dé a este interrogante derivan otros. El más importante el siguiente: ¿qué ocurre con toda la legislación aprobada por el Parlamento de Cataluña a lo largo de estos casi 30 años en la que utiliza el calificativo nacional para definir no sólo los símbolos, sino también diversas instituciones, como la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y un largo etcétera?
En principio, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad únicamente afecta a los preceptos expresamente impugnados, "así como aquellos otros de la misma ley... a los que deba extenderse por conexión o consecuencia" (art. 39.1). En teoría, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8 del Estatuto de Cataluña no tendría por qué extenderse a otras normas. Pero dado que el Estatuto es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico de Cataluña y que todas las leyes aprobadas por su Parlamento tienen que estar en conformidad con él, todas las leyes en las que figure el calificativo nacional respecto de símbolos o de instituciones de la comunidad autónoma pasarían a ser automáticamente anticonstitucionales.
Cataluña, los ciudadanos y los poderes públicos, ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional, recurriendo ante el Tribunal Constitucional cuando no estaba de acuerdo con una decisión del Estado y defendiéndose ante dicho tribunal cuando el Estado no estaba de acuerdo con alguna decisión suya y acatando siempre la decisión de dicho Tribunal. Jamás se le ha faltado el respeto al Constitucional desde Cataluña.
Ahora bien, en el ejercicio del derecho a la autonomía, los ciudadanos y los poderes públicos han hecho uso del término nacional para definir sus símbolos y referirse a sus instituciones más queridas y la utilización de ese calificativo esta indisolublemente unida al ejercicio del derecho. Así ha sido aceptado en España sin ningún reparo desde 1980. ¿Puede entender alguien que, al cabo de 30 años, se les diga a los ciudadanos y los poderes públicos de Cataluña que han hecho un ejercicio desviado del derecho a la autonomía por haber calificado a sus símbolos y a sus instituciones más queridas de la forma en que lo han hecho?
Claro que es la dignidad de Cataluña, su dignidad en el ejercicio del derecho que la Constitución le reconoce, la que se ve afectada en el recurso contra su Estatuto. Es toda su trayectoria de lealtad constitucional en el ejercicio del derecho a la autonomía la que se está poniendo en cuestión.
lunes, 7 de diciembre de 2009
¿QUIEN DEFIENDE MEJOR LA CONSTITUCION?
Pilar Rahola contenta la pregunta del titulo en este articulo.
La Constitución en su día
Veníamos, decía Raimon, 'd'un silenci antic i molt llarg', y teníamos hambre de palabras catárticas
Pilar Rahola | 06/12/2009 |La Vang
Resulta una auténtica paradoja. Para muchos de los habitantes de las indómitas tierras de las periferias díscolas, la Constitución nació para cortarnos las alas. Y muchos, también, fuimos críticos con algunos de aquellos que, siendo catalanes, habían esquilado expectativas históricas, en la redacción de la Carta Magna. Eran tiempos de ruidos, miedos y caminadores inseguros por los pasos de la democracia. De la misma forma que la monarquía retornaba para asegurar la "unidad de España", la Constitución le ponía ley al mismo espíritu, y ambos sentaban las bases del Estado de derecho. Veníamos, como cantaba Raimon, d'un silenci antic i molt llarg, y estábamos hambrientos de palabras catárticas que nos liberaran de nuestros miedos y de nuestras luchas. En ese momento de hambruna bíblica, la Constitución ponía mordaza a los sueños, y reescribía algunas pesadillas. ¿Serviría para todos? ¿O sólo era la forma más legal y sutil de dejarlo todo atado?
Tantos años después, cabe reconocer que, con sus defectos, la Constitución ha estado muy por encima de la baja altura de sus cada día más restrictivos interpretadores. Es decir, es infinitamente mejor la Constitución que algunos de los que usan su nombre, para despreciar pueblos, atacar lenguas ymenoscabar la pluralidad de la vieja Sepharad. En nombre de la Constitución, unos han hecho cruzadas lingüísticas, otros han negado derechos ancestrales, y muchos la han usado como si fuera su coto de caza. Lo peor es la patrimonialización que se ha hecho de la Constitución desde determinado nacionalismo español que, incluso no habiendo estando en el principio de los tiempos allí donde debía estar… ahora la considera propiedad privada. No recordar la lealtad catalana que la hizo posible es traicionar su propio espíritu. Si me permiten la confesión, pues, nunca me habría imaginado que el agarre más liberal que tendríamos los catalanes en la defensa de nuestros intereses residiría en ese discutido texto. Porque, a partir de ahí, todo han sido recortes, interpretaciones cainitas y uso malintencionado de la ley de todos. Si, además, añadimos la trampa mortal de un tribunal que no nace del prestigio de sus miembros ni de su credibilidad por encima de avatares terrenales, sino del simple intercambio de cromos políticos, y que es reiteradamente usado como cuarta Cámara contra derechos territoriales, entonces la "liberalidad" constitucional se adelgaza por momentos. Hoy celebra su día, y el discurso buenista de los políticos adornará sus fastos. Pero es un día arrastrado por el suelo del escándalo. Muchos estarán en la fiesta oficial, pero ni son todos los que están ni están todos los que son. A la pregunta retórica me remito: ¿Quién defiende mejor su espíritu, las proclamas incendiarias de Rosa Díez, la campaña anticatalana de firmas del PP o el editorial de los diarios catalanes? Sobra respuesta.
La Constitución en su día
Veníamos, decía Raimon, 'd'un silenci antic i molt llarg', y teníamos hambre de palabras catárticas
Pilar Rahola | 06/12/2009 |La Vang
Resulta una auténtica paradoja. Para muchos de los habitantes de las indómitas tierras de las periferias díscolas, la Constitución nació para cortarnos las alas. Y muchos, también, fuimos críticos con algunos de aquellos que, siendo catalanes, habían esquilado expectativas históricas, en la redacción de la Carta Magna. Eran tiempos de ruidos, miedos y caminadores inseguros por los pasos de la democracia. De la misma forma que la monarquía retornaba para asegurar la "unidad de España", la Constitución le ponía ley al mismo espíritu, y ambos sentaban las bases del Estado de derecho. Veníamos, como cantaba Raimon, d'un silenci antic i molt llarg, y estábamos hambrientos de palabras catárticas que nos liberaran de nuestros miedos y de nuestras luchas. En ese momento de hambruna bíblica, la Constitución ponía mordaza a los sueños, y reescribía algunas pesadillas. ¿Serviría para todos? ¿O sólo era la forma más legal y sutil de dejarlo todo atado?
Tantos años después, cabe reconocer que, con sus defectos, la Constitución ha estado muy por encima de la baja altura de sus cada día más restrictivos interpretadores. Es decir, es infinitamente mejor la Constitución que algunos de los que usan su nombre, para despreciar pueblos, atacar lenguas ymenoscabar la pluralidad de la vieja Sepharad. En nombre de la Constitución, unos han hecho cruzadas lingüísticas, otros han negado derechos ancestrales, y muchos la han usado como si fuera su coto de caza. Lo peor es la patrimonialización que se ha hecho de la Constitución desde determinado nacionalismo español que, incluso no habiendo estando en el principio de los tiempos allí donde debía estar… ahora la considera propiedad privada. No recordar la lealtad catalana que la hizo posible es traicionar su propio espíritu. Si me permiten la confesión, pues, nunca me habría imaginado que el agarre más liberal que tendríamos los catalanes en la defensa de nuestros intereses residiría en ese discutido texto. Porque, a partir de ahí, todo han sido recortes, interpretaciones cainitas y uso malintencionado de la ley de todos. Si, además, añadimos la trampa mortal de un tribunal que no nace del prestigio de sus miembros ni de su credibilidad por encima de avatares terrenales, sino del simple intercambio de cromos políticos, y que es reiteradamente usado como cuarta Cámara contra derechos territoriales, entonces la "liberalidad" constitucional se adelgaza por momentos. Hoy celebra su día, y el discurso buenista de los políticos adornará sus fastos. Pero es un día arrastrado por el suelo del escándalo. Muchos estarán en la fiesta oficial, pero ni son todos los que están ni están todos los que son. A la pregunta retórica me remito: ¿Quién defiende mejor su espíritu, las proclamas incendiarias de Rosa Díez, la campaña anticatalana de firmas del PP o el editorial de los diarios catalanes? Sobra respuesta.
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