Antoni Matabosch en La Vanguardia el 6-12-09
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d´Autonomia de Catalunya está al caer y dictaminará sobre la definición de Catalunya como nación. Es un tema sobre el que se ha polemizado, sin profundizar ni discernir su significado. El pasado 12 de noviembre en la concesión del premio de honor Lluís Carulla en el Saló de Cent me referí a esta cuestión y deseo ahora divulgarlo desde esta tribuna.
El estado moderno, desde el siglo XVII, ha tendido a identificar nación y estado y ha caído en la tentación de desconocer e incluso de perseguir aquellas realidades históricas plurales que subsisten bajo la organización política de los estados. Pero la realidad es tozuda y desde hace más de un siglo las comunidades culturales tienden a afirmarse. De esta forma se inicia un proceso de clara distinción entre nación y estado.
La doctrina social de la Iglesia Católica desde hace muchos años ha enseñado que la nación está íntimamente ligada a la historia, la cultura, la lengua, la conciencia de pertenencia a un colectivo diferenciado. Estado está relacionado con el derecho y la política. Juan Pablo II en la Unesco (1980) dijo que "la nación es la gran comunidad de los hombres que están unidos por lazos diversos, pero sobre todo y precisamente por la cultura. La nación es por y para la cultura… Es aquella comunidad que posee una historia que supera la historia del individuo y la familia… Hay una soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la nación… Lo que digo aquí no es el eco de ningún nacionalismo,sino que se trata siempre de un elemento estable de la experiencia humana… ¿No hay en el mapa de Europa y del mundo, naciones que poseen una maravillosa soberanía histórica,nacida de su cultura y que, sin embargo, están privadas de su total soberanía?"
Más adelante estableció la relación entre nación y lengua: "La lengua constituye un lugar de sedimentación o de conservación, como si estuviera en un depósito secular, el rico y variado patrimonio cultural de la nación… En cierto sentido es la manifestación de su espíritu, lleva el sello de su genio, de sus sentimientos, de sus luchas, de sus aspiraciones".
Ante la Asamblea General de la ONU (1995) añadió un elemento más político: "La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) ha tratado de manera elocuente los derechos de las personas, pero no existe todavía un acuerdo internacional análogo que trate los derechos de las naciones en su conjunto. La naturaleza humana es histórica y por ello ligada a la familia, a otros grupos o comunidades, hasta llegar al grupo cultural que se suele designar, no en vano, con la palabra nación…Este fundamento antropológico sostiene los derechos de las naciones,que no son otra cosa que los derechos humanos considerados al nivel específico de la vida comunitaria". Entre los derechos de las naciones está el de existir, el de tener la propia lengua y cultura y "el de modelar la propia vida según las propias tradiciones".
De estos principios el papa Juan Pablo II dedujo que "el derecho fundamental a la existencia no supone necesariamente una soberanía estatal, ya que son posibles diversas formas de agregación jurídica entre diferentes naciones, como por ejemplo en los Estados federados, en las Confederaciones o en Estados con amplias autonomías".
sábado, 19 de diciembre de 2009
jueves, 17 de diciembre de 2009
¿SOLO QUEDA UN CAMINO?
SOLO QUEDA UN CAMINO
Josep-Maria Puigjaner - 17/12/2009 La Vanguardia
La Fundació Persona i Democràcia Joaquim Xicoy ha premiado a Miguel Herrero de Miñón "por su actitud hacia el hecho diferencial catalán y la consideración de los territorios históricos" del Estado. Ami entender, Herrero de Miñón es el único político español que ha constatado la existencia de diversas realidades nacionales en España, y el único que ha defendido la necesidad de respetar sus derechos originarios y inderogables y de alcanzar un consenso para hacerlos constitucionalmente viables. Herrero piensa que Catalunya debe regir libremente su vida interior y, al tiempo, participar plenamente en la dirección del Estado a partir de su naturaleza de nación. "No se trata - dice-de subsumir unas naciones sin Estado, calificables de históricas, culturales o lingüísticas, en el Estado de otra nación, sino de hacer a las distintas naciones copropietarias del Estado común". Ese es el planteamiento correcto para alcanzar el objetivo de un Estado auténticamente plurinacional.
Al terminar el acto de la fundación evoqué a Miguel Herrero el pésimo momento en que se encuentran las relaciones Catalunya-España, y el desinterés de los políticos de uno y otro lado para empezar a estudiar y debatir una nueva fórmula de Estado como la que él propone. Me resumió en dos frases su apreciación personal: "A mí no me hacen caso; y esa es la única vía posible". Entiendo que para él lo único que puede salvar la integridad territorial española es la estructuración plurinacional del Estado. Lástima que esa no sea la convicción de los gobiernos españoles.
La historia demuestra que España sólo acepta la concepción uninacional basada en la preponderancia del espíritu castellano yenel propósito de neutralizar las entidades colectivas de signo distinto al castellano. Y hoy volvemos a constatar que los políticos españoles, de la derecha a la izquierda, siguen manteniendo la tesis uninacional. No tienen conciencia de la evolución que, en el doble ámbito de las ideas y de los sentimientos, se ha producido en pocos años en Catalunya. En cinco décadas que llevo de observador de la relación España-Catalunya nunca había percibido el estado de ánimo adverso y crispado de una proporción elevada de catalanes respecto a su pertenencia a España. Y esa dinámica de alejamiento y rechazo va a aumentar y va a ser irreversible si no se produce en poco tiempo un cambio copernicano en la concepción del Estado.
Josep-Maria Puigjaner - 17/12/2009 La Vanguardia
La Fundació Persona i Democràcia Joaquim Xicoy ha premiado a Miguel Herrero de Miñón "por su actitud hacia el hecho diferencial catalán y la consideración de los territorios históricos" del Estado. Ami entender, Herrero de Miñón es el único político español que ha constatado la existencia de diversas realidades nacionales en España, y el único que ha defendido la necesidad de respetar sus derechos originarios y inderogables y de alcanzar un consenso para hacerlos constitucionalmente viables. Herrero piensa que Catalunya debe regir libremente su vida interior y, al tiempo, participar plenamente en la dirección del Estado a partir de su naturaleza de nación. "No se trata - dice-de subsumir unas naciones sin Estado, calificables de históricas, culturales o lingüísticas, en el Estado de otra nación, sino de hacer a las distintas naciones copropietarias del Estado común". Ese es el planteamiento correcto para alcanzar el objetivo de un Estado auténticamente plurinacional.
Al terminar el acto de la fundación evoqué a Miguel Herrero el pésimo momento en que se encuentran las relaciones Catalunya-España, y el desinterés de los políticos de uno y otro lado para empezar a estudiar y debatir una nueva fórmula de Estado como la que él propone. Me resumió en dos frases su apreciación personal: "A mí no me hacen caso; y esa es la única vía posible". Entiendo que para él lo único que puede salvar la integridad territorial española es la estructuración plurinacional del Estado. Lástima que esa no sea la convicción de los gobiernos españoles.
La historia demuestra que España sólo acepta la concepción uninacional basada en la preponderancia del espíritu castellano yenel propósito de neutralizar las entidades colectivas de signo distinto al castellano. Y hoy volvemos a constatar que los políticos españoles, de la derecha a la izquierda, siguen manteniendo la tesis uninacional. No tienen conciencia de la evolución que, en el doble ámbito de las ideas y de los sentimientos, se ha producido en pocos años en Catalunya. En cinco décadas que llevo de observador de la relación España-Catalunya nunca había percibido el estado de ánimo adverso y crispado de una proporción elevada de catalanes respecto a su pertenencia a España. Y esa dinámica de alejamiento y rechazo va a aumentar y va a ser irreversible si no se produce en poco tiempo un cambio copernicano en la concepción del Estado.
domingo, 13 de diciembre de 2009
LOS SIMBOLOS NACIONALES DE CATALUNYA
Sí es un problema de dignidad
JAVIER PÉREZ ROYO 12/12/2009 El Pais
Los símbolos nacionales de Cataluña no han sido definidos como tales por primera vez en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Cataluña. La definición de tales símbolos como nacionales se hizo con base en el Estatuto de Autonomía originario por parte del Parlamento de Cataluña, que en 1980 aprobó su primera ley para calificar al 11 de septiembre como día de la fiesta nacional de Cataluña y en 1993 aprobó la ley por la que se define Els Segadors como himno nacional. Ambas leyes fueron aprobadas por unanimidad. Desde el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz, que tuvo representación en el primer Parlamento, hasta el PP, con Alejo Vidal-Quadras como portavoz en el debate de 1993, no ha habido nadie que en ningún momento haya puesto en cuestión el calificativo de nacional para los símbolos de Cataluña.
Cataluña ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional
Tampoco fuera de Cataluña se ha puesto en cuestión dicha calificación. A ninguno de los órganos o fracciones de órganos que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo, se le ha pasado por la cabeza en estos casi 30 años que estas leyes catalanas debían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Quiere decirse, pues, que el nuevo Estatuto no está innovando el ordenamiento al calificar como nacionales los símbolos de Cataluña, sino que está simplemente recogiendo en el Estatuto lo que ya es derecho vigente en Cataluña desde casi su momento fundacional como comunidad autónoma.
Los interrogantes, e interrogantes con relevancia jurídica, se imponen. Si la calificación de nacionales de los símbolos de Cataluña mediante leyes aprobadas por el Parlamento no se ha considerado anticonstitucional, ¿por qué se considera que sí puede serlo cuando es el Estatuto el que hace tal calificación? Más argumentos hay a favor de que sea el Estatuto el que establezca tal calificación, que el que lo haga una ley sin expresa cobertura estatutaria.
De la respuesta que se dé a este interrogante derivan otros. El más importante el siguiente: ¿qué ocurre con toda la legislación aprobada por el Parlamento de Cataluña a lo largo de estos casi 30 años en la que utiliza el calificativo nacional para definir no sólo los símbolos, sino también diversas instituciones, como la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y un largo etcétera?
En principio, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad únicamente afecta a los preceptos expresamente impugnados, "así como aquellos otros de la misma ley... a los que deba extenderse por conexión o consecuencia" (art. 39.1). En teoría, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8 del Estatuto de Cataluña no tendría por qué extenderse a otras normas. Pero dado que el Estatuto es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico de Cataluña y que todas las leyes aprobadas por su Parlamento tienen que estar en conformidad con él, todas las leyes en las que figure el calificativo nacional respecto de símbolos o de instituciones de la comunidad autónoma pasarían a ser automáticamente anticonstitucionales.
Cataluña, los ciudadanos y los poderes públicos, ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional, recurriendo ante el Tribunal Constitucional cuando no estaba de acuerdo con una decisión del Estado y defendiéndose ante dicho tribunal cuando el Estado no estaba de acuerdo con alguna decisión suya y acatando siempre la decisión de dicho Tribunal. Jamás se le ha faltado el respeto al Constitucional desde Cataluña.
Ahora bien, en el ejercicio del derecho a la autonomía, los ciudadanos y los poderes públicos han hecho uso del término nacional para definir sus símbolos y referirse a sus instituciones más queridas y la utilización de ese calificativo esta indisolublemente unida al ejercicio del derecho. Así ha sido aceptado en España sin ningún reparo desde 1980. ¿Puede entender alguien que, al cabo de 30 años, se les diga a los ciudadanos y los poderes públicos de Cataluña que han hecho un ejercicio desviado del derecho a la autonomía por haber calificado a sus símbolos y a sus instituciones más queridas de la forma en que lo han hecho?
Claro que es la dignidad de Cataluña, su dignidad en el ejercicio del derecho que la Constitución le reconoce, la que se ve afectada en el recurso contra su Estatuto. Es toda su trayectoria de lealtad constitucional en el ejercicio del derecho a la autonomía la que se está poniendo en cuestión.
JAVIER PÉREZ ROYO 12/12/2009 El Pais
Los símbolos nacionales de Cataluña no han sido definidos como tales por primera vez en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Cataluña. La definición de tales símbolos como nacionales se hizo con base en el Estatuto de Autonomía originario por parte del Parlamento de Cataluña, que en 1980 aprobó su primera ley para calificar al 11 de septiembre como día de la fiesta nacional de Cataluña y en 1993 aprobó la ley por la que se define Els Segadors como himno nacional. Ambas leyes fueron aprobadas por unanimidad. Desde el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz, que tuvo representación en el primer Parlamento, hasta el PP, con Alejo Vidal-Quadras como portavoz en el debate de 1993, no ha habido nadie que en ningún momento haya puesto en cuestión el calificativo de nacional para los símbolos de Cataluña.
Cataluña ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional
Tampoco fuera de Cataluña se ha puesto en cuestión dicha calificación. A ninguno de los órganos o fracciones de órganos que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo, se le ha pasado por la cabeza en estos casi 30 años que estas leyes catalanas debían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Quiere decirse, pues, que el nuevo Estatuto no está innovando el ordenamiento al calificar como nacionales los símbolos de Cataluña, sino que está simplemente recogiendo en el Estatuto lo que ya es derecho vigente en Cataluña desde casi su momento fundacional como comunidad autónoma.
Los interrogantes, e interrogantes con relevancia jurídica, se imponen. Si la calificación de nacionales de los símbolos de Cataluña mediante leyes aprobadas por el Parlamento no se ha considerado anticonstitucional, ¿por qué se considera que sí puede serlo cuando es el Estatuto el que hace tal calificación? Más argumentos hay a favor de que sea el Estatuto el que establezca tal calificación, que el que lo haga una ley sin expresa cobertura estatutaria.
De la respuesta que se dé a este interrogante derivan otros. El más importante el siguiente: ¿qué ocurre con toda la legislación aprobada por el Parlamento de Cataluña a lo largo de estos casi 30 años en la que utiliza el calificativo nacional para definir no sólo los símbolos, sino también diversas instituciones, como la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y un largo etcétera?
En principio, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad únicamente afecta a los preceptos expresamente impugnados, "así como aquellos otros de la misma ley... a los que deba extenderse por conexión o consecuencia" (art. 39.1). En teoría, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8 del Estatuto de Cataluña no tendría por qué extenderse a otras normas. Pero dado que el Estatuto es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico de Cataluña y que todas las leyes aprobadas por su Parlamento tienen que estar en conformidad con él, todas las leyes en las que figure el calificativo nacional respecto de símbolos o de instituciones de la comunidad autónoma pasarían a ser automáticamente anticonstitucionales.
Cataluña, los ciudadanos y los poderes públicos, ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional, recurriendo ante el Tribunal Constitucional cuando no estaba de acuerdo con una decisión del Estado y defendiéndose ante dicho tribunal cuando el Estado no estaba de acuerdo con alguna decisión suya y acatando siempre la decisión de dicho Tribunal. Jamás se le ha faltado el respeto al Constitucional desde Cataluña.
Ahora bien, en el ejercicio del derecho a la autonomía, los ciudadanos y los poderes públicos han hecho uso del término nacional para definir sus símbolos y referirse a sus instituciones más queridas y la utilización de ese calificativo esta indisolublemente unida al ejercicio del derecho. Así ha sido aceptado en España sin ningún reparo desde 1980. ¿Puede entender alguien que, al cabo de 30 años, se les diga a los ciudadanos y los poderes públicos de Cataluña que han hecho un ejercicio desviado del derecho a la autonomía por haber calificado a sus símbolos y a sus instituciones más queridas de la forma en que lo han hecho?
Claro que es la dignidad de Cataluña, su dignidad en el ejercicio del derecho que la Constitución le reconoce, la que se ve afectada en el recurso contra su Estatuto. Es toda su trayectoria de lealtad constitucional en el ejercicio del derecho a la autonomía la que se está poniendo en cuestión.
lunes, 7 de diciembre de 2009
¿QUIEN DEFIENDE MEJOR LA CONSTITUCION?
Pilar Rahola contenta la pregunta del titulo en este articulo.
La Constitución en su día
Veníamos, decía Raimon, 'd'un silenci antic i molt llarg', y teníamos hambre de palabras catárticas
Pilar Rahola | 06/12/2009 |La Vang
Resulta una auténtica paradoja. Para muchos de los habitantes de las indómitas tierras de las periferias díscolas, la Constitución nació para cortarnos las alas. Y muchos, también, fuimos críticos con algunos de aquellos que, siendo catalanes, habían esquilado expectativas históricas, en la redacción de la Carta Magna. Eran tiempos de ruidos, miedos y caminadores inseguros por los pasos de la democracia. De la misma forma que la monarquía retornaba para asegurar la "unidad de España", la Constitución le ponía ley al mismo espíritu, y ambos sentaban las bases del Estado de derecho. Veníamos, como cantaba Raimon, d'un silenci antic i molt llarg, y estábamos hambrientos de palabras catárticas que nos liberaran de nuestros miedos y de nuestras luchas. En ese momento de hambruna bíblica, la Constitución ponía mordaza a los sueños, y reescribía algunas pesadillas. ¿Serviría para todos? ¿O sólo era la forma más legal y sutil de dejarlo todo atado?
Tantos años después, cabe reconocer que, con sus defectos, la Constitución ha estado muy por encima de la baja altura de sus cada día más restrictivos interpretadores. Es decir, es infinitamente mejor la Constitución que algunos de los que usan su nombre, para despreciar pueblos, atacar lenguas ymenoscabar la pluralidad de la vieja Sepharad. En nombre de la Constitución, unos han hecho cruzadas lingüísticas, otros han negado derechos ancestrales, y muchos la han usado como si fuera su coto de caza. Lo peor es la patrimonialización que se ha hecho de la Constitución desde determinado nacionalismo español que, incluso no habiendo estando en el principio de los tiempos allí donde debía estar… ahora la considera propiedad privada. No recordar la lealtad catalana que la hizo posible es traicionar su propio espíritu. Si me permiten la confesión, pues, nunca me habría imaginado que el agarre más liberal que tendríamos los catalanes en la defensa de nuestros intereses residiría en ese discutido texto. Porque, a partir de ahí, todo han sido recortes, interpretaciones cainitas y uso malintencionado de la ley de todos. Si, además, añadimos la trampa mortal de un tribunal que no nace del prestigio de sus miembros ni de su credibilidad por encima de avatares terrenales, sino del simple intercambio de cromos políticos, y que es reiteradamente usado como cuarta Cámara contra derechos territoriales, entonces la "liberalidad" constitucional se adelgaza por momentos. Hoy celebra su día, y el discurso buenista de los políticos adornará sus fastos. Pero es un día arrastrado por el suelo del escándalo. Muchos estarán en la fiesta oficial, pero ni son todos los que están ni están todos los que son. A la pregunta retórica me remito: ¿Quién defiende mejor su espíritu, las proclamas incendiarias de Rosa Díez, la campaña anticatalana de firmas del PP o el editorial de los diarios catalanes? Sobra respuesta.
La Constitución en su día
Veníamos, decía Raimon, 'd'un silenci antic i molt llarg', y teníamos hambre de palabras catárticas
Pilar Rahola | 06/12/2009 |La Vang
Resulta una auténtica paradoja. Para muchos de los habitantes de las indómitas tierras de las periferias díscolas, la Constitución nació para cortarnos las alas. Y muchos, también, fuimos críticos con algunos de aquellos que, siendo catalanes, habían esquilado expectativas históricas, en la redacción de la Carta Magna. Eran tiempos de ruidos, miedos y caminadores inseguros por los pasos de la democracia. De la misma forma que la monarquía retornaba para asegurar la "unidad de España", la Constitución le ponía ley al mismo espíritu, y ambos sentaban las bases del Estado de derecho. Veníamos, como cantaba Raimon, d'un silenci antic i molt llarg, y estábamos hambrientos de palabras catárticas que nos liberaran de nuestros miedos y de nuestras luchas. En ese momento de hambruna bíblica, la Constitución ponía mordaza a los sueños, y reescribía algunas pesadillas. ¿Serviría para todos? ¿O sólo era la forma más legal y sutil de dejarlo todo atado?
Tantos años después, cabe reconocer que, con sus defectos, la Constitución ha estado muy por encima de la baja altura de sus cada día más restrictivos interpretadores. Es decir, es infinitamente mejor la Constitución que algunos de los que usan su nombre, para despreciar pueblos, atacar lenguas ymenoscabar la pluralidad de la vieja Sepharad. En nombre de la Constitución, unos han hecho cruzadas lingüísticas, otros han negado derechos ancestrales, y muchos la han usado como si fuera su coto de caza. Lo peor es la patrimonialización que se ha hecho de la Constitución desde determinado nacionalismo español que, incluso no habiendo estando en el principio de los tiempos allí donde debía estar… ahora la considera propiedad privada. No recordar la lealtad catalana que la hizo posible es traicionar su propio espíritu. Si me permiten la confesión, pues, nunca me habría imaginado que el agarre más liberal que tendríamos los catalanes en la defensa de nuestros intereses residiría en ese discutido texto. Porque, a partir de ahí, todo han sido recortes, interpretaciones cainitas y uso malintencionado de la ley de todos. Si, además, añadimos la trampa mortal de un tribunal que no nace del prestigio de sus miembros ni de su credibilidad por encima de avatares terrenales, sino del simple intercambio de cromos políticos, y que es reiteradamente usado como cuarta Cámara contra derechos territoriales, entonces la "liberalidad" constitucional se adelgaza por momentos. Hoy celebra su día, y el discurso buenista de los políticos adornará sus fastos. Pero es un día arrastrado por el suelo del escándalo. Muchos estarán en la fiesta oficial, pero ni son todos los que están ni están todos los que son. A la pregunta retórica me remito: ¿Quién defiende mejor su espíritu, las proclamas incendiarias de Rosa Díez, la campaña anticatalana de firmas del PP o el editorial de los diarios catalanes? Sobra respuesta.
domingo, 29 de noviembre de 2009
CATALUNYA, LA DEMOCRÁTICA
CUADERNO DE MADRID
No, no hemos chocado con España; hemos colisionado con el macizo de la raza y la olla exprés madrileña
Enric Juliana | 29/11/2009 | Actualizada a las 03:31h | Política
Tras intensas pesquisas, el comisario Arcadi Espada ha llegado a la conclusión de que el editorial titulado "La dignidad de Catalunya" fue redactado por El Notari y L´Emprenyat.
Así lo reportaba ayer el diario El Mundo. Casi a la misma hora, la cadena Ser atribuía al conseller Joaquim Nadal - es decir, a los aviesos despachos de la política - la inspiración del texto que tantos furores esta semana ha levantado. (Frío, frío).
Mientras nuestro inquieto Maigret y la Ser se ponen de acuerdo sobre la hora, el lugar y el grado de culpabilidad de los sospechosos, L´Emprenyat (un servidor) y el Notari (Juan José López Burniol) preparan el hatillo - ¿Soto del Real?-,porque hay que dar la cara. El texto tiene autor (los doce diarios que lo publicaron), y lógicamente ha tenido quien lo esboce. Son las cuatro de la madrugada, el foco nos ciega, hemos agotado los cigarrillos y el hábil interrogatorio nos recuerda no sé qué artículo del Código Penal. Confesamos. ¿Dónde hay que firmar, comisario Creix?
Burniol es buen amigo, un gran profesional y una persona íntegra. A mí ya me conocen. Un día, creo que en el 2003, acuñé lo del català emprenyat, y el personaje comenzó a ir de aquí para allá como una pelota de goma. Intentaba describir - antes del advenimiento del primer tripartito-el surgimiento en Catalunya de un malestar persistente, muy parecido al crónico disagio que hace veinte años inundó el valle del Po, en el norte de Italia. Desde entonces el català emprenyat no ha dejado de perseguirme, y el comisario ahora melo endosa con unas gotas de vitriolo. Gazielet me llama. Imagínense, todo un honor para un chico criado entre la playa y la térmica del Besòs. Los del Pont del Petroli sabemos leer lo que hay detrás de un agudo resentimiento.
A los hechos, que decía Ortega. La furibunda reacción de una parte de la prensa de Madrid ha engrandecido un editorial que no amenaza a nadie. ¿Acaso es una coacción recordar a los jueces que los pactos políticos deben ser tenidos en cuenta y que la prudencia es la máxima virtud jurídica? Agigantado por sus detractores - muchas gracias-,el texto, que evidentemente no rehuye la eficacia retórica, invita a levantar la cabeza y recuerda al equilibrista José Luis Rodríguez Zapatero que con el asunto del Estatut no hay escaqueo posible. Quien prometió tanto en Barcelona no puede poner las luces intermitentes cuando vienen mal dadas. Quizá tenía que haber leído primero La velada en Benicarló de Manuel Azaña, editada y prologada en 1974 y el 2005 por Manuel Aragón, el magistrado progresista al que le duele España. El verso suelto del Tribunal Constitucional es azañista: no jacobino. El Estatut depende ahora de su voto y del eco del presidente que no pudo evitar la Guerra Civil. El peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Los catalanes lo sabemos bien.
Hay un hartazgo. Ni una, ni dos, ni tres dosis de George Lakoff modificarán el marco mental de la gran mayoría de los catalanes sobre este asunto. No somos la simple reserva electoral del nordeste. La disyuntiva o Yo (Zapatero) o Barrabás (el PP) se está agotando en Catalunya, aunque la España iracunda se esfuerce en evitarlo.
A los hechos. Mariano Rajoy no se ha sumado al cortejo de los furiosos y ayer se lo recriminaban. En Aragón y en la Comunitat Valenciana, el sismógrafo apenas se ha movido. Calma en el resto de España. Es preciso tener estos días una noción clara del alcance de la colisión. Hemos chocado con el macizo de la raza, que decía Dionisio Ridruejo, y con el epifenómeno madrileño: esos cuatro diarios que compiten nerviosamente por su público más radical. El centro secuestrado por la extrema derecha.
Los entusiasmos también deben ser leídos con cautela. Son significativos, pero volátiles. Lo más importante es que Catalunya ha vuelto a demostrar estos días que es una de las sociedades más democráticas - más horizontales-de España. Es así y no hay por qué callarlo. Seis partidos en el Parlament, como en Holanda, un asociacionismo que aún es intenso, la ausencia de grandísimas oligarquías económicas, una Iglesia católica no autoritaria y una tradición mesocrática que configura un sistema específico, con idioma propio. Catalunya es democrática y no está enferma, por muchos que sean los problemas, los millets y las desafecciones.
No, no hay que callarse. Por lo tanto, Espada, gracias por la delación.
No, no hemos chocado con España; hemos colisionado con el macizo de la raza y la olla exprés madrileña
Enric Juliana | 29/11/2009 | Actualizada a las 03:31h | Política
Tras intensas pesquisas, el comisario Arcadi Espada ha llegado a la conclusión de que el editorial titulado "La dignidad de Catalunya" fue redactado por El Notari y L´Emprenyat.
Así lo reportaba ayer el diario El Mundo. Casi a la misma hora, la cadena Ser atribuía al conseller Joaquim Nadal - es decir, a los aviesos despachos de la política - la inspiración del texto que tantos furores esta semana ha levantado. (Frío, frío).
Mientras nuestro inquieto Maigret y la Ser se ponen de acuerdo sobre la hora, el lugar y el grado de culpabilidad de los sospechosos, L´Emprenyat (un servidor) y el Notari (Juan José López Burniol) preparan el hatillo - ¿Soto del Real?-,porque hay que dar la cara. El texto tiene autor (los doce diarios que lo publicaron), y lógicamente ha tenido quien lo esboce. Son las cuatro de la madrugada, el foco nos ciega, hemos agotado los cigarrillos y el hábil interrogatorio nos recuerda no sé qué artículo del Código Penal. Confesamos. ¿Dónde hay que firmar, comisario Creix?
Burniol es buen amigo, un gran profesional y una persona íntegra. A mí ya me conocen. Un día, creo que en el 2003, acuñé lo del català emprenyat, y el personaje comenzó a ir de aquí para allá como una pelota de goma. Intentaba describir - antes del advenimiento del primer tripartito-el surgimiento en Catalunya de un malestar persistente, muy parecido al crónico disagio que hace veinte años inundó el valle del Po, en el norte de Italia. Desde entonces el català emprenyat no ha dejado de perseguirme, y el comisario ahora melo endosa con unas gotas de vitriolo. Gazielet me llama. Imagínense, todo un honor para un chico criado entre la playa y la térmica del Besòs. Los del Pont del Petroli sabemos leer lo que hay detrás de un agudo resentimiento.
A los hechos, que decía Ortega. La furibunda reacción de una parte de la prensa de Madrid ha engrandecido un editorial que no amenaza a nadie. ¿Acaso es una coacción recordar a los jueces que los pactos políticos deben ser tenidos en cuenta y que la prudencia es la máxima virtud jurídica? Agigantado por sus detractores - muchas gracias-,el texto, que evidentemente no rehuye la eficacia retórica, invita a levantar la cabeza y recuerda al equilibrista José Luis Rodríguez Zapatero que con el asunto del Estatut no hay escaqueo posible. Quien prometió tanto en Barcelona no puede poner las luces intermitentes cuando vienen mal dadas. Quizá tenía que haber leído primero La velada en Benicarló de Manuel Azaña, editada y prologada en 1974 y el 2005 por Manuel Aragón, el magistrado progresista al que le duele España. El verso suelto del Tribunal Constitucional es azañista: no jacobino. El Estatut depende ahora de su voto y del eco del presidente que no pudo evitar la Guerra Civil. El peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Los catalanes lo sabemos bien.
Hay un hartazgo. Ni una, ni dos, ni tres dosis de George Lakoff modificarán el marco mental de la gran mayoría de los catalanes sobre este asunto. No somos la simple reserva electoral del nordeste. La disyuntiva o Yo (Zapatero) o Barrabás (el PP) se está agotando en Catalunya, aunque la España iracunda se esfuerce en evitarlo.
A los hechos. Mariano Rajoy no se ha sumado al cortejo de los furiosos y ayer se lo recriminaban. En Aragón y en la Comunitat Valenciana, el sismógrafo apenas se ha movido. Calma en el resto de España. Es preciso tener estos días una noción clara del alcance de la colisión. Hemos chocado con el macizo de la raza, que decía Dionisio Ridruejo, y con el epifenómeno madrileño: esos cuatro diarios que compiten nerviosamente por su público más radical. El centro secuestrado por la extrema derecha.
Los entusiasmos también deben ser leídos con cautela. Son significativos, pero volátiles. Lo más importante es que Catalunya ha vuelto a demostrar estos días que es una de las sociedades más democráticas - más horizontales-de España. Es así y no hay por qué callarlo. Seis partidos en el Parlament, como en Holanda, un asociacionismo que aún es intenso, la ausencia de grandísimas oligarquías económicas, una Iglesia católica no autoritaria y una tradición mesocrática que configura un sistema específico, con idioma propio. Catalunya es democrática y no está enferma, por muchos que sean los problemas, los millets y las desafecciones.
No, no hay que callarse. Por lo tanto, Espada, gracias por la delación.
sábado, 28 de noviembre de 2009
UN POCO DE MEMORIA
Una voz autorizada en en El País
JAVIER PÉREZ ROYO 28/11/2009
El Estado autonómico se ha construido mediante enfrentamientos muy profundos que se acabaron canalizando a través de pactos de naturaleza política negociados de buena fe, que, en ningún momento sacralizaron el texto constitucional y lo convirtieron en un obstáculo para alcanzar un acuerdo.
El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán
Tras la entrada en vigor de la Constitución y la celebración de las primeras elecciones constitucionales en la primavera de 1979, el Gobierno de Suárez puso en marcha el proceso de construcción del Estado autonómico, negociando con suma rapidez con País Vasco y Cataluña, cuyos Estatutos quedaron aprobados en noviembre y pudieron ser sometidos inmediatamente a referéndum. Hasta aquí no hubo ningún problema de constitucionalidad en el modo de proceder. A partir de este momento hubo varios.
El primero en Galicia. De manera, en mi opinión, no constitucional, el proyecto de Estatuto de Galicia que se aprobó en diciembre de 1979 rebajaba de manera considerable el derecho a la autonomía recogido por los Estatutos vasco y catalán. Nada había ni hay en la Constitución que justificara esa rebaja, ya que la norma fundamental se refiere, sin diferenciar, a los territorios que "en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía" y, por tanto, la diferenciación carecía de cobertura constitucional.
A este proceder anticonstitucional se anudó otro segundo: en lugar de someter el texto a referéndum de manera inmediata, como se había hecho con los textos de País Vasco y Cataluña, el gallego, ante el temor de que los ciudadanos dijeran que no en el referéndum de ratificación, se dejó sine die en el congelador. También sin cobertura constitucional.
El segundo, en Andalucía. Tras la decisión del Comité Ejecutivo de UCD, en enero de 1980, de que todas las demás regiones accederían a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, tuvo que convocarse en Andalucía el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica que prevé el artículo 151.1 CE, referéndum que se celebró el 28 de febrero de 1980 y que se ganó políticamente, pero se perdió jurídicamente, ya que la Constitución exigía la mayoría absoluta del censo electoral en cada una de las provincias y no en el conjunto de todas ellas y en Almería faltó un puñado de votos para esa mayoría.
Jurídicamente, Andalucía no hubiera podido constituirse en autonomía por la vía del artículo 151 CE. Políticamente, era imposible que no se constituyera por esa vía. La tensión entre legalidad y legitimidad se resolvió mediante los Pactos Autonómicos de 1981, que modificaron la Ley Orgánica de distintas modalidades de referéndum, de manera claramente anticonstitucional, para encajar el resultado del referéndum andaluz, y mediante la aprobación de una ley orgánica con base en el artículo 144 CE, para sustituir la iniciativa autonómica de Almería. Se aprovechó la ocasión para equiparar el Estatuto de Galicia al de Cataluña y País Vasco y poderlo someter a referéndum, además de para fijar el mapa autonómico y establecer el calendario de acceso a la autonomía de todas las demás regiones.
Las dudas de constitucionalidad que hubo en los procesos estatuyentes originarios por los cuales se inició la construcción del Estado autonómico, fueron muy superiores a las que se han podido suscitar con las reformas de los Estatutos. Si UCD se hubiera cerrado a cualquier posibilidad de pacto y hubiera considerado que era un tema que había que residenciar ante el Constitucional, nos hubiéramos metido en un callejón sin salida, que posiblemente habría condenado al fracaso a la Constitución en su integridad.
Un Estado políticamente descentralizado únicamente puede construirse con pactos políticos negociados de buena fe. Y la negociación de buena fe presupone que cada partido participa en ella con la representación que los ciudadanos le han dado. El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán y andaluz de la misma manera que participó en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, y no retirarse de la negociación porque no tenía mayoría y confiar en que, después, a través del Constitucional podría anularla. El Constitucional no puede resolver un problema de esta naturaleza. El Constitucional puede decidir si es constitucional o no un artículo de una determinada ley, estatal o autonómica, pero no puede decidir sobre una norma de naturaleza constitucional, que supone la plasmación del pacto de inserción de la parte en el todo, en este caso, de Cataluña en España.
JAVIER PÉREZ ROYO 28/11/2009
El Estado autonómico se ha construido mediante enfrentamientos muy profundos que se acabaron canalizando a través de pactos de naturaleza política negociados de buena fe, que, en ningún momento sacralizaron el texto constitucional y lo convirtieron en un obstáculo para alcanzar un acuerdo.
El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán
Tras la entrada en vigor de la Constitución y la celebración de las primeras elecciones constitucionales en la primavera de 1979, el Gobierno de Suárez puso en marcha el proceso de construcción del Estado autonómico, negociando con suma rapidez con País Vasco y Cataluña, cuyos Estatutos quedaron aprobados en noviembre y pudieron ser sometidos inmediatamente a referéndum. Hasta aquí no hubo ningún problema de constitucionalidad en el modo de proceder. A partir de este momento hubo varios.
El primero en Galicia. De manera, en mi opinión, no constitucional, el proyecto de Estatuto de Galicia que se aprobó en diciembre de 1979 rebajaba de manera considerable el derecho a la autonomía recogido por los Estatutos vasco y catalán. Nada había ni hay en la Constitución que justificara esa rebaja, ya que la norma fundamental se refiere, sin diferenciar, a los territorios que "en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía" y, por tanto, la diferenciación carecía de cobertura constitucional.
A este proceder anticonstitucional se anudó otro segundo: en lugar de someter el texto a referéndum de manera inmediata, como se había hecho con los textos de País Vasco y Cataluña, el gallego, ante el temor de que los ciudadanos dijeran que no en el referéndum de ratificación, se dejó sine die en el congelador. También sin cobertura constitucional.
El segundo, en Andalucía. Tras la decisión del Comité Ejecutivo de UCD, en enero de 1980, de que todas las demás regiones accederían a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, tuvo que convocarse en Andalucía el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica que prevé el artículo 151.1 CE, referéndum que se celebró el 28 de febrero de 1980 y que se ganó políticamente, pero se perdió jurídicamente, ya que la Constitución exigía la mayoría absoluta del censo electoral en cada una de las provincias y no en el conjunto de todas ellas y en Almería faltó un puñado de votos para esa mayoría.
Jurídicamente, Andalucía no hubiera podido constituirse en autonomía por la vía del artículo 151 CE. Políticamente, era imposible que no se constituyera por esa vía. La tensión entre legalidad y legitimidad se resolvió mediante los Pactos Autonómicos de 1981, que modificaron la Ley Orgánica de distintas modalidades de referéndum, de manera claramente anticonstitucional, para encajar el resultado del referéndum andaluz, y mediante la aprobación de una ley orgánica con base en el artículo 144 CE, para sustituir la iniciativa autonómica de Almería. Se aprovechó la ocasión para equiparar el Estatuto de Galicia al de Cataluña y País Vasco y poderlo someter a referéndum, además de para fijar el mapa autonómico y establecer el calendario de acceso a la autonomía de todas las demás regiones.
Las dudas de constitucionalidad que hubo en los procesos estatuyentes originarios por los cuales se inició la construcción del Estado autonómico, fueron muy superiores a las que se han podido suscitar con las reformas de los Estatutos. Si UCD se hubiera cerrado a cualquier posibilidad de pacto y hubiera considerado que era un tema que había que residenciar ante el Constitucional, nos hubiéramos metido en un callejón sin salida, que posiblemente habría condenado al fracaso a la Constitución en su integridad.
Un Estado políticamente descentralizado únicamente puede construirse con pactos políticos negociados de buena fe. Y la negociación de buena fe presupone que cada partido participa en ella con la representación que los ciudadanos le han dado. El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán y andaluz de la misma manera que participó en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, y no retirarse de la negociación porque no tenía mayoría y confiar en que, después, a través del Constitucional podría anularla. El Constitucional no puede resolver un problema de esta naturaleza. El Constitucional puede decidir si es constitucional o no un artículo de una determinada ley, estatal o autonómica, pero no puede decidir sobre una norma de naturaleza constitucional, que supone la plasmación del pacto de inserción de la parte en el todo, en este caso, de Cataluña en España.
Y que dice "EL MUNDO" ?
FERRER MOLINA
Viernes, 27 de noviembre de 2009.- La campaña en contra del Constitucional (que no contra la sentencia sobre el Estatuto, que no existe) y las amenazas de que su pronunciamiento quebrará la convivencia en Cataluña y las relaciones entre esta comunidad y el resto de España, no por alarmistas deberían influir en su trabajo.
En el caso de que, cuando se haga público el fallo, éste fuera mayoritariamente considerado negativo en Cataluña, como se dice, sólo podrían ocurrir dos cosas. Que la sociedad catalana aceptara con normalidad democrática la sentencia aun no compartiéndola (que sería lo lógico y deseable) o que, como vaticina su clase política, se creara una situación insostenible entre la Generalitat y el resto del Estado.
Ninguna de ambas hipótesis debería alterar el pulso de los magistrados. En el caso de que se diera el segundo supuesto, no sería desde luego al Alto Tribunal al que hubiera que pedir cuentas. Su trabajo es el de valorar la constitucionalidad de las leyes, no el de ponderar cómo reaccionarán o dejarán de hacerlo los afectados.
Una de las ventajas de vivir en democracia es que están perfectamente previstos los mecanismos para superar los problemas que genera la convivencia. Si la sociedad catalana ansía mayores cotas de autonomía está legitimada para solicitarlas, pero debe hacerlo por los cauces apropiados. Lo que no puede pretender es conseguirlas a costa de retorcer la Constitución. Eso sería un fraude.
Si los ciudadanos de Cataluña quieren que su comunidad se titule nación, si quieren tener derechos y deberes distintos a los del resto de españoles, quieren tener un Poder Judicial propio, quieren que la Generalitat mantenga con el Estado una relación bilateral y quieren que ésta desarrolle su propia política internacional, sólo por citar algunos ejemplos contemplados en el Estatuto, están en su derecho, pero para lograrlo quizás (a ver qué dice el Tribunal) tengan que cambiar antes la Constitución. Y hay mecanismos para hacerlo.
Lo que no es correcto es que se trate de romper el tablero o cambiar las reglas del juego cuando éstas no combienen a los intereses de una de las partes.
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Treballa a la Generalitat
Viernes, 27 de noviembre de 2009.- La campaña en contra del Constitucional (que no contra la sentencia sobre el Estatuto, que no existe) y las amenazas de que su pronunciamiento quebrará la convivencia en Cataluña y las relaciones entre esta comunidad y el resto de España, no por alarmistas deberían influir en su trabajo.
En el caso de que, cuando se haga público el fallo, éste fuera mayoritariamente considerado negativo en Cataluña, como se dice, sólo podrían ocurrir dos cosas. Que la sociedad catalana aceptara con normalidad democrática la sentencia aun no compartiéndola (que sería lo lógico y deseable) o que, como vaticina su clase política, se creara una situación insostenible entre la Generalitat y el resto del Estado.
Ninguna de ambas hipótesis debería alterar el pulso de los magistrados. En el caso de que se diera el segundo supuesto, no sería desde luego al Alto Tribunal al que hubiera que pedir cuentas. Su trabajo es el de valorar la constitucionalidad de las leyes, no el de ponderar cómo reaccionarán o dejarán de hacerlo los afectados.
Una de las ventajas de vivir en democracia es que están perfectamente previstos los mecanismos para superar los problemas que genera la convivencia. Si la sociedad catalana ansía mayores cotas de autonomía está legitimada para solicitarlas, pero debe hacerlo por los cauces apropiados. Lo que no puede pretender es conseguirlas a costa de retorcer la Constitución. Eso sería un fraude.
Si los ciudadanos de Cataluña quieren que su comunidad se titule nación, si quieren tener derechos y deberes distintos a los del resto de españoles, quieren tener un Poder Judicial propio, quieren que la Generalitat mantenga con el Estado una relación bilateral y quieren que ésta desarrolle su propia política internacional, sólo por citar algunos ejemplos contemplados en el Estatuto, están en su derecho, pero para lograrlo quizás (a ver qué dice el Tribunal) tengan que cambiar antes la Constitución. Y hay mecanismos para hacerlo.
Lo que no es correcto es que se trate de romper el tablero o cambiar las reglas del juego cuando éstas no combienen a los intereses de una de las partes.
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Treballa a la Generalitat
EL RESPETO
Acritud e insultos en la prensa de Madrid; un nerviosismo que refuerza el "inaudito editorial"
Enric Juliana | 28/11/2009 | Política
Quizá el problema principal no sea el de la eterna tensión entre uniformismo y diversidad, entre centro y periferia, entre unitaristas y federales, o entre nacionalistas de distinto signo. Quizá el más incorregible defecto de España sea el de la falta de respeto. Esa alma agreste que nunca descansa.
Alud de adhesiones al editorial conjunto en defensa del Estatut
La sociedad catalana no cesa en su apoyo al editorial pro Estatut
-------------------------------------------------------------------------------
Hay un vacío. Hay un defecto ancestral, apenas paliado por el aprendizaje de los buenos modales. Es un problema de fondo más que de forma. Hay en España una sustantiva falta de respeto.
La obligada respuesta de la prensa de Madrid al editorial conjunto de doce diarios catalanes sobre el Estatut y el Tribunal Constitucional confirmó ayer que el respeto, ese mecanismo de contención que te hace reflexionar unos segundos antes de apretar el botón de los insultos, sigue en horas bajas en la capital radial de las Españas. Madrid, esa gran ciudad en la que cuatro periódicos –¡cuatro!– compiten fieramente por la tutela intelectual del centroderecha. (¿Centroderecha? Bueno, con matices. Ese gran contenedor electoral al que solemos llamar centroderecha, más de un día merecería ser descrito como el centro secuestrado por la extrema derecha).
"Nazis", "cínicos", "vendidos", "sectarios", "falsarios", "rancios", "zarzueleros"... son algunos de los epítetos vertidos en las últimas cuarenta y ocho horas por algunos de los más destacados medios de comunicación capitalinos y sus satélites sobre la "inaudita iniciativa" de la prensa catalana. Ladran, luego cabalgamos, podríamos escribir embozados en el dicho. Pero no ladran. No es este nuestro estilo. No ladran; hablan y escriben. No ladran; opinan. Y dicen las cosas de tal forma que al menos tres veces al día el respeto se lo pasan por el forro. Y les gusta que sea así. Y les gusta exhibirse así.
Son cosas de Quevedo, dirá el abogado defensor. La tradición de Quevedo, sí: "Son los catalanes el ladrón de tres manos, que para robar en las iglesias, hincado de rodillas, juntaba con la izquierda otra de palo, y en tanto que viéndole puestas las dos manos, le juzgaban devoto, robaba con la derecha (...) Son los catalanes aborto monstruoso de la política. Libres con señor; por esto el conde de Barcelona no es dignidad, sino vocábulo y voz desnuda". (La rebelión de Barcelona).
¿Una pulsión irremediable? Mi amigo portugués Gabriel Magalhães me lo descifraba ayer, con desarmante simplicidad, en un mensaje remitido desde la Beira Interior, ese rincón de Portugal que linda con Salamanca y Zamora: "El problema de Madrid es que es una ciudad en la que hay que ir al grano: casi todo consiste en ir al grano. Cada uno a su grano".
El grano del diario Abc era ayer mejor que el de El Mundo. Más trabajado, más elaborado, más sinceramente preocupado por la deriva de España. Lástima de la falta de respeto en algunos pliegues de su densa argumentación. Elegante semblanza de Ignacio Camacho sobre el juez Manuel Aragón, el magistrado clave de la sentencia. El Mundo, sin embargo, nos defraudó. Esperábamos más. Editorial deshilachado y falto de brío. Leña sin estilo.
¿Ladran? No, pero cabalgamos. El nerviosismo competitivo de las derechas madrileñas afianzó ayer el inaudito editorial en el centro del debate político español.
(Y el señor Jorge de Esteban, presidente del consejo editorial de El Mundo, invoca el Código Penal: de uno a dos años de cárcel por presunta intimidación al Tribunal Constitucional. Ya nos vemos en Soto del Real. ¿Esposados y con los enseres en una bolsa de basura?)
Enric Juliana | 28/11/2009 | Política
Quizá el problema principal no sea el de la eterna tensión entre uniformismo y diversidad, entre centro y periferia, entre unitaristas y federales, o entre nacionalistas de distinto signo. Quizá el más incorregible defecto de España sea el de la falta de respeto. Esa alma agreste que nunca descansa.
Alud de adhesiones al editorial conjunto en defensa del Estatut
La sociedad catalana no cesa en su apoyo al editorial pro Estatut
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Hay un vacío. Hay un defecto ancestral, apenas paliado por el aprendizaje de los buenos modales. Es un problema de fondo más que de forma. Hay en España una sustantiva falta de respeto.
La obligada respuesta de la prensa de Madrid al editorial conjunto de doce diarios catalanes sobre el Estatut y el Tribunal Constitucional confirmó ayer que el respeto, ese mecanismo de contención que te hace reflexionar unos segundos antes de apretar el botón de los insultos, sigue en horas bajas en la capital radial de las Españas. Madrid, esa gran ciudad en la que cuatro periódicos –¡cuatro!– compiten fieramente por la tutela intelectual del centroderecha. (¿Centroderecha? Bueno, con matices. Ese gran contenedor electoral al que solemos llamar centroderecha, más de un día merecería ser descrito como el centro secuestrado por la extrema derecha).
"Nazis", "cínicos", "vendidos", "sectarios", "falsarios", "rancios", "zarzueleros"... son algunos de los epítetos vertidos en las últimas cuarenta y ocho horas por algunos de los más destacados medios de comunicación capitalinos y sus satélites sobre la "inaudita iniciativa" de la prensa catalana. Ladran, luego cabalgamos, podríamos escribir embozados en el dicho. Pero no ladran. No es este nuestro estilo. No ladran; hablan y escriben. No ladran; opinan. Y dicen las cosas de tal forma que al menos tres veces al día el respeto se lo pasan por el forro. Y les gusta que sea así. Y les gusta exhibirse así.
Son cosas de Quevedo, dirá el abogado defensor. La tradición de Quevedo, sí: "Son los catalanes el ladrón de tres manos, que para robar en las iglesias, hincado de rodillas, juntaba con la izquierda otra de palo, y en tanto que viéndole puestas las dos manos, le juzgaban devoto, robaba con la derecha (...) Son los catalanes aborto monstruoso de la política. Libres con señor; por esto el conde de Barcelona no es dignidad, sino vocábulo y voz desnuda". (La rebelión de Barcelona).
¿Una pulsión irremediable? Mi amigo portugués Gabriel Magalhães me lo descifraba ayer, con desarmante simplicidad, en un mensaje remitido desde la Beira Interior, ese rincón de Portugal que linda con Salamanca y Zamora: "El problema de Madrid es que es una ciudad en la que hay que ir al grano: casi todo consiste en ir al grano. Cada uno a su grano".
El grano del diario Abc era ayer mejor que el de El Mundo. Más trabajado, más elaborado, más sinceramente preocupado por la deriva de España. Lástima de la falta de respeto en algunos pliegues de su densa argumentación. Elegante semblanza de Ignacio Camacho sobre el juez Manuel Aragón, el magistrado clave de la sentencia. El Mundo, sin embargo, nos defraudó. Esperábamos más. Editorial deshilachado y falto de brío. Leña sin estilo.
¿Ladran? No, pero cabalgamos. El nerviosismo competitivo de las derechas madrileñas afianzó ayer el inaudito editorial en el centro del debate político español.
(Y el señor Jorge de Esteban, presidente del consejo editorial de El Mundo, invoca el Código Penal: de uno a dos años de cárcel por presunta intimidación al Tribunal Constitucional. Ya nos vemos en Soto del Real. ¿Esposados y con los enseres en una bolsa de basura?)
LE RESACA DEL DIA SIGUIENTE
Pilar Rahola La Vanguardia 28-11-09
¿Nos creemos la unidad catalana? El balón está ahora en el campo político, ¿defraudarán como siempre?
Una de las señas de Catalunya es el estilo San Bernardo que nos caracteriza. Pareceremos poderosos y nuestro ladrido resuena allende las montañas, pero somos gente de calma ancestral, muy dada a la bondad del pacto. Probablemente esta naturaleza profunda, que representa una virtud de nuestra historia, ha sido vista, también históricamente, como una debilidad. Además, los siglos sin poder de Estado nos han empequeñecido el alma, y han rebajado nuestro sentido estratégico. Más provincianos y más dispersos, los catalanes no hemos sabido aprovechar los momentos de deshielo político, para consolidar una soberanía presentable. Nuestra inteligencia estratégica lo tiene todo por envidiar, a la inteligencia vasca. Si añadimos, finalmente, la tendencia cainita que adorna nuestro ADN, y que nos ha llevado a una incapacidad endémica para mostrar una cara unitaria en nuestras reivindicaciones, tenemos el retrato preciso de nuestra debilidad como nación. Y ellos lo saben. Los que durante los siglos de toma y daca entre la España irredenta y la Catalunya protestona llevaron las riendas de las grandes negociaciones, conocían perfectamente nuestro carácter diletante y supieron ahondar en nuestras fracturas internas. Unamuno lo definió con desdén al decir que a los catalanes les perdía la estética, y Ortega y Gasset añadió que España no debía preocuparse demasiado, porque el problema catalán no se resolvía, se "conllevaba".
Y de eso se trata en España, de no preocuparse más de la cuenta. Mirando con lupa las reacciones castizas al editorial catalán, vemos algo significativo. Por supuesto, mucho grito, mucha declaración pidiendo la cabeza de Jovellanos - ¿será que a la España irredenta siempre le da por perseguir a los afrancesados?-,mucha Brunete ideológica campando por los micrófonos del madroño. Y, por supuesto, una delirante defensa de la "unidad de España", como si el pobre Estatut fuera la Constitución de la República Catalana. Pero perdido entre el ruido, laten los puñales más certeros: la idea de que este editorial no cambiará nada, porque Catalunya no asusta, ni tan solo cuando hace algo tan insólito como ir a una. El Mundo ya lo dejaba ayer claro cuando afirmaba que en el Constitucional ni hablaron del tema. ¿Por qué? Porque no se creen la unidad catalana.
La cuestión es ¿nos la creemos nosotros? Y con nosotros, me refiero al ámbito político. Si no ocurre nada en lo político, y nuestros líderes no son capaces de emular la unidad de periódicos y sociedad civil, eternamente enfrascados en sus batallitas de café, entonces la debilidad será definitiva. Porque este editorial es buenísimo, si sirve como catalizador de voluntades. Si es la enésima muestra de un fracaso, resultará un desastre. El balón está, ahora, en el campo político. ¿Defraudarán como siempre?
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¿Nos creemos la unidad catalana? El balón está ahora en el campo político, ¿defraudarán como siempre?
Una de las señas de Catalunya es el estilo San Bernardo que nos caracteriza. Pareceremos poderosos y nuestro ladrido resuena allende las montañas, pero somos gente de calma ancestral, muy dada a la bondad del pacto. Probablemente esta naturaleza profunda, que representa una virtud de nuestra historia, ha sido vista, también históricamente, como una debilidad. Además, los siglos sin poder de Estado nos han empequeñecido el alma, y han rebajado nuestro sentido estratégico. Más provincianos y más dispersos, los catalanes no hemos sabido aprovechar los momentos de deshielo político, para consolidar una soberanía presentable. Nuestra inteligencia estratégica lo tiene todo por envidiar, a la inteligencia vasca. Si añadimos, finalmente, la tendencia cainita que adorna nuestro ADN, y que nos ha llevado a una incapacidad endémica para mostrar una cara unitaria en nuestras reivindicaciones, tenemos el retrato preciso de nuestra debilidad como nación. Y ellos lo saben. Los que durante los siglos de toma y daca entre la España irredenta y la Catalunya protestona llevaron las riendas de las grandes negociaciones, conocían perfectamente nuestro carácter diletante y supieron ahondar en nuestras fracturas internas. Unamuno lo definió con desdén al decir que a los catalanes les perdía la estética, y Ortega y Gasset añadió que España no debía preocuparse demasiado, porque el problema catalán no se resolvía, se "conllevaba".
Y de eso se trata en España, de no preocuparse más de la cuenta. Mirando con lupa las reacciones castizas al editorial catalán, vemos algo significativo. Por supuesto, mucho grito, mucha declaración pidiendo la cabeza de Jovellanos - ¿será que a la España irredenta siempre le da por perseguir a los afrancesados?-,mucha Brunete ideológica campando por los micrófonos del madroño. Y, por supuesto, una delirante defensa de la "unidad de España", como si el pobre Estatut fuera la Constitución de la República Catalana. Pero perdido entre el ruido, laten los puñales más certeros: la idea de que este editorial no cambiará nada, porque Catalunya no asusta, ni tan solo cuando hace algo tan insólito como ir a una. El Mundo ya lo dejaba ayer claro cuando afirmaba que en el Constitucional ni hablaron del tema. ¿Por qué? Porque no se creen la unidad catalana.
La cuestión es ¿nos la creemos nosotros? Y con nosotros, me refiero al ámbito político. Si no ocurre nada en lo político, y nuestros líderes no son capaces de emular la unidad de periódicos y sociedad civil, eternamente enfrascados en sus batallitas de café, entonces la debilidad será definitiva. Porque este editorial es buenísimo, si sirve como catalizador de voluntades. Si es la enésima muestra de un fracaso, resultará un desastre. El balón está, ahora, en el campo político. ¿Defraudarán como siempre?
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viernes, 27 de noviembre de 2009
O CID O ESTATUT
LA CUESTION CATALANA
Antoni Puigverd
La segunda transición de Aznar podría culminar con sus ideas convertidas en ley de leyes
Durante el proceso del Estatut, muchos criticamos la instrumentalización que los partidos catalanistas hacían de un objetivo estratégico razonable (un mayor poder económico y político para Catalunya). Pujaron alegremente por el santo Grial de la catalanidad ignorando con insensata alegría las consecuencias de la lógica que estaban impulsando. "Se han situado a la altura del betún", escribí entonces. Despertaron a un dragón, pero Sant Jordi no estaba ahí para ayudarles. Enric Juliana, más sutil, usó la metáfora de "la Brigada Pomorska": el episodio tan bello como patético de unos lanceros polacos enfrentándose con sus caballos a los carros alemanes de combate. Incluso en este grave presente, Jordi Pujol y Francesc de Carreras, tan distintos, siguen hurgando en estos fallos. Pero la crítica al proceso estatutario no puede deslindarse del contexto en el que arrancó: la segunda legislatura de Aznar.
Aprovechando el clima emotivo y ético de la defensa de las víctimas de ETA, Aznar impulsó con su característico desprecio de la flexibilidad una "segunda transición". Renacionalizar España y acotar las posibilidades que el pacto constitucional de los años setenta otorgaba a Catalunya y al País Vasco. Paralelamente, la intelectualidad española, de la mano de Fernando Savater, evolucionaba hacia la pura visión de una España a la francesa. Aznar y los poderosos medios que lo acompañaban contaron (y jugaron) con el vaso comunicante de Carod y su ERC. Nunca habría subido tanto ERC, si en lugar de tensar, Aznar hubiera profundizado en el legado de la transición, como siguen recomendando, casi sin voz, Fraga o Herrero de Miñón. Rodríguez Zapatero instrumentalizó ya antes de llegar al poder la excitada corriente catalana. Y ahora la abandona a la suerte de unos jueces. Unos jueces condicionados, no por el editorial de un día, sino por los medios que reclaman a todas horas la segunda transición: idéntico traje para todos y que acabe la broma de la España plural.
Frivolidad, cabezonería, tacticismo, especulación ideológica y patriotera han estado muy repartidos en esta historia (triste como todas las de España). Lo que ahora está en juego no es la culpa de unos políticos o la letra de un Estatut. Está en juego incluso algo más que la dignidad de Catalunya: la dignidad de la Constitución, ambigua por naturaleza, gracias a los miedos y generosidades de aquellos años setenta en los que todos actuamos con pies de plomo para no repetir las tragedias de España. Toda sentencia crea jurisprudencia. Una interpretación restrictiva de la Constitución, una sentencia inspirada en la legítima pero parcial visión de Aznar, sería como la victoria póstuma del Cid. Aznar ganaba en buena lid, pero la democracia podía refutarlo. Si los jueces convirtieran sus ideas en letra de la ley, su victoria sería definitiva. Y el sentido de la Constitución de 1978 se rompería en mil pedazos.
lA vANGUARDIA 27-11-09
Antoni Puigverd
La segunda transición de Aznar podría culminar con sus ideas convertidas en ley de leyes
Durante el proceso del Estatut, muchos criticamos la instrumentalización que los partidos catalanistas hacían de un objetivo estratégico razonable (un mayor poder económico y político para Catalunya). Pujaron alegremente por el santo Grial de la catalanidad ignorando con insensata alegría las consecuencias de la lógica que estaban impulsando. "Se han situado a la altura del betún", escribí entonces. Despertaron a un dragón, pero Sant Jordi no estaba ahí para ayudarles. Enric Juliana, más sutil, usó la metáfora de "la Brigada Pomorska": el episodio tan bello como patético de unos lanceros polacos enfrentándose con sus caballos a los carros alemanes de combate. Incluso en este grave presente, Jordi Pujol y Francesc de Carreras, tan distintos, siguen hurgando en estos fallos. Pero la crítica al proceso estatutario no puede deslindarse del contexto en el que arrancó: la segunda legislatura de Aznar.
Aprovechando el clima emotivo y ético de la defensa de las víctimas de ETA, Aznar impulsó con su característico desprecio de la flexibilidad una "segunda transición". Renacionalizar España y acotar las posibilidades que el pacto constitucional de los años setenta otorgaba a Catalunya y al País Vasco. Paralelamente, la intelectualidad española, de la mano de Fernando Savater, evolucionaba hacia la pura visión de una España a la francesa. Aznar y los poderosos medios que lo acompañaban contaron (y jugaron) con el vaso comunicante de Carod y su ERC. Nunca habría subido tanto ERC, si en lugar de tensar, Aznar hubiera profundizado en el legado de la transición, como siguen recomendando, casi sin voz, Fraga o Herrero de Miñón. Rodríguez Zapatero instrumentalizó ya antes de llegar al poder la excitada corriente catalana. Y ahora la abandona a la suerte de unos jueces. Unos jueces condicionados, no por el editorial de un día, sino por los medios que reclaman a todas horas la segunda transición: idéntico traje para todos y que acabe la broma de la España plural.
Frivolidad, cabezonería, tacticismo, especulación ideológica y patriotera han estado muy repartidos en esta historia (triste como todas las de España). Lo que ahora está en juego no es la culpa de unos políticos o la letra de un Estatut. Está en juego incluso algo más que la dignidad de Catalunya: la dignidad de la Constitución, ambigua por naturaleza, gracias a los miedos y generosidades de aquellos años setenta en los que todos actuamos con pies de plomo para no repetir las tragedias de España. Toda sentencia crea jurisprudencia. Una interpretación restrictiva de la Constitución, una sentencia inspirada en la legítima pero parcial visión de Aznar, sería como la victoria póstuma del Cid. Aznar ganaba en buena lid, pero la democracia podía refutarlo. Si los jueces convirtieran sus ideas en letra de la ley, su victoria sería definitiva. Y el sentido de la Constitución de 1978 se rompería en mil pedazos.
lA vANGUARDIA 27-11-09
EL PARLAMENTO DE PAPEL
Enric Juliana La Vanguardia 27-11-09
Zapatero se mueve, ahora, para evitar una sentencia-desastre; y Rajoy no disimula su incomodidad
Desde los furores de noviembre del 2005, aquel otoño en que el Estatut se electrocutó y Endesa - "antes alemana que catalana"-se politizó, el aire no vibraba tanto en Madrid.
En el número 25 de la avenida de San Luis, sede del diario El Mundo,mandaron parar máquinas de madrugada para insertar en primera página un suelto sobre el "insólito editorial" de los doce diarios catalanes. Un suelto con pinturas de guerra: "Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio". Para hoy prometen más leña y nos vamos a divertir.
Al filo del alba, los almuecines radiofónicos despertaban con tambores de alarma al español que ha venido a este mundo para que una de las dos Españas le hiele el corazón: ¡"Intolerable coacción al Tribunal Constitucional!". El gran Losantos, ahora al frente de una nave pirata, bramaba no sé qué sobre los "nazis catalanes". Bajo una tenue llovizna, el aire vibraba como aquel tenso otoño del 2005, cuando en el Caprabo de al lado de la redacción madrileña de La Vanguardia unos constitucionalistas pintaron: "No entrar, son catalanes". Sí, ayer fue uno de esos días en que el ambiente político madrileño sólo se puede explicar de la siguiente manera a los lectores de Barcelona: imagínense que antes de salir de casa se tragan un buen sorbo de Licor del Polo. Ese ardor, ese furor, ese ímpetu... Esa desfachatez.
A Ana Pastor, amable presentadora de Los desayunos de TVE, quizá la traicionó el subconsciente, pero a las nueve y media de la mañana me hizo la pregunta más sincera y desarmante de la jornada: "¿No han tenido ustedes miedo de las reacciones que podía suscitar este editorial?". Miedo. He ahí la clave de tantas cosas en el laberinto español.
En el Congreso, las ministras socialistas sonreían ante el primer triunfo de Bibiana Aído en la tramitación de la ley del aborto. A los socialistas les ha dado últimamente por sonreír a todas horas. El domingo pasado montaron un número increíble en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid: los ministros desfilando risueños sobre una alfombra roja, recién salidos del amargo secuestro del Alakrana.Es el mal americano.
De la misma manera que el aznarismo se emborrachó con las teorías neoconservadoras, el zapaterismo se está intoxicando con las simplezas propagandísticas del demócrata George Lakoff. Los marcos mentales. Las sonrisitas banales. Lakoff será la tumba del PSOE.
El presidente manifestaba al mediodía su "respeto" por el editorial. Zapatero, que hace diez días hizo llegar la Mota Negra a Montilla - "Estatut, si te he visto no me acuerdo"-,se está moviendo ahora para evitar que la sentencia desemboque en un gran desastre. Necesita los votos de Catalunya y ojalá pudiese obtenerlos quirúrgicamente separados del alma sindicada de los catalanes. Aún no se ha inventado la máquina capaz de obrar ese milagro.
Mariano Rajoy necesita lo mismo. Ayer estaba incómodo. No quiso hacer declaraciones y delegó en Esteban González Pons, que es hábil en el manejo de las maldades de tamaño medio. Pons acusó a los diarios catalanes de "uniformismo". pero no se atrevió a llamarles "vendidos", como por la tarde hicieron en la Cope reformada.
Así transcurrió la jornada más nerviosa del otoño madrileño. Entre trago y trago de Licor del Polo, viendo revivir el parlamento de papel. La prensa tomando la palabra. Aquel parlamento de papel de los años setenta que Jaume Arias lleva semanas advirtiendo que vuelve, que regresa.
Zapatero se mueve, ahora, para evitar una sentencia-desastre; y Rajoy no disimula su incomodidad
Desde los furores de noviembre del 2005, aquel otoño en que el Estatut se electrocutó y Endesa - "antes alemana que catalana"-se politizó, el aire no vibraba tanto en Madrid.
En el número 25 de la avenida de San Luis, sede del diario El Mundo,mandaron parar máquinas de madrugada para insertar en primera página un suelto sobre el "insólito editorial" de los doce diarios catalanes. Un suelto con pinturas de guerra: "Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio". Para hoy prometen más leña y nos vamos a divertir.
Al filo del alba, los almuecines radiofónicos despertaban con tambores de alarma al español que ha venido a este mundo para que una de las dos Españas le hiele el corazón: ¡"Intolerable coacción al Tribunal Constitucional!". El gran Losantos, ahora al frente de una nave pirata, bramaba no sé qué sobre los "nazis catalanes". Bajo una tenue llovizna, el aire vibraba como aquel tenso otoño del 2005, cuando en el Caprabo de al lado de la redacción madrileña de La Vanguardia unos constitucionalistas pintaron: "No entrar, son catalanes". Sí, ayer fue uno de esos días en que el ambiente político madrileño sólo se puede explicar de la siguiente manera a los lectores de Barcelona: imagínense que antes de salir de casa se tragan un buen sorbo de Licor del Polo. Ese ardor, ese furor, ese ímpetu... Esa desfachatez.
A Ana Pastor, amable presentadora de Los desayunos de TVE, quizá la traicionó el subconsciente, pero a las nueve y media de la mañana me hizo la pregunta más sincera y desarmante de la jornada: "¿No han tenido ustedes miedo de las reacciones que podía suscitar este editorial?". Miedo. He ahí la clave de tantas cosas en el laberinto español.
En el Congreso, las ministras socialistas sonreían ante el primer triunfo de Bibiana Aído en la tramitación de la ley del aborto. A los socialistas les ha dado últimamente por sonreír a todas horas. El domingo pasado montaron un número increíble en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid: los ministros desfilando risueños sobre una alfombra roja, recién salidos del amargo secuestro del Alakrana.Es el mal americano.
De la misma manera que el aznarismo se emborrachó con las teorías neoconservadoras, el zapaterismo se está intoxicando con las simplezas propagandísticas del demócrata George Lakoff. Los marcos mentales. Las sonrisitas banales. Lakoff será la tumba del PSOE.
El presidente manifestaba al mediodía su "respeto" por el editorial. Zapatero, que hace diez días hizo llegar la Mota Negra a Montilla - "Estatut, si te he visto no me acuerdo"-,se está moviendo ahora para evitar que la sentencia desemboque en un gran desastre. Necesita los votos de Catalunya y ojalá pudiese obtenerlos quirúrgicamente separados del alma sindicada de los catalanes. Aún no se ha inventado la máquina capaz de obrar ese milagro.
Mariano Rajoy necesita lo mismo. Ayer estaba incómodo. No quiso hacer declaraciones y delegó en Esteban González Pons, que es hábil en el manejo de las maldades de tamaño medio. Pons acusó a los diarios catalanes de "uniformismo". pero no se atrevió a llamarles "vendidos", como por la tarde hicieron en la Cope reformada.
Así transcurrió la jornada más nerviosa del otoño madrileño. Entre trago y trago de Licor del Polo, viendo revivir el parlamento de papel. La prensa tomando la palabra. Aquel parlamento de papel de los años setenta que Jaume Arias lleva semanas advirtiendo que vuelve, que regresa.
martes, 24 de noviembre de 2009
¿Lealtad?
Miquel Roca Junyent - 24/11/2009
Si PSOE y PP han de ponerse de acuerdo, que lo hagan. Si no, que no apelen a la lealtad constitucional que no respetan
Todos hablan de lealtad constitucional, pero pocos la practican. Una de las más elementales obligaciones de las instituciones es la de asumir la responsabilidad que la propia Constitución les otorga. Si el Congreso de los Diputados o el Senado tienen atribuida la función de proponer al Rey la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben hacerlo. No pueden excusarse en las dificultades que tienen los partidos mayoritarios para ponerse de acuerdo en las personas idóneas para ocupar aquellos cargos. Esta excusa, pura y simplemente, no vale.
Si el PSOE y el PP tienen que ponerse de acuerdo, que lo hagan. En caso contrario, que no apelen por nunca jamás a la lealtad constitucional que ellos no respetan. La exigencia de una mayoría cualificada para designar a los candidatos responde a la voluntad de los constituyentes de que las fuerzas parlamentarias tuvieran que alcanzar un acuerdo por consenso. Yno lo han hecho; en este caso, el consenso es, precisamente, la excusa de su incumplimiento constitucional. Si lo hicieran siempre así, en todas las obligaciones que la Constitución les atribuye, estaríamos en precario: sin gobierno y sin leyes.
Cuatro magistrados del TC hace dos años que deben ser renovados. Incluso un magistrado ha fallecido y hoy el tribunal no está compuesto por los doce vocales que marca la Constitución, sino por once. Al no cumplir con su obligación constitucional, PP y PSOE imponen un funcionamiento anómalo de una institución tan relevante como el Tribunal Constitucional. Si los constituyentes dijeron doce, era por algo; ahora, por voluntad de PP y PSOE, sólo son once, rompiendo el equilibrio institucional que se quería establecer.
Hay quien incumple programas electorales. Pero la Constitución es mucho más; es el contrato que obliga a todos los responsables políticos a su estricto cumplimiento. Y quien debe elegir, debe hacerlo; y quien debe proponer, debe hacerlo. Sin excusas, ni complicidades. La inhibición es una forma de deslealtad. Y así se colabora a deslegitimar instituciones que deberían funcionar e integrarse como y cuando la Constitución señala.
Si unos filtran y otros pasan, ¿dónde está la lealtad?
Si PSOE y PP han de ponerse de acuerdo, que lo hagan. Si no, que no apelen a la lealtad constitucional que no respetan
Todos hablan de lealtad constitucional, pero pocos la practican. Una de las más elementales obligaciones de las instituciones es la de asumir la responsabilidad que la propia Constitución les otorga. Si el Congreso de los Diputados o el Senado tienen atribuida la función de proponer al Rey la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben hacerlo. No pueden excusarse en las dificultades que tienen los partidos mayoritarios para ponerse de acuerdo en las personas idóneas para ocupar aquellos cargos. Esta excusa, pura y simplemente, no vale.
Si el PSOE y el PP tienen que ponerse de acuerdo, que lo hagan. En caso contrario, que no apelen por nunca jamás a la lealtad constitucional que ellos no respetan. La exigencia de una mayoría cualificada para designar a los candidatos responde a la voluntad de los constituyentes de que las fuerzas parlamentarias tuvieran que alcanzar un acuerdo por consenso. Yno lo han hecho; en este caso, el consenso es, precisamente, la excusa de su incumplimiento constitucional. Si lo hicieran siempre así, en todas las obligaciones que la Constitución les atribuye, estaríamos en precario: sin gobierno y sin leyes.
Cuatro magistrados del TC hace dos años que deben ser renovados. Incluso un magistrado ha fallecido y hoy el tribunal no está compuesto por los doce vocales que marca la Constitución, sino por once. Al no cumplir con su obligación constitucional, PP y PSOE imponen un funcionamiento anómalo de una institución tan relevante como el Tribunal Constitucional. Si los constituyentes dijeron doce, era por algo; ahora, por voluntad de PP y PSOE, sólo son once, rompiendo el equilibrio institucional que se quería establecer.
Hay quien incumple programas electorales. Pero la Constitución es mucho más; es el contrato que obliga a todos los responsables políticos a su estricto cumplimiento. Y quien debe elegir, debe hacerlo; y quien debe proponer, debe hacerlo. Sin excusas, ni complicidades. La inhibición es una forma de deslealtad. Y así se colabora a deslegitimar instituciones que deberían funcionar e integrarse como y cuando la Constitución señala.
Si unos filtran y otros pasan, ¿dónde está la lealtad?
TC ¿UN TRIBUNAL CONTAMINADO?
Bolívar en el TC
En la España recosida a golpes de Constitución, había más separadores que separatistas
Pilar Rahola La Vang 24-11-09
Recuerdo que era una metáfora muy usada en la época del pujolismo. Ciertamente, Jordi Pujol era un presidente de notables ambivalencias. Cuando pacía alegremente por las montañas de Queralbs, era capaz de gritar el "desperta ferro" y declarar la independencia de Catalunya. Pero cuando se chutaba una dosis de pragmatismo y bajaba a los madriles, se mostraba encantado de recibir el premio de "español del año" de las manos del catalanista Abc. ¿Bismarck o Bolívar?, se preguntaba la canallesca, admirada de la bipolaridad ideológica del líder nacionalista. Esa ambigüedad cósmica, decían los plumillas de la época, era una de sus grandezas políticas. Lo cierto, sin embargo, dicho a favor de Pujol, es que el president se movía por las aguas de la turbulencia española, dotado de una notable inteligencia para sortear los muchos acantilados que la transición había dejado al descubierto. Sobre todo porque en la España recosida a golpes de Constitución, había muchos más separadores que separatistas, y la necesidad de mantener el relato catalán dentro de la épica española necesitaba de gramáticas pardas. Y Pujol siempre fue pardo. Sin embargo, e incluso a pesar de los nubarrones, aquellas épocas no pusieron en duda algunos aspectos básicos para el consenso de la transición: que Catalunya era una nación y que sus símbolos fundamentales eran, en consecuencia, tan nacionales como la nación que representaban. Otra cosa –y no era cosa menor– era que la Constitución respirara esa idea acuñada por Peces Barba y Roca Junyent de que España era "nación de naciones", y que explicitara, sin ninguna duda, que era indisoluble. Es decir, y pese a los críticos momentos en que fue escrita, la Constitución negaba el derecho a la autodeterminación, pero no el espíritu "nacional" de algunas de las naciones que conformaban España. Sin duda, también los constituyentes sabían gramática parda.
Tantas décadas después, este espíritu parece a punto de finiquitarse, en manos de un Constitucional en caída libre, con el prestigio a ras de infierno, politizado hasta el delirio, con cuatro magistrados expirados desde el 2007 e incluso con un fallecido, Roberto García-Calvo, que no ha sido sustituido. Las resoluciones que pueda tomar este tribunal están tan contaminadas por su falta de credibilidad y por su apestoso tufo político, que sólo tiene una salida digna, la dimisión, tal como ya apuntaron líderes tan dispares como Artur Mas o Joan Saura. Lejos de ello, parece que se empecina en resolver la patata caliente del Estatut, y, según todos los augures, la resolverá mal. Si se confirman, pues, las negras previsiones, este Constitucional habrá hecho algo extraordinario: siendo el garante de la "unidad de España", se habrá convertido en la mayor apología española de la separación. Llevan la piel de Bismarck, pero son Bolívar en estado puro.
En la España recosida a golpes de Constitución, había más separadores que separatistas
Pilar Rahola La Vang 24-11-09
Recuerdo que era una metáfora muy usada en la época del pujolismo. Ciertamente, Jordi Pujol era un presidente de notables ambivalencias. Cuando pacía alegremente por las montañas de Queralbs, era capaz de gritar el "desperta ferro" y declarar la independencia de Catalunya. Pero cuando se chutaba una dosis de pragmatismo y bajaba a los madriles, se mostraba encantado de recibir el premio de "español del año" de las manos del catalanista Abc. ¿Bismarck o Bolívar?, se preguntaba la canallesca, admirada de la bipolaridad ideológica del líder nacionalista. Esa ambigüedad cósmica, decían los plumillas de la época, era una de sus grandezas políticas. Lo cierto, sin embargo, dicho a favor de Pujol, es que el president se movía por las aguas de la turbulencia española, dotado de una notable inteligencia para sortear los muchos acantilados que la transición había dejado al descubierto. Sobre todo porque en la España recosida a golpes de Constitución, había muchos más separadores que separatistas, y la necesidad de mantener el relato catalán dentro de la épica española necesitaba de gramáticas pardas. Y Pujol siempre fue pardo. Sin embargo, e incluso a pesar de los nubarrones, aquellas épocas no pusieron en duda algunos aspectos básicos para el consenso de la transición: que Catalunya era una nación y que sus símbolos fundamentales eran, en consecuencia, tan nacionales como la nación que representaban. Otra cosa –y no era cosa menor– era que la Constitución respirara esa idea acuñada por Peces Barba y Roca Junyent de que España era "nación de naciones", y que explicitara, sin ninguna duda, que era indisoluble. Es decir, y pese a los críticos momentos en que fue escrita, la Constitución negaba el derecho a la autodeterminación, pero no el espíritu "nacional" de algunas de las naciones que conformaban España. Sin duda, también los constituyentes sabían gramática parda.
Tantas décadas después, este espíritu parece a punto de finiquitarse, en manos de un Constitucional en caída libre, con el prestigio a ras de infierno, politizado hasta el delirio, con cuatro magistrados expirados desde el 2007 e incluso con un fallecido, Roberto García-Calvo, que no ha sido sustituido. Las resoluciones que pueda tomar este tribunal están tan contaminadas por su falta de credibilidad y por su apestoso tufo político, que sólo tiene una salida digna, la dimisión, tal como ya apuntaron líderes tan dispares como Artur Mas o Joan Saura. Lejos de ello, parece que se empecina en resolver la patata caliente del Estatut, y, según todos los augures, la resolverá mal. Si se confirman, pues, las negras previsiones, este Constitucional habrá hecho algo extraordinario: siendo el garante de la "unidad de España", se habrá convertido en la mayor apología española de la separación. Llevan la piel de Bismarck, pero son Bolívar en estado puro.
lunes, 23 de noviembre de 2009
UNA COLONIA
El examen de las relaciones España-Catalunya nunca se acaba. Es una realidad muy compleja sobre la cual todos opinan. Alguna televisora tendria que cerrar si esto no fuera asi.
PB
A continuacion el articulo de Francesc Marc-Alvaro en La Vanguardia de hoy, 23--11-09.
A diferencia del ilustre Balaguer, nosotros ya no podemos confiar en milagros
Don Víctor Balaguer (1824-1901) fue un destacado político liberal del XIX español y un gran impulsor de la Renaixença literaria y cultural catalana, sobre la cual, más tarde, creció el catalanismo político. Balaguer, amigo y seguidor del general Prim, fue, entre otros muchos cargos, diputado a Cortes, vicepresidente del Congreso de los Diputados, presidente del Consejo de Estado, ministro varias veces (de Fomento y de Ultramar) y senador vitalicio. A raíz de la Revolución de Septiembre de 1868, saltó a la arena política de Madrid, donde continuó hasta el día de su muerte.
Durante la Restauración, Balaguer se consolidó como un activo defensor de los intereses catalanes en la capital y como un incansable portavoz de los ideales progresistas del momento. Los catalanistas posteriores –salvo figuras tan lúcidas como Joan Maragall– le atacaron o le desdeñaron, y tampoco le apreciaron los liberales españoles, que le vieron siempre demasiado protofederalista. Este escritor y estadista fue un avanzado que trabajó para que España saliera del atraso y para que Catalunya recuperara su identidad. Aunque nunca fue separatista ni nada parecido, este catalán implicado en el Gobierno español sabía perfectamente cuál era la base del principal problema que todavía hoy nos bloquea. Lo expone claramente en un discurso de 1869: "Desgraciadamente, desde la época de Felipe V, desde que la rama de los Borbones se hubo sentado, sin ley y sin derecho, en el solio de España, la noble, la leal Cataluña, salvo raros y honrosísimos periodos, era mirada como una especie de colonia de España, donde era lícito y justo atropellar las más santas leyes, conculcar los derechos más sagrados.
Gobiernos inicuos y arbitrarios, que afortunadamente el hálito de la revolución ha arrastrado como aristas que lleva el viento: Gobiernos inicuos y conculcadores habían hecho creer al mundo que sólo de esa manera podía haber paz y tranquilidad en Cataluña". Balaguer, henchido de optimismo, pensaba que la revolución en la que él había tomado parte pondría fin a siglos de imposiciones. Erró. Como tantos hasta hoy.
Las palabras de este prócer lejano resuenan con rabiosa actualidad, mientras esperamos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Y mientras la reciente reforma de la Lofca nos deja a la intemperie financiera. El president Montilla hizo ayer las advertencias oportunas y puso el dedo en la llaga al notar que "por primera vez en treinta años, tienen que pronunciarse sobre una ley refrendada por el pueblo de Catalunya". ¿Cuál será la respuesta si nos tratan como una especie de colonia, por decirlo tan exactamente como el ministro Balaguer?
Esos "gobiernos inicuos y arbitrarios" que parecían llamados a desaparecer de la historia de España son eternos, atraviesan épocas y regímenes, se adaptan fácilmente a cada circunstancia para conseguir su objetivo. Pero, a diferencia del ilustre Balaguer, nosotros ya no podemos confiar en milagros.
PB
A continuacion el articulo de Francesc Marc-Alvaro en La Vanguardia de hoy, 23--11-09.
A diferencia del ilustre Balaguer, nosotros ya no podemos confiar en milagros
Don Víctor Balaguer (1824-1901) fue un destacado político liberal del XIX español y un gran impulsor de la Renaixença literaria y cultural catalana, sobre la cual, más tarde, creció el catalanismo político. Balaguer, amigo y seguidor del general Prim, fue, entre otros muchos cargos, diputado a Cortes, vicepresidente del Congreso de los Diputados, presidente del Consejo de Estado, ministro varias veces (de Fomento y de Ultramar) y senador vitalicio. A raíz de la Revolución de Septiembre de 1868, saltó a la arena política de Madrid, donde continuó hasta el día de su muerte.
Durante la Restauración, Balaguer se consolidó como un activo defensor de los intereses catalanes en la capital y como un incansable portavoz de los ideales progresistas del momento. Los catalanistas posteriores –salvo figuras tan lúcidas como Joan Maragall– le atacaron o le desdeñaron, y tampoco le apreciaron los liberales españoles, que le vieron siempre demasiado protofederalista. Este escritor y estadista fue un avanzado que trabajó para que España saliera del atraso y para que Catalunya recuperara su identidad. Aunque nunca fue separatista ni nada parecido, este catalán implicado en el Gobierno español sabía perfectamente cuál era la base del principal problema que todavía hoy nos bloquea. Lo expone claramente en un discurso de 1869: "Desgraciadamente, desde la época de Felipe V, desde que la rama de los Borbones se hubo sentado, sin ley y sin derecho, en el solio de España, la noble, la leal Cataluña, salvo raros y honrosísimos periodos, era mirada como una especie de colonia de España, donde era lícito y justo atropellar las más santas leyes, conculcar los derechos más sagrados.
Gobiernos inicuos y arbitrarios, que afortunadamente el hálito de la revolución ha arrastrado como aristas que lleva el viento: Gobiernos inicuos y conculcadores habían hecho creer al mundo que sólo de esa manera podía haber paz y tranquilidad en Cataluña". Balaguer, henchido de optimismo, pensaba que la revolución en la que él había tomado parte pondría fin a siglos de imposiciones. Erró. Como tantos hasta hoy.
Las palabras de este prócer lejano resuenan con rabiosa actualidad, mientras esperamos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Y mientras la reciente reforma de la Lofca nos deja a la intemperie financiera. El president Montilla hizo ayer las advertencias oportunas y puso el dedo en la llaga al notar que "por primera vez en treinta años, tienen que pronunciarse sobre una ley refrendada por el pueblo de Catalunya". ¿Cuál será la respuesta si nos tratan como una especie de colonia, por decirlo tan exactamente como el ministro Balaguer?
Esos "gobiernos inicuos y arbitrarios" que parecían llamados a desaparecer de la historia de España son eternos, atraviesan épocas y regímenes, se adaptan fácilmente a cada circunstancia para conseguir su objetivo. Pero, a diferencia del ilustre Balaguer, nosotros ya no podemos confiar en milagros.
martes, 13 de octubre de 2009
12 DE OCTUBRE ENVASADO AL VACÍO
ESPAÑA ES UNA REALIDAD ENVASADA AL VACÍO
Enric Juliana | Madrid | 13/10/2009 |
España es hoy una realidad envasada al vacío. Las potencialidades del país se conservan intactas, sin aire, aprisionadas, a la espera de que algo ocurra. La celebración del 12 de Octubre, fiesta nacional, fue ayer fiel espejo de la plastificación política y de su inquietante suma de debilidades: el presidente del Gobierno fue abucheado como nunca durante el desfile militar en el paseo de la Castellana de Madrid, y el líder de la oposición se convirtió en el centro de todas las miradas en la posterior recepción en el Palacio Real. El Partido Popular tiene hoy una cita con los servicios de limpieza. Gran telón de fondo de la jornada: el peligroso desfiladero de Afganistán.
Telón y notas dinámicas: la presencia por primera vez de representantes del Gobierno y del Parlamento vasco (el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la presidenta de la Cámara, Arantza Quiroga); la mayor sobriedad del desfile militar, y el ágil protagonismo de la monarquía al anunciar en palacio que don Juan Carlos viajará a Washington en el próximo mes de diciembre, donde será recibido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
La política española se ha envasado al vacío, pendiente como en los años sesenta, como en los setenta, como en los ochenta, de unas señales de aliento y recuperación que sólo pueden venir de fuera. El Gobierno lo confía casi todo a un Mr. Marshall posmoderno, sostenible y renovable. Ese ente sobrenatural se llama Barack Obama y recibirá hoy a José Luis Rodríguez Zapatero en la Casa Blanca. La anunciada visita del Rey a Washington ensancha el carril preferente que el Ejecutivo quiere abrir con la nueva Administración norteamericana (¿aznarismo de izquierdas?), a la vez que pone de manifiesto la gentileza del Rey: la primera foto al lado de la chimenea del despacho Oval será la de Zapatero.
El presidente del Gobierno ayer levitaba. En la Castellana se mantuvo absolutamente impertérrito ante los abucheos que a duras penas podían acallar los acordes de la música militar. Y en palacio exhibió su perenne sonrisa y un brillo en la mirada –¿sed de más astucias y enredos?– que suele acentuar en los actos públicos. Por la mañana, Zapatero se había desayunado con otros dos sondeos adversos (Antena 3 y diario Público), que confirman la reciente encuesta del Instituto Noxa para La Vanguardia: el PP se halla cuatro puntos por delante del PSOE en intención de voto, con tendencia al despegue. Nada de eso importaba ayer. Los oídos del presidente sólo escuchan un mantra: Obama, Obama, Obama.
Rajoy también había leído las encuestas y estaba contento. "A mí lo que ahora me importa es dirigirme a la gente normal, a la gente que conserva el sentido común, que es la mayoría", repetía en los corrillos. Estaba moderadamente contento, contento con el freno de mano puesto, porque en lugares muy visibles de su partido la normalidad brilla por su ausencia. El PP tiene esta tarde una cita con los servicios de limpieza: la ejecutiva de Valencia deberá aceptar que sus líneas defensivas han sido desbordadas por la avalancha sumarial del caso Gürtel. Ricardo Costa será sacrificado como secretario general del PP valenciano (la segunda organización más importante del partido después de Madrid),y nadie sabe si ello será suficiente en las próximas semanas. Rajoy, todavía dueño de sus tiempos, ha dado plenos poderes a María Dolores de Cospedal para acelerar las labores de saneamiento. En el ínterin, el PP se aferra a lo que puede para mantener vivo el mensaje de que es objeto de una deliberada campaña de acoso en la que no se respetan todas las garantías procesales.
Más debilidades. El Tribunal Constitucional sigue empantanado con la sentencia del Estatut de Catalunya. Los magistrados ya no pueden ocultar su incomodo cuando acuden a un acto público. Mientras en Italia –país del que hoy se exageran deliberadamente los defectos– la Alta Corte ha tenido el arrojo de parar los pies al primer ministro, en España, el Tribunal Constitucional, con cuatro de sus diez miembros deliberantes fuera del tiempo de mandato, no se atreve a sentenciar el segundo Estatut de Catalunya. No salen los números y se superponen las estrategias. ¿Asistiremos finalmente a un nuevo aplazamiento de la sentencia para que José Montilla pueda anticipar las elecciones catalanas al mes de junio, acolchado por la presidencia española de la Unión Europea?
No había ayer en Madrid ningún dirigente catalán a quien preguntárselo. Montilla, que asistió hace tres años a los festejos del 12 de Octubre, excusó su asistencia (sólo acudieron diez de los 17 presidentes de comunidades y ciudades autónomas). Cada vez se hace más evidente que Catalunya es el tema; el verdadero eslabón débil de las Españas. El nexo envasado al vacío.
Enric Juliana | Madrid | 13/10/2009 |
España es hoy una realidad envasada al vacío. Las potencialidades del país se conservan intactas, sin aire, aprisionadas, a la espera de que algo ocurra. La celebración del 12 de Octubre, fiesta nacional, fue ayer fiel espejo de la plastificación política y de su inquietante suma de debilidades: el presidente del Gobierno fue abucheado como nunca durante el desfile militar en el paseo de la Castellana de Madrid, y el líder de la oposición se convirtió en el centro de todas las miradas en la posterior recepción en el Palacio Real. El Partido Popular tiene hoy una cita con los servicios de limpieza. Gran telón de fondo de la jornada: el peligroso desfiladero de Afganistán.
Telón y notas dinámicas: la presencia por primera vez de representantes del Gobierno y del Parlamento vasco (el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la presidenta de la Cámara, Arantza Quiroga); la mayor sobriedad del desfile militar, y el ágil protagonismo de la monarquía al anunciar en palacio que don Juan Carlos viajará a Washington en el próximo mes de diciembre, donde será recibido por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
La política española se ha envasado al vacío, pendiente como en los años sesenta, como en los setenta, como en los ochenta, de unas señales de aliento y recuperación que sólo pueden venir de fuera. El Gobierno lo confía casi todo a un Mr. Marshall posmoderno, sostenible y renovable. Ese ente sobrenatural se llama Barack Obama y recibirá hoy a José Luis Rodríguez Zapatero en la Casa Blanca. La anunciada visita del Rey a Washington ensancha el carril preferente que el Ejecutivo quiere abrir con la nueva Administración norteamericana (¿aznarismo de izquierdas?), a la vez que pone de manifiesto la gentileza del Rey: la primera foto al lado de la chimenea del despacho Oval será la de Zapatero.
El presidente del Gobierno ayer levitaba. En la Castellana se mantuvo absolutamente impertérrito ante los abucheos que a duras penas podían acallar los acordes de la música militar. Y en palacio exhibió su perenne sonrisa y un brillo en la mirada –¿sed de más astucias y enredos?– que suele acentuar en los actos públicos. Por la mañana, Zapatero se había desayunado con otros dos sondeos adversos (Antena 3 y diario Público), que confirman la reciente encuesta del Instituto Noxa para La Vanguardia: el PP se halla cuatro puntos por delante del PSOE en intención de voto, con tendencia al despegue. Nada de eso importaba ayer. Los oídos del presidente sólo escuchan un mantra: Obama, Obama, Obama.
Rajoy también había leído las encuestas y estaba contento. "A mí lo que ahora me importa es dirigirme a la gente normal, a la gente que conserva el sentido común, que es la mayoría", repetía en los corrillos. Estaba moderadamente contento, contento con el freno de mano puesto, porque en lugares muy visibles de su partido la normalidad brilla por su ausencia. El PP tiene esta tarde una cita con los servicios de limpieza: la ejecutiva de Valencia deberá aceptar que sus líneas defensivas han sido desbordadas por la avalancha sumarial del caso Gürtel. Ricardo Costa será sacrificado como secretario general del PP valenciano (la segunda organización más importante del partido después de Madrid),y nadie sabe si ello será suficiente en las próximas semanas. Rajoy, todavía dueño de sus tiempos, ha dado plenos poderes a María Dolores de Cospedal para acelerar las labores de saneamiento. En el ínterin, el PP se aferra a lo que puede para mantener vivo el mensaje de que es objeto de una deliberada campaña de acoso en la que no se respetan todas las garantías procesales.
Más debilidades. El Tribunal Constitucional sigue empantanado con la sentencia del Estatut de Catalunya. Los magistrados ya no pueden ocultar su incomodo cuando acuden a un acto público. Mientras en Italia –país del que hoy se exageran deliberadamente los defectos– la Alta Corte ha tenido el arrojo de parar los pies al primer ministro, en España, el Tribunal Constitucional, con cuatro de sus diez miembros deliberantes fuera del tiempo de mandato, no se atreve a sentenciar el segundo Estatut de Catalunya. No salen los números y se superponen las estrategias. ¿Asistiremos finalmente a un nuevo aplazamiento de la sentencia para que José Montilla pueda anticipar las elecciones catalanas al mes de junio, acolchado por la presidencia española de la Unión Europea?
No había ayer en Madrid ningún dirigente catalán a quien preguntárselo. Montilla, que asistió hace tres años a los festejos del 12 de Octubre, excusó su asistencia (sólo acudieron diez de los 17 presidentes de comunidades y ciudades autónomas). Cada vez se hace más evidente que Catalunya es el tema; el verdadero eslabón débil de las Españas. El nexo envasado al vacío.
domingo, 11 de octubre de 2009
SOBRE EL ESTATUT
11/10/2009
EDITORIAL: El indignante retraso del Estatut
• La división, la fatiga y los recelos impiden al TC resolver el Estatut
• De la Vega segura que no le "preocupa" que se retrase más la sentencia sobre el Estatut
La información que se publica hoy en las páginas de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA indica que, posiblemente, no se cumplirá lo anunciado por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y la sentencia sobre el Estatut no verá la luz este mes. Incluso puede retrasarse aún más.
La primera reacción es de indignación. ¿Cómo puede ser que el recurso de inconstitucionalidad del PP no se haya resuelto en tres años? Una sentencia contra un Estatut aprobado por amplia mayoría por el Parlament de Catalunya, enmendado y aprobado luego por el Congreso y el Senado españoles y refrendado más tarde por el pueblo de Catalunya siempre sería difícil de explicar. Tres años después sería un desatino.
La segunda reacción es de verdadero estupor. Un grupo de cuatro magistrados siguen las directrices del Partido Popular, otros cuatro –más plurales– aceptan el Estatut y dos tienen reparos. Y la presidenta, que ya toleró el apartamiento injustificado de un magistrado (Pablo Pérez Tremps) no quiere ejercer su voto de calidad.
Todos los tribunales constitucionales del mundo están politizados. Es normal, no nos rasguemos las vestiduras por ello. Sin embargo, otra cosa es que la cúpula de un partido bloquee el tribunal y enrarezca tanto el clima que la presidenta tenga miedo de ejercer su prerrogativa del voto de calidad.La tercera reacción es de honda preocupación. El Tribunal Constitucional camina hacia su deslegitimación y la culpa es de la cúpula de los partidos. De los 12 magistrados, uno ha muerto y no hay consenso para el relevo. Otro fue inhabilitado sobre el Estatut de forma harto extraña. Quedan 10. Pero, de estos, cuatro están a punto de cumplir 11 años en el cargo, cuando la Constitución fija un mandato de nueve.
Es grotesco que el Tribunal Constitucional incumpla la Constitución. ¿Puede un tribunal con solo la mitad (constitucional) de sus miembros dictar sentencia sobre el Estatut? ¿No sabe la derecha que una sentencia contraria en estas condiciones fomentaría la «desafección» de Catalunya respecto del resto de España? ¿Es admisible que la renovación del Tribunal Constitucional lleve dos años de retraso? ¿Tiene sentido de Estado (español) un partido como el PP que por intereses partidistas retrasa la renovación y pone en riesgo la convivencia entre las nacionalidades y regiones que reconoce la Constitución?
Catalunya espera la sentencia, pero en este punto quizá lo mejor (para Catalunya y para España) sería forzar la renovación. Y hay maneras.
EL PERIODICO DE CATALUNYA
EDITORIAL: El indignante retraso del Estatut
• La división, la fatiga y los recelos impiden al TC resolver el Estatut
• De la Vega segura que no le "preocupa" que se retrase más la sentencia sobre el Estatut
La información que se publica hoy en las páginas de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA indica que, posiblemente, no se cumplirá lo anunciado por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y la sentencia sobre el Estatut no verá la luz este mes. Incluso puede retrasarse aún más.
La primera reacción es de indignación. ¿Cómo puede ser que el recurso de inconstitucionalidad del PP no se haya resuelto en tres años? Una sentencia contra un Estatut aprobado por amplia mayoría por el Parlament de Catalunya, enmendado y aprobado luego por el Congreso y el Senado españoles y refrendado más tarde por el pueblo de Catalunya siempre sería difícil de explicar. Tres años después sería un desatino.
La segunda reacción es de verdadero estupor. Un grupo de cuatro magistrados siguen las directrices del Partido Popular, otros cuatro –más plurales– aceptan el Estatut y dos tienen reparos. Y la presidenta, que ya toleró el apartamiento injustificado de un magistrado (Pablo Pérez Tremps) no quiere ejercer su voto de calidad.
Todos los tribunales constitucionales del mundo están politizados. Es normal, no nos rasguemos las vestiduras por ello. Sin embargo, otra cosa es que la cúpula de un partido bloquee el tribunal y enrarezca tanto el clima que la presidenta tenga miedo de ejercer su prerrogativa del voto de calidad.La tercera reacción es de honda preocupación. El Tribunal Constitucional camina hacia su deslegitimación y la culpa es de la cúpula de los partidos. De los 12 magistrados, uno ha muerto y no hay consenso para el relevo. Otro fue inhabilitado sobre el Estatut de forma harto extraña. Quedan 10. Pero, de estos, cuatro están a punto de cumplir 11 años en el cargo, cuando la Constitución fija un mandato de nueve.
Es grotesco que el Tribunal Constitucional incumpla la Constitución. ¿Puede un tribunal con solo la mitad (constitucional) de sus miembros dictar sentencia sobre el Estatut? ¿No sabe la derecha que una sentencia contraria en estas condiciones fomentaría la «desafección» de Catalunya respecto del resto de España? ¿Es admisible que la renovación del Tribunal Constitucional lleve dos años de retraso? ¿Tiene sentido de Estado (español) un partido como el PP que por intereses partidistas retrasa la renovación y pone en riesgo la convivencia entre las nacionalidades y regiones que reconoce la Constitución?
Catalunya espera la sentencia, pero en este punto quizá lo mejor (para Catalunya y para España) sería forzar la renovación. Y hay maneras.
EL PERIODICO DE CATALUNYA
jueves, 16 de julio de 2009
CATALUNYA Y ESPAÑA, OTRA VEZ
Catalunya y España, otra vez
Lluís Foix
LA VANG 17 7 09
La fragilidad política de Zapatero lo ha empujado a dar vía libre a un nuevo modelo de financiación
Vuelve el viejo contencioso entre España y Catalunya a raíz del nuevo modelo de financiación autonómica, que no es sólo un reparto más equitativo de recursos en el marco del Estado autonómico, sino que abre la vía a una España federal. Coincido con el conseller Castells al poner el máximo énfasis en que es un cambio de modelo sobre el que se podrá construir una relación más justa entre las comunidades autónomas sin que el principio de subsidiariedad sea tan desproporcionado como hasta ahora. Un ciudadano de Catalunya puede aportar más al resto de sus conciudadanos, pero en ningún caso recibir menos del Estado como ha sido el caso hasta ahora.
¿A qué viene este atropello mediático de buena parte de la prensa de Madrid contra Catalunya? Manuel Azaña lo decía ya en 1933 cuando se aprobó el primer Estatuto catalán al expresar su convencimiento de que las malas inteligencias entre Catalunya y el resto de España nacen, entre otras causas, de una muy importante, que es la ignorancia.
También de la resistencia a admitir que el hecho diferencial existe por razones históricas y culturales. En un ambiente parecido de clara hostilidad anticatalana, Cambó se dirigió a los políticos de la derecha españolista con aquella sentencia tan conocida: pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes y el hecho vivo de Catalunya subsistirá.
No es solamente la derecha política la que no acepta la diferencialidad catalana, sino también una parte de la izquierda y el sentimiento muy extendido en la opinión pública española.
La fragilidad política de Zapatero lo ha empujado a dar vía libre a un nuevo modelo de financiación que, en realidad, es un replanteamiento en profundidad de la organización territorial del Estado en el que Catalunya se pueda sentir cómoda y justamente tratada.
Los grandes estados del mundo, desde el imperio romano hasta el austrohúngaro pasando por Estados Unidos y el Reino Unido, son ejemplos de una riquísima diversidad de naciones, culturas, paisajes humanos, usos y tradiciones que han mantenido una unidad aparentemente precaria pero que ha sido su gran fuerza.
Mientras no se acepte con normalidad que hay más de una manera de sentirse español, mientras todo lo que venga de Catalunya sea sospechoso, mientras todo valga para atizar a los catalanes, aumentará la desafección y crecerá el sentimjento independentista. Estoy de acuerdo con Rafael Jorba cuando dice que "estamos delante de la última oportunidad de poder vestir una Catalunya libre y plena, en el marco de un Estado español que haga de la identidad del otro el fundamento de su fortaleza".
Las raíces del catalanismo son culturales, cívicas, integradoras e históricas. ¿Cuesta tanto entenderlo?
Lluís Foix
LA VANG 17 7 09
La fragilidad política de Zapatero lo ha empujado a dar vía libre a un nuevo modelo de financiación
Vuelve el viejo contencioso entre España y Catalunya a raíz del nuevo modelo de financiación autonómica, que no es sólo un reparto más equitativo de recursos en el marco del Estado autonómico, sino que abre la vía a una España federal. Coincido con el conseller Castells al poner el máximo énfasis en que es un cambio de modelo sobre el que se podrá construir una relación más justa entre las comunidades autónomas sin que el principio de subsidiariedad sea tan desproporcionado como hasta ahora. Un ciudadano de Catalunya puede aportar más al resto de sus conciudadanos, pero en ningún caso recibir menos del Estado como ha sido el caso hasta ahora.
¿A qué viene este atropello mediático de buena parte de la prensa de Madrid contra Catalunya? Manuel Azaña lo decía ya en 1933 cuando se aprobó el primer Estatuto catalán al expresar su convencimiento de que las malas inteligencias entre Catalunya y el resto de España nacen, entre otras causas, de una muy importante, que es la ignorancia.
También de la resistencia a admitir que el hecho diferencial existe por razones históricas y culturales. En un ambiente parecido de clara hostilidad anticatalana, Cambó se dirigió a los políticos de la derecha españolista con aquella sentencia tan conocida: pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes y el hecho vivo de Catalunya subsistirá.
No es solamente la derecha política la que no acepta la diferencialidad catalana, sino también una parte de la izquierda y el sentimiento muy extendido en la opinión pública española.
La fragilidad política de Zapatero lo ha empujado a dar vía libre a un nuevo modelo de financiación que, en realidad, es un replanteamiento en profundidad de la organización territorial del Estado en el que Catalunya se pueda sentir cómoda y justamente tratada.
Los grandes estados del mundo, desde el imperio romano hasta el austrohúngaro pasando por Estados Unidos y el Reino Unido, son ejemplos de una riquísima diversidad de naciones, culturas, paisajes humanos, usos y tradiciones que han mantenido una unidad aparentemente precaria pero que ha sido su gran fuerza.
Mientras no se acepte con normalidad que hay más de una manera de sentirse español, mientras todo lo que venga de Catalunya sea sospechoso, mientras todo valga para atizar a los catalanes, aumentará la desafección y crecerá el sentimjento independentista. Estoy de acuerdo con Rafael Jorba cuando dice que "estamos delante de la última oportunidad de poder vestir una Catalunya libre y plena, en el marco de un Estado español que haga de la identidad del otro el fundamento de su fortaleza".
Las raíces del catalanismo son culturales, cívicas, integradoras e históricas. ¿Cuesta tanto entenderlo?
SERA EL PP ALIADO DE ESQUERRA?
Por Pilar Rahola La Vanguardia 16 7 09
No hay duda de que, contra el PP, ERC vive mejor, y en el victimismo fluye su mejor resultado
Enric Juliana lo ha explicado con su natural perspicacia. Dice que esta vez, el terremoto anticatalán no llegará a la escala 7,5 del que sacudió la villa y corte en el 2005, cuando se llegó a leer la pintada "no entrar, que son catalanes", frente al supermercado de Castelló con María de Molina. Fueron tiempos de verbos airados en los micrófonos reclcitrantes, de declaraciones delirantes, en las bocas de rancios líderes, de frontismo abrupto y agresivo. Fueron tiempos en que la campaña del PP alimentó el odio de unos, y el victimismo de otros, hasta el punto de que se establecieron vasos comunicantes entre la estrategia electoral del PP y la de ERC, ambos alimentados por la confrontación catalana. Después llegó la dura realidad para el PP frontista, su hundimiento en Catalunya, su alejamiento del centro racional, y el golpe de Estado de Mariano Rajoy, que acalló los ruidos, controló las furias internas y centró el discurso. Sin embargo, la tentación catalana quedó danzando en las esquinas de la calle Génova, y aún tuvo ocasión de dar antipáticos coletazos. Véase, por ejemplo, la nefasta campaña del PP sobre el catalán en las escuelas, cuando las europeas, uso de niños incluido. Pero, a pesar de esos grotescos ataques de fiebre, es de recibo reconocer que el PP actual está intentando poner sordina al debate catalán, y con él, intenta establecer una nueva relación con esta díscola tierra. Aunque, la pesada herencia del recurso pepero en el Constitucional no construye, precisamente, puentes de diálogo. Más allá, sin embargo, de las hipotecas del pasado, la actualidad facilita un magnífico termómetro para atisbar o desmentir este nuevo paradigma de la derecha española. Sin duda, la reacción del PP respecto al acuerdo de financiación dará la medida del cambio. ¿Se dedicará el PP a despertar a las furias anticatalanas? ¿Usarán, sus líderes autonómicos, la demagogia del agravio económico, como tantas veces han hecho? O ¿intentarán construir una crítica racional, que no pasepor la confrontación territorial, sino por la lógica política?De momento, parece que se impone el sentido común, que es tanto como decir que Rajoy manda más de lo previsible.
Si el terremoto, pues, se mantiene en la escala 4 que prevé Enric Juliana, la carga del tema pasa al otro lado del espectro, allí donde el anticatalanismo facilita la estrategia. ERC necesita, como agua de mayo, la confrontación con la España pepera. No hay ninguna duda de que, contra el PP, ERC vive mejor, y es en el victimismo donde fluyen sus mejores resultados. ERC debe hacer muchas piruetas, justificar las renuncias del acuerdo, venderlo a sus huestes y no morir en el intento. Si el PP se desmelena, ERC adquiere la heroicidad perdida. Pero si se queda sin enemigo malo, ¿cómo explicará la naturaleza de sus amigos?
No hay duda de que, contra el PP, ERC vive mejor, y en el victimismo fluye su mejor resultado
Enric Juliana lo ha explicado con su natural perspicacia. Dice que esta vez, el terremoto anticatalán no llegará a la escala 7,5 del que sacudió la villa y corte en el 2005, cuando se llegó a leer la pintada "no entrar, que son catalanes", frente al supermercado de Castelló con María de Molina. Fueron tiempos de verbos airados en los micrófonos reclcitrantes, de declaraciones delirantes, en las bocas de rancios líderes, de frontismo abrupto y agresivo. Fueron tiempos en que la campaña del PP alimentó el odio de unos, y el victimismo de otros, hasta el punto de que se establecieron vasos comunicantes entre la estrategia electoral del PP y la de ERC, ambos alimentados por la confrontación catalana. Después llegó la dura realidad para el PP frontista, su hundimiento en Catalunya, su alejamiento del centro racional, y el golpe de Estado de Mariano Rajoy, que acalló los ruidos, controló las furias internas y centró el discurso. Sin embargo, la tentación catalana quedó danzando en las esquinas de la calle Génova, y aún tuvo ocasión de dar antipáticos coletazos. Véase, por ejemplo, la nefasta campaña del PP sobre el catalán en las escuelas, cuando las europeas, uso de niños incluido. Pero, a pesar de esos grotescos ataques de fiebre, es de recibo reconocer que el PP actual está intentando poner sordina al debate catalán, y con él, intenta establecer una nueva relación con esta díscola tierra. Aunque, la pesada herencia del recurso pepero en el Constitucional no construye, precisamente, puentes de diálogo. Más allá, sin embargo, de las hipotecas del pasado, la actualidad facilita un magnífico termómetro para atisbar o desmentir este nuevo paradigma de la derecha española. Sin duda, la reacción del PP respecto al acuerdo de financiación dará la medida del cambio. ¿Se dedicará el PP a despertar a las furias anticatalanas? ¿Usarán, sus líderes autonómicos, la demagogia del agravio económico, como tantas veces han hecho? O ¿intentarán construir una crítica racional, que no pasepor la confrontación territorial, sino por la lógica política?De momento, parece que se impone el sentido común, que es tanto como decir que Rajoy manda más de lo previsible.
Si el terremoto, pues, se mantiene en la escala 4 que prevé Enric Juliana, la carga del tema pasa al otro lado del espectro, allí donde el anticatalanismo facilita la estrategia. ERC necesita, como agua de mayo, la confrontación con la España pepera. No hay ninguna duda de que, contra el PP, ERC vive mejor, y es en el victimismo donde fluyen sus mejores resultados. ERC debe hacer muchas piruetas, justificar las renuncias del acuerdo, venderlo a sus huestes y no morir en el intento. Si el PP se desmelena, ERC adquiere la heroicidad perdida. Pero si se queda sin enemigo malo, ¿cómo explicará la naturaleza de sus amigos?
domingo, 28 de junio de 2009
LA ESPAÑA PLURAL
25+ 2: ¿liderazgo? La Vanguardia 28-06-09
Ferran Requejo
Hace cinco años, el Gobierno socialista, con el liderazgo de Rodríguez Zapatero, pareció apostar por una actitud más abierta y decidida que los gobiernos anteriores del PSOE y PP para establecer un acuerdo amplio que recondujera la articulación política y financiera de Catalunya en la democracia española. Eran los días de la España plural.La reforma del Estatut y del modelo de financiación aparecían como dos palancas básicas para esta reforma histórica, que permitiría a España entrar en la modernidad política en el tema territorial, y solucionar lo que se hizo mal en la transición y en el desarrollo constitucional.
¿Cuál es el balance para Catalunya de los gobiernos de Zapatero en torno a la España plural,el Estatut, la financiación y las infraestructuras? Pues tras cinco años, se trata de un balance francamente pobre (la decisión de la ampliación del aeropuerto pertenece a un periodo muy anterior, tras aprobarse la faraónica T4 madrileña). En estos años se ha mantenido el casi expolio fiscal que representa para los catalanes el actual sistema de financiación; se ha persistido en la escasa inversión anual del Gobierno central en Catalunya (una deuda histórica,esta de verdad); no se ha reformado la obsoleta gestión centralizada del aeropuerto de Barcelona para que tenga su centro de gravedad en Catalunya, y se ha continuado invadiendo competencias por parte del Gobierno central. El nuevo Estatut (2006), con todas sus limitaciones y decepciones, es una ley vigente, pero no lo parece.
¿Y ahora qué? En el horizonte inmediato aparecen dos temas estrella: el modelo de financiación y la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Se trata de dos temas de calado frente a los que el Gobierno de la Generalitat y los partidos catalanes deberían reaccionar si, como es previsible, se degrada aún más el autogobierno por vía interpretativa y no se cuenta con una financiación solvente.
Todo apunta a que el Gobierno central está proponiendo un modelo de financiación de cortos vuelos, escudado demagógicamente en la situación de crisis económica
- que es algo que técnicamente no incide en el modelo-.Parece que no va a ser ni mucho menos una propuesta para solucionar el problema de fondo. Ni en términos de equidad, ni en términos de eficacia. El Gobierno central sigue ahondando la perspectiva de que Catalunya avance con el freno de mano puesto. Lo cual, además de injusto e inaceptable para los catalanes, resulta irracional para el conjunto del sistema.
Tras el actual desapego generalizado de la población catalana sobre la situación política de los tres últimos años - manifestado en diversos indicadores de desafección política (abstención, resultados de encuestas de opinión...)-,la organización política que parece clave en estos momentos es el PSC. Se trata de un partido que nunca se ha opuesto al PSOE, especialmente en los tramos decisivos de las decisiones, cuando impera una lógica de confrontación con el Gobierno central. Una vez asumida la presidencia de la Generalitat, parecía que esta actuación iba a cambiar, cuando menos en términos institucionales. ¿Qué actitud política adoptará este partido desde el Gobierno de la Generalitat, desde sus 25 diputados en el Congreso (presupuestos del Estado) y sus dos ministros frente a los dos temas mencionados?; ¿qué deberían hacer unos y otros frente a las probables decepciones del modelo de financiación?; ¿y frente a la previsible interpretación a la baja del autogobierno por parte de un TC deslegitimado y manipulado por los dos grandes partidos españoles? ¿Va a ser asumido un modelo de financiación insuficiente y acatada sin más la sentencia del TC si vulnera aspectos clave del autogobierno? El país debe reaccionar. La sociedad civil puede sumarse a una reacción, pero el liderazgo político resulta imprescindible.
Estamos entrando en una nueva fase política. El futuro inmediato del país parece que va a estar presidido por una lógica de confrontación más que de consenso en las relaciones con el Gobierno central. Y para ello Catalunya necesita gobiernos fuertes. El tripartito no lo es. Tampoco lo sería un gobierno de CiU en solitario. El país necesita gobiernos nacionales, coherentes, estables y con programas políticamente ambiciosos que sitúen y refuercen al país en un mundo crecientemente competitivo e interconectado. Europa ya es pequeña como marco de actuación. La clase política catalana habla de globalización, pero todavía mira demasiado a España. El marco de actuación es el mundo. Hace falta más valentía, establecer objetivos claros y, si es necesario, tirar pel dret.
Catalunya necesita gobiernos transversales que tomen decisiones estratégicas en los temas cruciales de futuro (infraestructuras, economía, investigación-innovación, proyección exterior, inmigración, autogobierno, etcétera). Unas decisiones que los gobiernos débiles no toman. Estos últimos incentivan una lógica de gobierno-oposición que propicia una confrontación entre los partidos catalanes. Una lógica basada en reproches mutuos de muy poco alcance político en términos de futuro y que, además, fomentan la desafección ciudadana. Estamos en un momento en el que urge una recuperación de la política en su sentido más amplio y más noble. ¿Estarán el PSC y el resto de partidos a la altura del momento?, ¿o vamos a seguir con letanías de reproches internos? Desde una perspectiva de país, los verdaderos adversarios no están dentro de Catalunya, están fuera.
F. REQUEJO, catedrático de Ciencia Política (UPF) y coautor de ´Desigualtats en democràcia´ (Eumo, 2009)
Ferran Requejo
Hace cinco años, el Gobierno socialista, con el liderazgo de Rodríguez Zapatero, pareció apostar por una actitud más abierta y decidida que los gobiernos anteriores del PSOE y PP para establecer un acuerdo amplio que recondujera la articulación política y financiera de Catalunya en la democracia española. Eran los días de la España plural.La reforma del Estatut y del modelo de financiación aparecían como dos palancas básicas para esta reforma histórica, que permitiría a España entrar en la modernidad política en el tema territorial, y solucionar lo que se hizo mal en la transición y en el desarrollo constitucional.
¿Cuál es el balance para Catalunya de los gobiernos de Zapatero en torno a la España plural,el Estatut, la financiación y las infraestructuras? Pues tras cinco años, se trata de un balance francamente pobre (la decisión de la ampliación del aeropuerto pertenece a un periodo muy anterior, tras aprobarse la faraónica T4 madrileña). En estos años se ha mantenido el casi expolio fiscal que representa para los catalanes el actual sistema de financiación; se ha persistido en la escasa inversión anual del Gobierno central en Catalunya (una deuda histórica,esta de verdad); no se ha reformado la obsoleta gestión centralizada del aeropuerto de Barcelona para que tenga su centro de gravedad en Catalunya, y se ha continuado invadiendo competencias por parte del Gobierno central. El nuevo Estatut (2006), con todas sus limitaciones y decepciones, es una ley vigente, pero no lo parece.
¿Y ahora qué? En el horizonte inmediato aparecen dos temas estrella: el modelo de financiación y la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Se trata de dos temas de calado frente a los que el Gobierno de la Generalitat y los partidos catalanes deberían reaccionar si, como es previsible, se degrada aún más el autogobierno por vía interpretativa y no se cuenta con una financiación solvente.
Todo apunta a que el Gobierno central está proponiendo un modelo de financiación de cortos vuelos, escudado demagógicamente en la situación de crisis económica
- que es algo que técnicamente no incide en el modelo-.Parece que no va a ser ni mucho menos una propuesta para solucionar el problema de fondo. Ni en términos de equidad, ni en términos de eficacia. El Gobierno central sigue ahondando la perspectiva de que Catalunya avance con el freno de mano puesto. Lo cual, además de injusto e inaceptable para los catalanes, resulta irracional para el conjunto del sistema.
Tras el actual desapego generalizado de la población catalana sobre la situación política de los tres últimos años - manifestado en diversos indicadores de desafección política (abstención, resultados de encuestas de opinión...)-,la organización política que parece clave en estos momentos es el PSC. Se trata de un partido que nunca se ha opuesto al PSOE, especialmente en los tramos decisivos de las decisiones, cuando impera una lógica de confrontación con el Gobierno central. Una vez asumida la presidencia de la Generalitat, parecía que esta actuación iba a cambiar, cuando menos en términos institucionales. ¿Qué actitud política adoptará este partido desde el Gobierno de la Generalitat, desde sus 25 diputados en el Congreso (presupuestos del Estado) y sus dos ministros frente a los dos temas mencionados?; ¿qué deberían hacer unos y otros frente a las probables decepciones del modelo de financiación?; ¿y frente a la previsible interpretación a la baja del autogobierno por parte de un TC deslegitimado y manipulado por los dos grandes partidos españoles? ¿Va a ser asumido un modelo de financiación insuficiente y acatada sin más la sentencia del TC si vulnera aspectos clave del autogobierno? El país debe reaccionar. La sociedad civil puede sumarse a una reacción, pero el liderazgo político resulta imprescindible.
Estamos entrando en una nueva fase política. El futuro inmediato del país parece que va a estar presidido por una lógica de confrontación más que de consenso en las relaciones con el Gobierno central. Y para ello Catalunya necesita gobiernos fuertes. El tripartito no lo es. Tampoco lo sería un gobierno de CiU en solitario. El país necesita gobiernos nacionales, coherentes, estables y con programas políticamente ambiciosos que sitúen y refuercen al país en un mundo crecientemente competitivo e interconectado. Europa ya es pequeña como marco de actuación. La clase política catalana habla de globalización, pero todavía mira demasiado a España. El marco de actuación es el mundo. Hace falta más valentía, establecer objetivos claros y, si es necesario, tirar pel dret.
Catalunya necesita gobiernos transversales que tomen decisiones estratégicas en los temas cruciales de futuro (infraestructuras, economía, investigación-innovación, proyección exterior, inmigración, autogobierno, etcétera). Unas decisiones que los gobiernos débiles no toman. Estos últimos incentivan una lógica de gobierno-oposición que propicia una confrontación entre los partidos catalanes. Una lógica basada en reproches mutuos de muy poco alcance político en términos de futuro y que, además, fomentan la desafección ciudadana. Estamos en un momento en el que urge una recuperación de la política en su sentido más amplio y más noble. ¿Estarán el PSC y el resto de partidos a la altura del momento?, ¿o vamos a seguir con letanías de reproches internos? Desde una perspectiva de país, los verdaderos adversarios no están dentro de Catalunya, están fuera.
F. REQUEJO, catedrático de Ciencia Política (UPF) y coautor de ´Desigualtats en democràcia´ (Eumo, 2009)
viernes, 26 de junio de 2009
DISCUTIR COMO AYER
Antoni Puigverd
¿Viejas polémicas catalanas para responder a preguntas económicas de hoy?
La discusión que han mantenido mis admirados Francesc de Carreras, Toni Soler y Jordi Barbeta, a propósito de la gestión del aeropuerto de El Prat, demuestra que todavía tardará algún tiempo el periodismo catalán en tomar conciencia del agotamiento de la narración que ha centrado los últimos treinta años. Soler y Barbeta, efectivamente, cayeron en el prejuicio de confundir la referencia de De Carreras a la Generalitat con una referencia a Catalunya y aprovecharon la ocasión para ironizar sobre sus posiciones. Pero De Carreras describe las relaciones de poder en España en términos abstractos o jurídicos: como si no existieran intereses en disputa, como si no estuviera en juego mucho que perder o que ganar para todos los catalanes, sea cual sea su sentimiento, cuando hablamos de la gestión de un aeropuerto, un instrumento fundamental de la política económica en la era global, según han explicado tantas veces en nuestras páginas Pedro Nueno y Germà Bel. De Carreras usa expresiones aparentemente objetivas que sólo pueden valorarse subjetivamente: "el reparto de competencias (…) debe hacerse por razones de eficacia".
Asistimos, de un tiempo a esta parte, a una nueva idealización tecnocrática. Sucede siempre que la política entra en crisis de confianza. La gestión administrativa adquiere, por contraste, un aura de "asepsia" y "neutralidad". Lo técnico, especialmente en los añejos pasillos del Estado, no estaría "contaminado" por lo político (ni por lo sentimental, siempre sospechoso de obsceno interés o irracionalidad). Sólo en un caso la tecnocracia estaría contaminada: la Administración autonómica. Mientras todo el mundo se rasga las vestiduras (yo el primero) por los excesos suntuarios de las autonomías (trajes, coches o viajes), nunca los medios sospechan de los excesos de la Administración del Estado. Ysi, como sucede ahora, se revelan supuestos gastos faraónicos del director de lo servicios secretos (CNI), no se cuestiona la funcionalidad del sistema: se cuestiona al personaje, pretexto en realidad, de la enésima batalla por el control del poder central.
Planteada en los términos de mis queridos colegas, la polémica sobre la gestión del aeropuerto confronta inútilmente dos prejuicios. Pero el tiempo de este dilema ya ha pasado. La gestión de Aena, técnicamente impecable, responde a una visión radial de España, que bloquea la conversión de Barcelona en nódulo de la red global y, por lo tanto, la provincializa económicamente. Infinitamente más decisivo que un poco más o menos de nación en el Estatut era, por lo tanto, la cuestión del aeropuerto. La narración política todavía da vueltas a la noria sentimental, pero los cambios en la estructura económica de España deberían suscitar en todos los catalanes, piensen o sientan como De Carreras o como Soler, una reflexión: Si nos interesa defender hoy la potencialidad de Barcelona, ¿qué hay que hacer?
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La vanguardia. 26-6-09
¿Viejas polémicas catalanas para responder a preguntas económicas de hoy?
La discusión que han mantenido mis admirados Francesc de Carreras, Toni Soler y Jordi Barbeta, a propósito de la gestión del aeropuerto de El Prat, demuestra que todavía tardará algún tiempo el periodismo catalán en tomar conciencia del agotamiento de la narración que ha centrado los últimos treinta años. Soler y Barbeta, efectivamente, cayeron en el prejuicio de confundir la referencia de De Carreras a la Generalitat con una referencia a Catalunya y aprovecharon la ocasión para ironizar sobre sus posiciones. Pero De Carreras describe las relaciones de poder en España en términos abstractos o jurídicos: como si no existieran intereses en disputa, como si no estuviera en juego mucho que perder o que ganar para todos los catalanes, sea cual sea su sentimiento, cuando hablamos de la gestión de un aeropuerto, un instrumento fundamental de la política económica en la era global, según han explicado tantas veces en nuestras páginas Pedro Nueno y Germà Bel. De Carreras usa expresiones aparentemente objetivas que sólo pueden valorarse subjetivamente: "el reparto de competencias (…) debe hacerse por razones de eficacia".
Asistimos, de un tiempo a esta parte, a una nueva idealización tecnocrática. Sucede siempre que la política entra en crisis de confianza. La gestión administrativa adquiere, por contraste, un aura de "asepsia" y "neutralidad". Lo técnico, especialmente en los añejos pasillos del Estado, no estaría "contaminado" por lo político (ni por lo sentimental, siempre sospechoso de obsceno interés o irracionalidad). Sólo en un caso la tecnocracia estaría contaminada: la Administración autonómica. Mientras todo el mundo se rasga las vestiduras (yo el primero) por los excesos suntuarios de las autonomías (trajes, coches o viajes), nunca los medios sospechan de los excesos de la Administración del Estado. Ysi, como sucede ahora, se revelan supuestos gastos faraónicos del director de lo servicios secretos (CNI), no se cuestiona la funcionalidad del sistema: se cuestiona al personaje, pretexto en realidad, de la enésima batalla por el control del poder central.
Planteada en los términos de mis queridos colegas, la polémica sobre la gestión del aeropuerto confronta inútilmente dos prejuicios. Pero el tiempo de este dilema ya ha pasado. La gestión de Aena, técnicamente impecable, responde a una visión radial de España, que bloquea la conversión de Barcelona en nódulo de la red global y, por lo tanto, la provincializa económicamente. Infinitamente más decisivo que un poco más o menos de nación en el Estatut era, por lo tanto, la cuestión del aeropuerto. La narración política todavía da vueltas a la noria sentimental, pero los cambios en la estructura económica de España deberían suscitar en todos los catalanes, piensen o sientan como De Carreras o como Soler, una reflexión: Si nos interesa defender hoy la potencialidad de Barcelona, ¿qué hay que hacer?
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La vanguardia. 26-6-09
miércoles, 27 de mayo de 2009
EL HIMNO NACIONAL
Algunos dirigentes del PP han manifestado sus intenciones de elevar a los tribunales o a altas instancias la pita al himno nacional. Aquí tenemos otra opinión.PB
Un himno a la prudencia
1. • Despreciar los símbolos ajenos tiene una consecuencia: que los nuestros reciban el mismo trato
JOAN J. Queralt El Periociodo 25 05 09
La sonora pita que recibió el himno español en la final de la Copa del Rey, celebrada el pasado 13 de mayo en Mestalla, dio rienda suelta a las estulticias patrias y trajo a mi memoria dos escenas cinematográficas. La más antigua pertenece a la infancia: en Un taxi para Tobruk (1960), Lino Ventura, al paso de la bandera francesa en el desfile del 14 de julio, sale de la ensoñación (el recuerdo de la epopeya vivida y que nos acaba de servir la pantalla) cuando el listillo de turno le increpa por no descubrirse al paso de la enseña nacional. En la más reciente, La ciutat cremada (1976) el Barça llega a la estación de França desde Madrid con la primera Copa de la historia, y entre las aclamaciones a los ganadores, la Guardia Civil a caballo y sable plano en mano carga contra los clamores deportivos-patrióticos al persuasivo y racial grito de «¡Viva España, leche!»
Ambas escenas --y la de la pitada de Mestalla-- son muestras de un hecho esencial y olvidado: el patriotismo es algo que cada uno siente de forma diferente y expresa de forma diferente. Por tanto, no se puede obligar a nadie a ser patriota y a ser igual de patriota que uno mismo, pues ello tiene un efecto de exclusión de los que no pueden o no quieren integrarse en la misma comunidad sentimental, no siempre mínimamente racional. El patriotismo es un sentimiento, no un deber: algo así como la fe del carbonero.
Recordaba Andreu Mercè Varela que el Barcelona fue sancionado gubernativamente en los años cuarenta por la falta de entusiasmo de la grada a la hora de vitorear al Caudillo cuando llegaba al campo de Les Corts. Quizá son los tiempos que añora el senador popular por Melilla al reclamar sanciones para el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao por el comportamiento de sus hinchadas. Ello al margen de hacer responder a dos entidades por el comportamiento de desconocidos.
El sentimiento hacia los símbolos, que cuando no son los propios se considera característico de un identitario cateto, requiere cierta empatía, una complicidad mínima. El hecho de que una mayoría de los catalanes y los vascos se sientan tan catalanes como españoles no dice nada acerca de cómo entienden esa españolidad, esa catalanidad o esa vasquicidad, demostrando, en contra del simplismo centralista y afrancesado, que se puede querer a papá, a mamá, al hermano, al novio o a la abuela, y hasta a la suegra, simultáneamente y con intensidades propias de cada relación, sin que un amor o una afinidad deban excluir o aminorar otro.
Durante la transición, también recordaba el umedo Juli Busquets que, cuando la bandera española paseada era la republicana, tenía una aceptación que no tenía la bicolor. Eso da una idea de, como mínimo, dos concepciones de España, una de las cuales quiere despegarse de la España eterna, que para otros es la única, en definitiva, válida. Tres cuartos de lo mismo sucede con quienes, sintiéndose los depositarios del grial catalán, que no van más allá de una cierta minoría catalana en todos los sentidos, reparten títulos de patriotismo cuatribarrado.
Si como, con acierto, señalaba días atrás en estas mismas páginas Juan-José López Burniol, vivimos «la profunda ruptura sentimental entre Catalunya y España, puesta de manifiesto en la ausencia de un proyecto compartido», el camino, si se desea, al menos por una de las partes, de restañar las heridas no es desde luego clamar por sanciones ni deportivas ni de ninguna clase. Acudir a las sanciones, aparte de inconveniente en el terreno emocional, es ilegítimo.
Si bien hemos tildado, con razón, de impropios los ataques del fundamentalismo islamista contra Rush- die o las caricaturas danesas sobre Mahoma, llevamos un año procesando y, en algún caso, condenando, caricaturas contra la Corona y sus miembros o la quema de sus fotos. Este redescubrimiento de quiméricos delitos de lesa majestad pretende tener su continuidad en la demonización de todos los catalanes y todos los vascos por el comportamiento, digámoslo claro, legítimo pero inconveniente de algunos aficionados en las gradas de Mestalla.
¿Por qué digo que es legítimo? Porque el desacuerdo público y gestual, incluido el más sonoro, es una cabal manifestación de la libertad de expresión, que aquí, para ser auténtica libertad de expresión, carece de límites. No saludar a la bandera o quemarla fueron actos que, en dos fechas muy señaladas, 1940 y 1969, el Tribunal Supremo (de Estados Unidos) declaró impunes e hijos de la libertad de expresión. Ambas sentencias están en el genoma de los sistemas democráticos.
Ahora bien, despreciar los símbolos ajenos por considerarlos odiosos --es irrelevante si es con razón o sin ella-- tiene una consecuencia obvia: que los nuestros pueden ser objeto del mismo escarnio. ¿Qué pensaríamos y que reacciones tendríamos si nuestros símbolos fueran tratados a la recíproca con igual desprecio? Hay una enorme distancia entre lo que se puede hacer, lo que se debe hacer y lo que hay que hacer. Esa distancia se recorre en un vehículo tan preciso como delicado: la prudencia. Prudencia que ya se ha practicado y, con éxito, entre nosotros. Recordemos la entrada de los Reyes en el Estadio de Montjuïc, en la inauguración de los Juegos Olímpicos: entraron a los sones consecutivos de la Marcha Real y Els segadors, respetuoso silencio y los militares presentes en posición de saludo. ¿Tanto cuesta un poco de prudencia?
Catedrático de Derecho Penal de la UB
Un himno a la prudencia
1. • Despreciar los símbolos ajenos tiene una consecuencia: que los nuestros reciban el mismo trato
JOAN J. Queralt El Periociodo 25 05 09
La sonora pita que recibió el himno español en la final de la Copa del Rey, celebrada el pasado 13 de mayo en Mestalla, dio rienda suelta a las estulticias patrias y trajo a mi memoria dos escenas cinematográficas. La más antigua pertenece a la infancia: en Un taxi para Tobruk (1960), Lino Ventura, al paso de la bandera francesa en el desfile del 14 de julio, sale de la ensoñación (el recuerdo de la epopeya vivida y que nos acaba de servir la pantalla) cuando el listillo de turno le increpa por no descubrirse al paso de la enseña nacional. En la más reciente, La ciutat cremada (1976) el Barça llega a la estación de França desde Madrid con la primera Copa de la historia, y entre las aclamaciones a los ganadores, la Guardia Civil a caballo y sable plano en mano carga contra los clamores deportivos-patrióticos al persuasivo y racial grito de «¡Viva España, leche!»
Ambas escenas --y la de la pitada de Mestalla-- son muestras de un hecho esencial y olvidado: el patriotismo es algo que cada uno siente de forma diferente y expresa de forma diferente. Por tanto, no se puede obligar a nadie a ser patriota y a ser igual de patriota que uno mismo, pues ello tiene un efecto de exclusión de los que no pueden o no quieren integrarse en la misma comunidad sentimental, no siempre mínimamente racional. El patriotismo es un sentimiento, no un deber: algo así como la fe del carbonero.
Recordaba Andreu Mercè Varela que el Barcelona fue sancionado gubernativamente en los años cuarenta por la falta de entusiasmo de la grada a la hora de vitorear al Caudillo cuando llegaba al campo de Les Corts. Quizá son los tiempos que añora el senador popular por Melilla al reclamar sanciones para el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao por el comportamiento de sus hinchadas. Ello al margen de hacer responder a dos entidades por el comportamiento de desconocidos.
El sentimiento hacia los símbolos, que cuando no son los propios se considera característico de un identitario cateto, requiere cierta empatía, una complicidad mínima. El hecho de que una mayoría de los catalanes y los vascos se sientan tan catalanes como españoles no dice nada acerca de cómo entienden esa españolidad, esa catalanidad o esa vasquicidad, demostrando, en contra del simplismo centralista y afrancesado, que se puede querer a papá, a mamá, al hermano, al novio o a la abuela, y hasta a la suegra, simultáneamente y con intensidades propias de cada relación, sin que un amor o una afinidad deban excluir o aminorar otro.
Durante la transición, también recordaba el umedo Juli Busquets que, cuando la bandera española paseada era la republicana, tenía una aceptación que no tenía la bicolor. Eso da una idea de, como mínimo, dos concepciones de España, una de las cuales quiere despegarse de la España eterna, que para otros es la única, en definitiva, válida. Tres cuartos de lo mismo sucede con quienes, sintiéndose los depositarios del grial catalán, que no van más allá de una cierta minoría catalana en todos los sentidos, reparten títulos de patriotismo cuatribarrado.
Si como, con acierto, señalaba días atrás en estas mismas páginas Juan-José López Burniol, vivimos «la profunda ruptura sentimental entre Catalunya y España, puesta de manifiesto en la ausencia de un proyecto compartido», el camino, si se desea, al menos por una de las partes, de restañar las heridas no es desde luego clamar por sanciones ni deportivas ni de ninguna clase. Acudir a las sanciones, aparte de inconveniente en el terreno emocional, es ilegítimo.
Si bien hemos tildado, con razón, de impropios los ataques del fundamentalismo islamista contra Rush- die o las caricaturas danesas sobre Mahoma, llevamos un año procesando y, en algún caso, condenando, caricaturas contra la Corona y sus miembros o la quema de sus fotos. Este redescubrimiento de quiméricos delitos de lesa majestad pretende tener su continuidad en la demonización de todos los catalanes y todos los vascos por el comportamiento, digámoslo claro, legítimo pero inconveniente de algunos aficionados en las gradas de Mestalla.
¿Por qué digo que es legítimo? Porque el desacuerdo público y gestual, incluido el más sonoro, es una cabal manifestación de la libertad de expresión, que aquí, para ser auténtica libertad de expresión, carece de límites. No saludar a la bandera o quemarla fueron actos que, en dos fechas muy señaladas, 1940 y 1969, el Tribunal Supremo (de Estados Unidos) declaró impunes e hijos de la libertad de expresión. Ambas sentencias están en el genoma de los sistemas democráticos.
Ahora bien, despreciar los símbolos ajenos por considerarlos odiosos --es irrelevante si es con razón o sin ella-- tiene una consecuencia obvia: que los nuestros pueden ser objeto del mismo escarnio. ¿Qué pensaríamos y que reacciones tendríamos si nuestros símbolos fueran tratados a la recíproca con igual desprecio? Hay una enorme distancia entre lo que se puede hacer, lo que se debe hacer y lo que hay que hacer. Esa distancia se recorre en un vehículo tan preciso como delicado: la prudencia. Prudencia que ya se ha practicado y, con éxito, entre nosotros. Recordemos la entrada de los Reyes en el Estadio de Montjuïc, en la inauguración de los Juegos Olímpicos: entraron a los sones consecutivos de la Marcha Real y Els segadors, respetuoso silencio y los militares presentes en posición de saludo. ¿Tanto cuesta un poco de prudencia?
Catedrático de Derecho Penal de la UB
lunes, 12 de enero de 2009
LO CATALAN COMO ANOMALÍA
La Vanguardia 12-01-09
Leer hasta el final. Gracies Francesc. (PB)
EL DIPLOMATICO Y EL NATIVO)
Francesc-Marc Álvaro
El proceso del nuevo Estatut y la inacabable negociación de la financiación nos han aburrido a todos
Hace algunas semanas, almorcé con un diplomático extranjero que tenía interés en comprender un poco las relaciones entre Catalunya y Madrid así como los singulares contornos de la política y la sociedad catalanas. Esta persona, representante de un país rico y desarrollado, con una acreditada cultura democrática a años luz de la española, hizo algo que resulta muy sensato pero que no es, me temo, demasiado frecuente: quiso saber de primera mano qué es Catalunya, más allá de lo que los medios madrileños de comunicación recogen y difunden, más allá también del clima político propio de la capital del Estado. Este diplomático no se desplazó a Barcelona para confirmar una tesis preestablecida ni lo hizo para documentar sus prejuicios. Tan sólo buscaba romper la burbuja y acceder directamente a una realidad distinta, hablando con personas de perfiles profesionales e ideológicos diversos. Sus preguntas eran inteligentes y su actitud abierta, como corresponde a un profesional de la diplomacia. El encuentro fue muy agradable e, inmediatamente, pensé lo siguiente: ¿por qué es tan difícil, por no decir imposible, mantener una charla tranquila y franca sobre estos asuntos con españoles de fuera de Catalunya, incluso con personas cultas, informadas y tolerantes?
El nativo catalán acostumbra a hacerse esta pregunta varias veces al año. Incluso si el nativo catalán es ajeno a toda militancia o sentimiento catalanista, como le ocurrió a un amigo que, durante las pasadas vacaciones navideñas, se lo pasó en grande con unas chicas que viven en Madrid y proceden de varias provincias. Todo fue como una seda hasta que se mentó a las bichas habituales: el Estatut, la financiación y la lengua catalana. Aquellas muchachas, con empleos de alto nivel y acostumbradas a moverse en un mundo marcado por la globalización y la diversidad de mentalidades y culturas, se transformaron en fanáticas juezas de la Santa Inquisición, capaces de condenar en cinco minutos a todo aquel que no encaje en su esquema sagrado, inmutable y único de lo que debe ser España. ¿Por qué resulta imposible hablar con esas chicas como hablé yo con el diplomático extranjero? La respuesta tiene que ver con el respeto. Y el respeto tiene que ver con la percepción del otro. ¿Podemos aceptar que el otro no sea ni se conduzca según el patrón que se trata de imponer? Al final del debate, siempre aparece lo mismo: lo catalán como anomalía sospechosa, insoportable. De ahí derivan opiniones muy arraigadas que sirven de poderoso filtro a todas las noticias: hablan catalán para que no les entendamos, quieren quedarse con todo el dinero, se creen superiores a los demás...
El encuentro con el diplomático extranjero, más allá de constatar lo impracticable de un diálogo civil atenazado por una cultura política reaccionaria basada en el uniformismo, me llevó a otra conclusión. Estamos tan cansados de hablar de ciertas cosas que sólo nos anima hacerlo con aquellos que, observando el problema desde lejos, consiguen aportar preguntas nuevas y observaciones originales que airean el debate. El proceso del nuevo Estatut y la inacabable negociación de la financiación autonómica nos han aburrido a todos, incluso a los que, por convicción y profesión, no podemos desconectar. Esta fatiga del catalanismo, que algunos van anunciando como un mantra cada cierto tiempo, esta vez es más real que nunca, lo cual es paradójico: Catalunya necesita hoy disponer con urgencia de instrumentos legales y recursos suficientes para impedir el colapso de una sociedad que ha crecido por encima de toda previsión y que, además, es un destino preferido de la nueva inmigración que llega a España. Pero este cansancio catalanista, que es más propio del mundo de las ideas que otra cosa, no debería bloquear la toma de decisiones políticas ante los retos que se nos avecinan. Y no lo digo tanto por la inexistencia de un plan B si nos recortan el Estatut o nos ofrecen una financiación de pena. Lo digo por lo previsible y mediocre del juego táctico diario de los partidos, donde sobran defensas que sólo saben romper piernas y faltan delanteros goleadores.
Con todo, y a pesar de lo dicho, hay algo peor que la sensación de estar removiendo cada día las mismas expectativas frustrantes. Es mucho más preocupante ese tipo de derrotismo indiscriminado que sentencia, malhumorado, que "tot és una merda". Desde hace algunos meses, he escuchado esta frase a catalanistas y a no catalanistas, y a votantes de varios partidos, tanto de los que están en el Govern como en la oposición. Los primeros que adoptaron esta frase fueron los que confundieron su suerte personal con la del conjunto del país. Luego, otros muchos, de buena fe, también han repetido y repiten que todo es un desastre. La tentación de sumarse a esta opinión es alta, ciertamente. Pero este diagnóstico no sirve de nada. Para poner fin a la mediocridad política hace falta distinguir y matizar en la crítica.
Cuando ya tomábamos el café, el diplomático me preguntó por mi familia. Le conté que mi abuelo paterno había nacido en Torre Pacheco, en Murcia, y que había venido a Catalunya para trabajar en las obras de la Exposición Internacional de 1929. Marcos ÁlvaroHortelano, mi abuelo, si todavía viviera, no me permitiría decir que "tot és una merda". Tal vez me preguntaría qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para cambiar este panorama.
Leer hasta el final. Gracies Francesc. (PB)
EL DIPLOMATICO Y EL NATIVO)
Francesc-Marc Álvaro
El proceso del nuevo Estatut y la inacabable negociación de la financiación nos han aburrido a todos
Hace algunas semanas, almorcé con un diplomático extranjero que tenía interés en comprender un poco las relaciones entre Catalunya y Madrid así como los singulares contornos de la política y la sociedad catalanas. Esta persona, representante de un país rico y desarrollado, con una acreditada cultura democrática a años luz de la española, hizo algo que resulta muy sensato pero que no es, me temo, demasiado frecuente: quiso saber de primera mano qué es Catalunya, más allá de lo que los medios madrileños de comunicación recogen y difunden, más allá también del clima político propio de la capital del Estado. Este diplomático no se desplazó a Barcelona para confirmar una tesis preestablecida ni lo hizo para documentar sus prejuicios. Tan sólo buscaba romper la burbuja y acceder directamente a una realidad distinta, hablando con personas de perfiles profesionales e ideológicos diversos. Sus preguntas eran inteligentes y su actitud abierta, como corresponde a un profesional de la diplomacia. El encuentro fue muy agradable e, inmediatamente, pensé lo siguiente: ¿por qué es tan difícil, por no decir imposible, mantener una charla tranquila y franca sobre estos asuntos con españoles de fuera de Catalunya, incluso con personas cultas, informadas y tolerantes?
El nativo catalán acostumbra a hacerse esta pregunta varias veces al año. Incluso si el nativo catalán es ajeno a toda militancia o sentimiento catalanista, como le ocurrió a un amigo que, durante las pasadas vacaciones navideñas, se lo pasó en grande con unas chicas que viven en Madrid y proceden de varias provincias. Todo fue como una seda hasta que se mentó a las bichas habituales: el Estatut, la financiación y la lengua catalana. Aquellas muchachas, con empleos de alto nivel y acostumbradas a moverse en un mundo marcado por la globalización y la diversidad de mentalidades y culturas, se transformaron en fanáticas juezas de la Santa Inquisición, capaces de condenar en cinco minutos a todo aquel que no encaje en su esquema sagrado, inmutable y único de lo que debe ser España. ¿Por qué resulta imposible hablar con esas chicas como hablé yo con el diplomático extranjero? La respuesta tiene que ver con el respeto. Y el respeto tiene que ver con la percepción del otro. ¿Podemos aceptar que el otro no sea ni se conduzca según el patrón que se trata de imponer? Al final del debate, siempre aparece lo mismo: lo catalán como anomalía sospechosa, insoportable. De ahí derivan opiniones muy arraigadas que sirven de poderoso filtro a todas las noticias: hablan catalán para que no les entendamos, quieren quedarse con todo el dinero, se creen superiores a los demás...
El encuentro con el diplomático extranjero, más allá de constatar lo impracticable de un diálogo civil atenazado por una cultura política reaccionaria basada en el uniformismo, me llevó a otra conclusión. Estamos tan cansados de hablar de ciertas cosas que sólo nos anima hacerlo con aquellos que, observando el problema desde lejos, consiguen aportar preguntas nuevas y observaciones originales que airean el debate. El proceso del nuevo Estatut y la inacabable negociación de la financiación autonómica nos han aburrido a todos, incluso a los que, por convicción y profesión, no podemos desconectar. Esta fatiga del catalanismo, que algunos van anunciando como un mantra cada cierto tiempo, esta vez es más real que nunca, lo cual es paradójico: Catalunya necesita hoy disponer con urgencia de instrumentos legales y recursos suficientes para impedir el colapso de una sociedad que ha crecido por encima de toda previsión y que, además, es un destino preferido de la nueva inmigración que llega a España. Pero este cansancio catalanista, que es más propio del mundo de las ideas que otra cosa, no debería bloquear la toma de decisiones políticas ante los retos que se nos avecinan. Y no lo digo tanto por la inexistencia de un plan B si nos recortan el Estatut o nos ofrecen una financiación de pena. Lo digo por lo previsible y mediocre del juego táctico diario de los partidos, donde sobran defensas que sólo saben romper piernas y faltan delanteros goleadores.
Con todo, y a pesar de lo dicho, hay algo peor que la sensación de estar removiendo cada día las mismas expectativas frustrantes. Es mucho más preocupante ese tipo de derrotismo indiscriminado que sentencia, malhumorado, que "tot és una merda". Desde hace algunos meses, he escuchado esta frase a catalanistas y a no catalanistas, y a votantes de varios partidos, tanto de los que están en el Govern como en la oposición. Los primeros que adoptaron esta frase fueron los que confundieron su suerte personal con la del conjunto del país. Luego, otros muchos, de buena fe, también han repetido y repiten que todo es un desastre. La tentación de sumarse a esta opinión es alta, ciertamente. Pero este diagnóstico no sirve de nada. Para poner fin a la mediocridad política hace falta distinguir y matizar en la crítica.
Cuando ya tomábamos el café, el diplomático me preguntó por mi familia. Le conté que mi abuelo paterno había nacido en Torre Pacheco, en Murcia, y que había venido a Catalunya para trabajar en las obras de la Exposición Internacional de 1929. Marcos ÁlvaroHortelano, mi abuelo, si todavía viviera, no me permitiría decir que "tot és una merda". Tal vez me preguntaría qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para cambiar este panorama.
BARCELONA-PUIGCERDA LO MISMO QUE EN 1906
¿QUE HA HECHO EL CONDUCTOR PARA MERECER ESTO?
Antoni Puigverd (La Vanguardia 12-01-09)
El transporte público es, en efecto, la utopía de los que multan y decretan la reducción de velocidades
Un lector de La Vanguardia,Albert Altés, contaba ayer domingo las veces que tiene que cambiar de velocidad en sus diarios desplazamientos laborales de Barcelona a Igualada. Unas 21 veces en 62 kilómetros. Albert Altés transmitía la estupefacción, literalmente kafkiana, del ciudadano inocente obligado a prestar atención a los constantes cambios de órdenes impuestos por una autoridad que, imperando en las carreteras a través de los ojos de los radares, se dispone a castigarle al menor descuido.
Centenares de miles de personas se encuentran diariamente en la situación de nuestro maravillado lector. Para emprender una ardua jornada laboral (que, a lo peor, no es solamente ardua, sino angustiada por la crisis), estos infelices deben lanzarse forzosamente a las carreteras del país, pues, si bien los ayuntamientos de la magna conurbación barcelonesa favorecieron la expansión de la ciudad difusa, nadie tuvo en cuenta la urgencia de un sistema de comunicaciones adecuado.
Bastantes de estos sufridos conductores, ya de entrada, pagarán peaje. Más afortunados, otros sólo tirarán parte del sueldo despilfarrando involuntariamente gasolina: atrapados en alguna de las muchas e interminables colas de las primeras horas del día, arrancando y parando una y mil veces. Los colapsos obligan a gastar algo más que gasolina: tiempo. El coche está parado, pero los minutos corren, y los nervios están a flor de piel. Un día más, muchos llegarán tarde al trabajo.
De repente (como sucede por ejemplo en el nudo de El Papiol), algunos conductores se sienten provisionalmente liberados: habían estado largamente detenidos en la autopista, pero, superado el embudo, encaran con cierto desahogo la autovía que conduce a Barcelona. ¡Albricias! El asfalto está relativamente libre. Unos kilómetros más tarde, a la altura de Sant Feliu, los coches procedentes de la congestionada zona de Cornellà y de El Prat formarán otro monumental nudo sádico, con lo que la entrada a Barcelona será insoportablemente lenta (y, de nuevo, carísima en tiempo y gasolina).
Los conductores lo saben. Y desearían apretar el acelerador a 120 para aprovechar estos escasos kilómetros de libertad que hay entre el embudo ya superado y el embudo que les espera. Saben que podrían ganar algo de tiempo al retraso acumulado: la caridad de unos maravillosos minutos. Pero la severidad del ojo del radar es inquebrantable: podrías reducir tu retraso, sí, pero no te dejo. ¡A 80, y punto!
Al infeliz conductor de todo le acusan y por todo le arrean. Compró el modelo que conduce, sugestionado por publicistas que asociaban coche a libertad. Pero está siempre encarcelado en un colapso. Si, cuando las carreteras están libres, su coche se desmelena, le acusan de contaminar y de provocar accidentes. Sermón y multa que te crió.
No satisfechas con el sermón y la multa, las autoridades conminan ahora al infeliz conductor a que cambie de modelo. "Tome conciencia de que la industria automovilística es decisiva: ¡el mantenimiento de muchos puestos de trabajo depende de usted!". La misma autoridad que le conmina a comprar coches y le acusa de contaminar, le avisa ahora de que circular a 80 hora es demasiado. ¡Pronto circulará usted a 40! Cuando esto suceda, el lector Albert Altés y todos los infelices conductores que intentan no perder puntos ni pagar multas deberán contratar un investigador privado para aclarar cuántos indicativos de cambio de velocidad habrá que obedecer entre Barcelona e Igualada.
El infeliz conductor que depende del coche para llegar al trabajo y que gasta lo que no gana en gasolina y peajes se alegra cuando, atrapado en un colapso, escucha por la radio a un mandamás cantar las excelencias del transporte público. El transporte público es, en efecto, la utopía de los que multan y decretan la reducción de velocidades.
El infeliz ciudadano se consuela con esta utopía. Una vez cogió el tren de Igualada a Barcelona y tardó... ¡103 minutos! Peor lo tienen los de Vic, según recordó un candidato del partido que más sermonea al infeliz conductor. Se tarda hoy en tren de Barcelona a Puigcerdà lo mismo que en 1906, cuando Narcís Oller publicó la novela Pilar Prim,que relata un delicioso viaje entre las dos poblaciones.
El mundo se desencuaderna económicamente, el planeta se degrada, las carreteras se colapsan, una parte significativa de la red ferroviaria funciona como 100 años atrás, pero los que mandan no dudan: el conductor corriente y moliente es el único que va pasar por el aro. Atrapado y al borde de un ataque de nervios, el infeliz conductor se pregunta: ¿qué he hecho yo para merecer esto?
Antoni Puigverd (La Vanguardia 12-01-09)
El transporte público es, en efecto, la utopía de los que multan y decretan la reducción de velocidades
Un lector de La Vanguardia,Albert Altés, contaba ayer domingo las veces que tiene que cambiar de velocidad en sus diarios desplazamientos laborales de Barcelona a Igualada. Unas 21 veces en 62 kilómetros. Albert Altés transmitía la estupefacción, literalmente kafkiana, del ciudadano inocente obligado a prestar atención a los constantes cambios de órdenes impuestos por una autoridad que, imperando en las carreteras a través de los ojos de los radares, se dispone a castigarle al menor descuido.
Centenares de miles de personas se encuentran diariamente en la situación de nuestro maravillado lector. Para emprender una ardua jornada laboral (que, a lo peor, no es solamente ardua, sino angustiada por la crisis), estos infelices deben lanzarse forzosamente a las carreteras del país, pues, si bien los ayuntamientos de la magna conurbación barcelonesa favorecieron la expansión de la ciudad difusa, nadie tuvo en cuenta la urgencia de un sistema de comunicaciones adecuado.
Bastantes de estos sufridos conductores, ya de entrada, pagarán peaje. Más afortunados, otros sólo tirarán parte del sueldo despilfarrando involuntariamente gasolina: atrapados en alguna de las muchas e interminables colas de las primeras horas del día, arrancando y parando una y mil veces. Los colapsos obligan a gastar algo más que gasolina: tiempo. El coche está parado, pero los minutos corren, y los nervios están a flor de piel. Un día más, muchos llegarán tarde al trabajo.
De repente (como sucede por ejemplo en el nudo de El Papiol), algunos conductores se sienten provisionalmente liberados: habían estado largamente detenidos en la autopista, pero, superado el embudo, encaran con cierto desahogo la autovía que conduce a Barcelona. ¡Albricias! El asfalto está relativamente libre. Unos kilómetros más tarde, a la altura de Sant Feliu, los coches procedentes de la congestionada zona de Cornellà y de El Prat formarán otro monumental nudo sádico, con lo que la entrada a Barcelona será insoportablemente lenta (y, de nuevo, carísima en tiempo y gasolina).
Los conductores lo saben. Y desearían apretar el acelerador a 120 para aprovechar estos escasos kilómetros de libertad que hay entre el embudo ya superado y el embudo que les espera. Saben que podrían ganar algo de tiempo al retraso acumulado: la caridad de unos maravillosos minutos. Pero la severidad del ojo del radar es inquebrantable: podrías reducir tu retraso, sí, pero no te dejo. ¡A 80, y punto!
Al infeliz conductor de todo le acusan y por todo le arrean. Compró el modelo que conduce, sugestionado por publicistas que asociaban coche a libertad. Pero está siempre encarcelado en un colapso. Si, cuando las carreteras están libres, su coche se desmelena, le acusan de contaminar y de provocar accidentes. Sermón y multa que te crió.
No satisfechas con el sermón y la multa, las autoridades conminan ahora al infeliz conductor a que cambie de modelo. "Tome conciencia de que la industria automovilística es decisiva: ¡el mantenimiento de muchos puestos de trabajo depende de usted!". La misma autoridad que le conmina a comprar coches y le acusa de contaminar, le avisa ahora de que circular a 80 hora es demasiado. ¡Pronto circulará usted a 40! Cuando esto suceda, el lector Albert Altés y todos los infelices conductores que intentan no perder puntos ni pagar multas deberán contratar un investigador privado para aclarar cuántos indicativos de cambio de velocidad habrá que obedecer entre Barcelona e Igualada.
El infeliz conductor que depende del coche para llegar al trabajo y que gasta lo que no gana en gasolina y peajes se alegra cuando, atrapado en un colapso, escucha por la radio a un mandamás cantar las excelencias del transporte público. El transporte público es, en efecto, la utopía de los que multan y decretan la reducción de velocidades.
El infeliz ciudadano se consuela con esta utopía. Una vez cogió el tren de Igualada a Barcelona y tardó... ¡103 minutos! Peor lo tienen los de Vic, según recordó un candidato del partido que más sermonea al infeliz conductor. Se tarda hoy en tren de Barcelona a Puigcerdà lo mismo que en 1906, cuando Narcís Oller publicó la novela Pilar Prim,que relata un delicioso viaje entre las dos poblaciones.
El mundo se desencuaderna económicamente, el planeta se degrada, las carreteras se colapsan, una parte significativa de la red ferroviaria funciona como 100 años atrás, pero los que mandan no dudan: el conductor corriente y moliente es el único que va pasar por el aro. Atrapado y al borde de un ataque de nervios, el infeliz conductor se pregunta: ¿qué he hecho yo para merecer esto?
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