CUADERNO DE MADRID
No, no hemos chocado con España; hemos colisionado con el macizo de la raza y la olla exprés madrileña
Enric Juliana | 29/11/2009 | Actualizada a las 03:31h | Política
Tras intensas pesquisas, el comisario Arcadi Espada ha llegado a la conclusión de que el editorial titulado "La dignidad de Catalunya" fue redactado por El Notari y L´Emprenyat.
Así lo reportaba ayer el diario El Mundo. Casi a la misma hora, la cadena Ser atribuía al conseller Joaquim Nadal - es decir, a los aviesos despachos de la política - la inspiración del texto que tantos furores esta semana ha levantado. (Frío, frío).
Mientras nuestro inquieto Maigret y la Ser se ponen de acuerdo sobre la hora, el lugar y el grado de culpabilidad de los sospechosos, L´Emprenyat (un servidor) y el Notari (Juan José López Burniol) preparan el hatillo - ¿Soto del Real?-,porque hay que dar la cara. El texto tiene autor (los doce diarios que lo publicaron), y lógicamente ha tenido quien lo esboce. Son las cuatro de la madrugada, el foco nos ciega, hemos agotado los cigarrillos y el hábil interrogatorio nos recuerda no sé qué artículo del Código Penal. Confesamos. ¿Dónde hay que firmar, comisario Creix?
Burniol es buen amigo, un gran profesional y una persona íntegra. A mí ya me conocen. Un día, creo que en el 2003, acuñé lo del català emprenyat, y el personaje comenzó a ir de aquí para allá como una pelota de goma. Intentaba describir - antes del advenimiento del primer tripartito-el surgimiento en Catalunya de un malestar persistente, muy parecido al crónico disagio que hace veinte años inundó el valle del Po, en el norte de Italia. Desde entonces el català emprenyat no ha dejado de perseguirme, y el comisario ahora melo endosa con unas gotas de vitriolo. Gazielet me llama. Imagínense, todo un honor para un chico criado entre la playa y la térmica del Besòs. Los del Pont del Petroli sabemos leer lo que hay detrás de un agudo resentimiento.
A los hechos, que decía Ortega. La furibunda reacción de una parte de la prensa de Madrid ha engrandecido un editorial que no amenaza a nadie. ¿Acaso es una coacción recordar a los jueces que los pactos políticos deben ser tenidos en cuenta y que la prudencia es la máxima virtud jurídica? Agigantado por sus detractores - muchas gracias-,el texto, que evidentemente no rehuye la eficacia retórica, invita a levantar la cabeza y recuerda al equilibrista José Luis Rodríguez Zapatero que con el asunto del Estatut no hay escaqueo posible. Quien prometió tanto en Barcelona no puede poner las luces intermitentes cuando vienen mal dadas. Quizá tenía que haber leído primero La velada en Benicarló de Manuel Azaña, editada y prologada en 1974 y el 2005 por Manuel Aragón, el magistrado progresista al que le duele España. El verso suelto del Tribunal Constitucional es azañista: no jacobino. El Estatut depende ahora de su voto y del eco del presidente que no pudo evitar la Guerra Civil. El peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Los catalanes lo sabemos bien.
Hay un hartazgo. Ni una, ni dos, ni tres dosis de George Lakoff modificarán el marco mental de la gran mayoría de los catalanes sobre este asunto. No somos la simple reserva electoral del nordeste. La disyuntiva o Yo (Zapatero) o Barrabás (el PP) se está agotando en Catalunya, aunque la España iracunda se esfuerce en evitarlo.
A los hechos. Mariano Rajoy no se ha sumado al cortejo de los furiosos y ayer se lo recriminaban. En Aragón y en la Comunitat Valenciana, el sismógrafo apenas se ha movido. Calma en el resto de España. Es preciso tener estos días una noción clara del alcance de la colisión. Hemos chocado con el macizo de la raza, que decía Dionisio Ridruejo, y con el epifenómeno madrileño: esos cuatro diarios que compiten nerviosamente por su público más radical. El centro secuestrado por la extrema derecha.
Los entusiasmos también deben ser leídos con cautela. Son significativos, pero volátiles. Lo más importante es que Catalunya ha vuelto a demostrar estos días que es una de las sociedades más democráticas - más horizontales-de España. Es así y no hay por qué callarlo. Seis partidos en el Parlament, como en Holanda, un asociacionismo que aún es intenso, la ausencia de grandísimas oligarquías económicas, una Iglesia católica no autoritaria y una tradición mesocrática que configura un sistema específico, con idioma propio. Catalunya es democrática y no está enferma, por muchos que sean los problemas, los millets y las desafecciones.
No, no hay que callarse. Por lo tanto, Espada, gracias por la delación.
domingo, 29 de noviembre de 2009
sábado, 28 de noviembre de 2009
UN POCO DE MEMORIA
Una voz autorizada en en El País
JAVIER PÉREZ ROYO 28/11/2009
El Estado autonómico se ha construido mediante enfrentamientos muy profundos que se acabaron canalizando a través de pactos de naturaleza política negociados de buena fe, que, en ningún momento sacralizaron el texto constitucional y lo convirtieron en un obstáculo para alcanzar un acuerdo.
El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán
Tras la entrada en vigor de la Constitución y la celebración de las primeras elecciones constitucionales en la primavera de 1979, el Gobierno de Suárez puso en marcha el proceso de construcción del Estado autonómico, negociando con suma rapidez con País Vasco y Cataluña, cuyos Estatutos quedaron aprobados en noviembre y pudieron ser sometidos inmediatamente a referéndum. Hasta aquí no hubo ningún problema de constitucionalidad en el modo de proceder. A partir de este momento hubo varios.
El primero en Galicia. De manera, en mi opinión, no constitucional, el proyecto de Estatuto de Galicia que se aprobó en diciembre de 1979 rebajaba de manera considerable el derecho a la autonomía recogido por los Estatutos vasco y catalán. Nada había ni hay en la Constitución que justificara esa rebaja, ya que la norma fundamental se refiere, sin diferenciar, a los territorios que "en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía" y, por tanto, la diferenciación carecía de cobertura constitucional.
A este proceder anticonstitucional se anudó otro segundo: en lugar de someter el texto a referéndum de manera inmediata, como se había hecho con los textos de País Vasco y Cataluña, el gallego, ante el temor de que los ciudadanos dijeran que no en el referéndum de ratificación, se dejó sine die en el congelador. También sin cobertura constitucional.
El segundo, en Andalucía. Tras la decisión del Comité Ejecutivo de UCD, en enero de 1980, de que todas las demás regiones accederían a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, tuvo que convocarse en Andalucía el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica que prevé el artículo 151.1 CE, referéndum que se celebró el 28 de febrero de 1980 y que se ganó políticamente, pero se perdió jurídicamente, ya que la Constitución exigía la mayoría absoluta del censo electoral en cada una de las provincias y no en el conjunto de todas ellas y en Almería faltó un puñado de votos para esa mayoría.
Jurídicamente, Andalucía no hubiera podido constituirse en autonomía por la vía del artículo 151 CE. Políticamente, era imposible que no se constituyera por esa vía. La tensión entre legalidad y legitimidad se resolvió mediante los Pactos Autonómicos de 1981, que modificaron la Ley Orgánica de distintas modalidades de referéndum, de manera claramente anticonstitucional, para encajar el resultado del referéndum andaluz, y mediante la aprobación de una ley orgánica con base en el artículo 144 CE, para sustituir la iniciativa autonómica de Almería. Se aprovechó la ocasión para equiparar el Estatuto de Galicia al de Cataluña y País Vasco y poderlo someter a referéndum, además de para fijar el mapa autonómico y establecer el calendario de acceso a la autonomía de todas las demás regiones.
Las dudas de constitucionalidad que hubo en los procesos estatuyentes originarios por los cuales se inició la construcción del Estado autonómico, fueron muy superiores a las que se han podido suscitar con las reformas de los Estatutos. Si UCD se hubiera cerrado a cualquier posibilidad de pacto y hubiera considerado que era un tema que había que residenciar ante el Constitucional, nos hubiéramos metido en un callejón sin salida, que posiblemente habría condenado al fracaso a la Constitución en su integridad.
Un Estado políticamente descentralizado únicamente puede construirse con pactos políticos negociados de buena fe. Y la negociación de buena fe presupone que cada partido participa en ella con la representación que los ciudadanos le han dado. El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán y andaluz de la misma manera que participó en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, y no retirarse de la negociación porque no tenía mayoría y confiar en que, después, a través del Constitucional podría anularla. El Constitucional no puede resolver un problema de esta naturaleza. El Constitucional puede decidir si es constitucional o no un artículo de una determinada ley, estatal o autonómica, pero no puede decidir sobre una norma de naturaleza constitucional, que supone la plasmación del pacto de inserción de la parte en el todo, en este caso, de Cataluña en España.
JAVIER PÉREZ ROYO 28/11/2009
El Estado autonómico se ha construido mediante enfrentamientos muy profundos que se acabaron canalizando a través de pactos de naturaleza política negociados de buena fe, que, en ningún momento sacralizaron el texto constitucional y lo convirtieron en un obstáculo para alcanzar un acuerdo.
El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán
Tras la entrada en vigor de la Constitución y la celebración de las primeras elecciones constitucionales en la primavera de 1979, el Gobierno de Suárez puso en marcha el proceso de construcción del Estado autonómico, negociando con suma rapidez con País Vasco y Cataluña, cuyos Estatutos quedaron aprobados en noviembre y pudieron ser sometidos inmediatamente a referéndum. Hasta aquí no hubo ningún problema de constitucionalidad en el modo de proceder. A partir de este momento hubo varios.
El primero en Galicia. De manera, en mi opinión, no constitucional, el proyecto de Estatuto de Galicia que se aprobó en diciembre de 1979 rebajaba de manera considerable el derecho a la autonomía recogido por los Estatutos vasco y catalán. Nada había ni hay en la Constitución que justificara esa rebaja, ya que la norma fundamental se refiere, sin diferenciar, a los territorios que "en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía" y, por tanto, la diferenciación carecía de cobertura constitucional.
A este proceder anticonstitucional se anudó otro segundo: en lugar de someter el texto a referéndum de manera inmediata, como se había hecho con los textos de País Vasco y Cataluña, el gallego, ante el temor de que los ciudadanos dijeran que no en el referéndum de ratificación, se dejó sine die en el congelador. También sin cobertura constitucional.
El segundo, en Andalucía. Tras la decisión del Comité Ejecutivo de UCD, en enero de 1980, de que todas las demás regiones accederían a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, tuvo que convocarse en Andalucía el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica que prevé el artículo 151.1 CE, referéndum que se celebró el 28 de febrero de 1980 y que se ganó políticamente, pero se perdió jurídicamente, ya que la Constitución exigía la mayoría absoluta del censo electoral en cada una de las provincias y no en el conjunto de todas ellas y en Almería faltó un puñado de votos para esa mayoría.
Jurídicamente, Andalucía no hubiera podido constituirse en autonomía por la vía del artículo 151 CE. Políticamente, era imposible que no se constituyera por esa vía. La tensión entre legalidad y legitimidad se resolvió mediante los Pactos Autonómicos de 1981, que modificaron la Ley Orgánica de distintas modalidades de referéndum, de manera claramente anticonstitucional, para encajar el resultado del referéndum andaluz, y mediante la aprobación de una ley orgánica con base en el artículo 144 CE, para sustituir la iniciativa autonómica de Almería. Se aprovechó la ocasión para equiparar el Estatuto de Galicia al de Cataluña y País Vasco y poderlo someter a referéndum, además de para fijar el mapa autonómico y establecer el calendario de acceso a la autonomía de todas las demás regiones.
Las dudas de constitucionalidad que hubo en los procesos estatuyentes originarios por los cuales se inició la construcción del Estado autonómico, fueron muy superiores a las que se han podido suscitar con las reformas de los Estatutos. Si UCD se hubiera cerrado a cualquier posibilidad de pacto y hubiera considerado que era un tema que había que residenciar ante el Constitucional, nos hubiéramos metido en un callejón sin salida, que posiblemente habría condenado al fracaso a la Constitución en su integridad.
Un Estado políticamente descentralizado únicamente puede construirse con pactos políticos negociados de buena fe. Y la negociación de buena fe presupone que cada partido participa en ella con la representación que los ciudadanos le han dado. El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán y andaluz de la misma manera que participó en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, y no retirarse de la negociación porque no tenía mayoría y confiar en que, después, a través del Constitucional podría anularla. El Constitucional no puede resolver un problema de esta naturaleza. El Constitucional puede decidir si es constitucional o no un artículo de una determinada ley, estatal o autonómica, pero no puede decidir sobre una norma de naturaleza constitucional, que supone la plasmación del pacto de inserción de la parte en el todo, en este caso, de Cataluña en España.
Y que dice "EL MUNDO" ?
FERRER MOLINA
Viernes, 27 de noviembre de 2009.- La campaña en contra del Constitucional (que no contra la sentencia sobre el Estatuto, que no existe) y las amenazas de que su pronunciamiento quebrará la convivencia en Cataluña y las relaciones entre esta comunidad y el resto de España, no por alarmistas deberían influir en su trabajo.
En el caso de que, cuando se haga público el fallo, éste fuera mayoritariamente considerado negativo en Cataluña, como se dice, sólo podrían ocurrir dos cosas. Que la sociedad catalana aceptara con normalidad democrática la sentencia aun no compartiéndola (que sería lo lógico y deseable) o que, como vaticina su clase política, se creara una situación insostenible entre la Generalitat y el resto del Estado.
Ninguna de ambas hipótesis debería alterar el pulso de los magistrados. En el caso de que se diera el segundo supuesto, no sería desde luego al Alto Tribunal al que hubiera que pedir cuentas. Su trabajo es el de valorar la constitucionalidad de las leyes, no el de ponderar cómo reaccionarán o dejarán de hacerlo los afectados.
Una de las ventajas de vivir en democracia es que están perfectamente previstos los mecanismos para superar los problemas que genera la convivencia. Si la sociedad catalana ansía mayores cotas de autonomía está legitimada para solicitarlas, pero debe hacerlo por los cauces apropiados. Lo que no puede pretender es conseguirlas a costa de retorcer la Constitución. Eso sería un fraude.
Si los ciudadanos de Cataluña quieren que su comunidad se titule nación, si quieren tener derechos y deberes distintos a los del resto de españoles, quieren tener un Poder Judicial propio, quieren que la Generalitat mantenga con el Estado una relación bilateral y quieren que ésta desarrolle su propia política internacional, sólo por citar algunos ejemplos contemplados en el Estatuto, están en su derecho, pero para lograrlo quizás (a ver qué dice el Tribunal) tengan que cambiar antes la Constitución. Y hay mecanismos para hacerlo.
Lo que no es correcto es que se trate de romper el tablero o cambiar las reglas del juego cuando éstas no combienen a los intereses de una de las partes.
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Treballa a la Generalitat
Viernes, 27 de noviembre de 2009.- La campaña en contra del Constitucional (que no contra la sentencia sobre el Estatuto, que no existe) y las amenazas de que su pronunciamiento quebrará la convivencia en Cataluña y las relaciones entre esta comunidad y el resto de España, no por alarmistas deberían influir en su trabajo.
En el caso de que, cuando se haga público el fallo, éste fuera mayoritariamente considerado negativo en Cataluña, como se dice, sólo podrían ocurrir dos cosas. Que la sociedad catalana aceptara con normalidad democrática la sentencia aun no compartiéndola (que sería lo lógico y deseable) o que, como vaticina su clase política, se creara una situación insostenible entre la Generalitat y el resto del Estado.
Ninguna de ambas hipótesis debería alterar el pulso de los magistrados. En el caso de que se diera el segundo supuesto, no sería desde luego al Alto Tribunal al que hubiera que pedir cuentas. Su trabajo es el de valorar la constitucionalidad de las leyes, no el de ponderar cómo reaccionarán o dejarán de hacerlo los afectados.
Una de las ventajas de vivir en democracia es que están perfectamente previstos los mecanismos para superar los problemas que genera la convivencia. Si la sociedad catalana ansía mayores cotas de autonomía está legitimada para solicitarlas, pero debe hacerlo por los cauces apropiados. Lo que no puede pretender es conseguirlas a costa de retorcer la Constitución. Eso sería un fraude.
Si los ciudadanos de Cataluña quieren que su comunidad se titule nación, si quieren tener derechos y deberes distintos a los del resto de españoles, quieren tener un Poder Judicial propio, quieren que la Generalitat mantenga con el Estado una relación bilateral y quieren que ésta desarrolle su propia política internacional, sólo por citar algunos ejemplos contemplados en el Estatuto, están en su derecho, pero para lograrlo quizás (a ver qué dice el Tribunal) tengan que cambiar antes la Constitución. Y hay mecanismos para hacerlo.
Lo que no es correcto es que se trate de romper el tablero o cambiar las reglas del juego cuando éstas no combienen a los intereses de una de las partes.
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Treballa a la Generalitat
EL RESPETO
Acritud e insultos en la prensa de Madrid; un nerviosismo que refuerza el "inaudito editorial"
Enric Juliana | 28/11/2009 | Política
Quizá el problema principal no sea el de la eterna tensión entre uniformismo y diversidad, entre centro y periferia, entre unitaristas y federales, o entre nacionalistas de distinto signo. Quizá el más incorregible defecto de España sea el de la falta de respeto. Esa alma agreste que nunca descansa.
Alud de adhesiones al editorial conjunto en defensa del Estatut
La sociedad catalana no cesa en su apoyo al editorial pro Estatut
-------------------------------------------------------------------------------
Hay un vacío. Hay un defecto ancestral, apenas paliado por el aprendizaje de los buenos modales. Es un problema de fondo más que de forma. Hay en España una sustantiva falta de respeto.
La obligada respuesta de la prensa de Madrid al editorial conjunto de doce diarios catalanes sobre el Estatut y el Tribunal Constitucional confirmó ayer que el respeto, ese mecanismo de contención que te hace reflexionar unos segundos antes de apretar el botón de los insultos, sigue en horas bajas en la capital radial de las Españas. Madrid, esa gran ciudad en la que cuatro periódicos –¡cuatro!– compiten fieramente por la tutela intelectual del centroderecha. (¿Centroderecha? Bueno, con matices. Ese gran contenedor electoral al que solemos llamar centroderecha, más de un día merecería ser descrito como el centro secuestrado por la extrema derecha).
"Nazis", "cínicos", "vendidos", "sectarios", "falsarios", "rancios", "zarzueleros"... son algunos de los epítetos vertidos en las últimas cuarenta y ocho horas por algunos de los más destacados medios de comunicación capitalinos y sus satélites sobre la "inaudita iniciativa" de la prensa catalana. Ladran, luego cabalgamos, podríamos escribir embozados en el dicho. Pero no ladran. No es este nuestro estilo. No ladran; hablan y escriben. No ladran; opinan. Y dicen las cosas de tal forma que al menos tres veces al día el respeto se lo pasan por el forro. Y les gusta que sea así. Y les gusta exhibirse así.
Son cosas de Quevedo, dirá el abogado defensor. La tradición de Quevedo, sí: "Son los catalanes el ladrón de tres manos, que para robar en las iglesias, hincado de rodillas, juntaba con la izquierda otra de palo, y en tanto que viéndole puestas las dos manos, le juzgaban devoto, robaba con la derecha (...) Son los catalanes aborto monstruoso de la política. Libres con señor; por esto el conde de Barcelona no es dignidad, sino vocábulo y voz desnuda". (La rebelión de Barcelona).
¿Una pulsión irremediable? Mi amigo portugués Gabriel Magalhães me lo descifraba ayer, con desarmante simplicidad, en un mensaje remitido desde la Beira Interior, ese rincón de Portugal que linda con Salamanca y Zamora: "El problema de Madrid es que es una ciudad en la que hay que ir al grano: casi todo consiste en ir al grano. Cada uno a su grano".
El grano del diario Abc era ayer mejor que el de El Mundo. Más trabajado, más elaborado, más sinceramente preocupado por la deriva de España. Lástima de la falta de respeto en algunos pliegues de su densa argumentación. Elegante semblanza de Ignacio Camacho sobre el juez Manuel Aragón, el magistrado clave de la sentencia. El Mundo, sin embargo, nos defraudó. Esperábamos más. Editorial deshilachado y falto de brío. Leña sin estilo.
¿Ladran? No, pero cabalgamos. El nerviosismo competitivo de las derechas madrileñas afianzó ayer el inaudito editorial en el centro del debate político español.
(Y el señor Jorge de Esteban, presidente del consejo editorial de El Mundo, invoca el Código Penal: de uno a dos años de cárcel por presunta intimidación al Tribunal Constitucional. Ya nos vemos en Soto del Real. ¿Esposados y con los enseres en una bolsa de basura?)
Enric Juliana | 28/11/2009 | Política
Quizá el problema principal no sea el de la eterna tensión entre uniformismo y diversidad, entre centro y periferia, entre unitaristas y federales, o entre nacionalistas de distinto signo. Quizá el más incorregible defecto de España sea el de la falta de respeto. Esa alma agreste que nunca descansa.
Alud de adhesiones al editorial conjunto en defensa del Estatut
La sociedad catalana no cesa en su apoyo al editorial pro Estatut
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Hay un vacío. Hay un defecto ancestral, apenas paliado por el aprendizaje de los buenos modales. Es un problema de fondo más que de forma. Hay en España una sustantiva falta de respeto.
La obligada respuesta de la prensa de Madrid al editorial conjunto de doce diarios catalanes sobre el Estatut y el Tribunal Constitucional confirmó ayer que el respeto, ese mecanismo de contención que te hace reflexionar unos segundos antes de apretar el botón de los insultos, sigue en horas bajas en la capital radial de las Españas. Madrid, esa gran ciudad en la que cuatro periódicos –¡cuatro!– compiten fieramente por la tutela intelectual del centroderecha. (¿Centroderecha? Bueno, con matices. Ese gran contenedor electoral al que solemos llamar centroderecha, más de un día merecería ser descrito como el centro secuestrado por la extrema derecha).
"Nazis", "cínicos", "vendidos", "sectarios", "falsarios", "rancios", "zarzueleros"... son algunos de los epítetos vertidos en las últimas cuarenta y ocho horas por algunos de los más destacados medios de comunicación capitalinos y sus satélites sobre la "inaudita iniciativa" de la prensa catalana. Ladran, luego cabalgamos, podríamos escribir embozados en el dicho. Pero no ladran. No es este nuestro estilo. No ladran; hablan y escriben. No ladran; opinan. Y dicen las cosas de tal forma que al menos tres veces al día el respeto se lo pasan por el forro. Y les gusta que sea así. Y les gusta exhibirse así.
Son cosas de Quevedo, dirá el abogado defensor. La tradición de Quevedo, sí: "Son los catalanes el ladrón de tres manos, que para robar en las iglesias, hincado de rodillas, juntaba con la izquierda otra de palo, y en tanto que viéndole puestas las dos manos, le juzgaban devoto, robaba con la derecha (...) Son los catalanes aborto monstruoso de la política. Libres con señor; por esto el conde de Barcelona no es dignidad, sino vocábulo y voz desnuda". (La rebelión de Barcelona).
¿Una pulsión irremediable? Mi amigo portugués Gabriel Magalhães me lo descifraba ayer, con desarmante simplicidad, en un mensaje remitido desde la Beira Interior, ese rincón de Portugal que linda con Salamanca y Zamora: "El problema de Madrid es que es una ciudad en la que hay que ir al grano: casi todo consiste en ir al grano. Cada uno a su grano".
El grano del diario Abc era ayer mejor que el de El Mundo. Más trabajado, más elaborado, más sinceramente preocupado por la deriva de España. Lástima de la falta de respeto en algunos pliegues de su densa argumentación. Elegante semblanza de Ignacio Camacho sobre el juez Manuel Aragón, el magistrado clave de la sentencia. El Mundo, sin embargo, nos defraudó. Esperábamos más. Editorial deshilachado y falto de brío. Leña sin estilo.
¿Ladran? No, pero cabalgamos. El nerviosismo competitivo de las derechas madrileñas afianzó ayer el inaudito editorial en el centro del debate político español.
(Y el señor Jorge de Esteban, presidente del consejo editorial de El Mundo, invoca el Código Penal: de uno a dos años de cárcel por presunta intimidación al Tribunal Constitucional. Ya nos vemos en Soto del Real. ¿Esposados y con los enseres en una bolsa de basura?)
LE RESACA DEL DIA SIGUIENTE
Pilar Rahola La Vanguardia 28-11-09
¿Nos creemos la unidad catalana? El balón está ahora en el campo político, ¿defraudarán como siempre?
Una de las señas de Catalunya es el estilo San Bernardo que nos caracteriza. Pareceremos poderosos y nuestro ladrido resuena allende las montañas, pero somos gente de calma ancestral, muy dada a la bondad del pacto. Probablemente esta naturaleza profunda, que representa una virtud de nuestra historia, ha sido vista, también históricamente, como una debilidad. Además, los siglos sin poder de Estado nos han empequeñecido el alma, y han rebajado nuestro sentido estratégico. Más provincianos y más dispersos, los catalanes no hemos sabido aprovechar los momentos de deshielo político, para consolidar una soberanía presentable. Nuestra inteligencia estratégica lo tiene todo por envidiar, a la inteligencia vasca. Si añadimos, finalmente, la tendencia cainita que adorna nuestro ADN, y que nos ha llevado a una incapacidad endémica para mostrar una cara unitaria en nuestras reivindicaciones, tenemos el retrato preciso de nuestra debilidad como nación. Y ellos lo saben. Los que durante los siglos de toma y daca entre la España irredenta y la Catalunya protestona llevaron las riendas de las grandes negociaciones, conocían perfectamente nuestro carácter diletante y supieron ahondar en nuestras fracturas internas. Unamuno lo definió con desdén al decir que a los catalanes les perdía la estética, y Ortega y Gasset añadió que España no debía preocuparse demasiado, porque el problema catalán no se resolvía, se "conllevaba".
Y de eso se trata en España, de no preocuparse más de la cuenta. Mirando con lupa las reacciones castizas al editorial catalán, vemos algo significativo. Por supuesto, mucho grito, mucha declaración pidiendo la cabeza de Jovellanos - ¿será que a la España irredenta siempre le da por perseguir a los afrancesados?-,mucha Brunete ideológica campando por los micrófonos del madroño. Y, por supuesto, una delirante defensa de la "unidad de España", como si el pobre Estatut fuera la Constitución de la República Catalana. Pero perdido entre el ruido, laten los puñales más certeros: la idea de que este editorial no cambiará nada, porque Catalunya no asusta, ni tan solo cuando hace algo tan insólito como ir a una. El Mundo ya lo dejaba ayer claro cuando afirmaba que en el Constitucional ni hablaron del tema. ¿Por qué? Porque no se creen la unidad catalana.
La cuestión es ¿nos la creemos nosotros? Y con nosotros, me refiero al ámbito político. Si no ocurre nada en lo político, y nuestros líderes no son capaces de emular la unidad de periódicos y sociedad civil, eternamente enfrascados en sus batallitas de café, entonces la debilidad será definitiva. Porque este editorial es buenísimo, si sirve como catalizador de voluntades. Si es la enésima muestra de un fracaso, resultará un desastre. El balón está, ahora, en el campo político. ¿Defraudarán como siempre?
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¿Nos creemos la unidad catalana? El balón está ahora en el campo político, ¿defraudarán como siempre?
Una de las señas de Catalunya es el estilo San Bernardo que nos caracteriza. Pareceremos poderosos y nuestro ladrido resuena allende las montañas, pero somos gente de calma ancestral, muy dada a la bondad del pacto. Probablemente esta naturaleza profunda, que representa una virtud de nuestra historia, ha sido vista, también históricamente, como una debilidad. Además, los siglos sin poder de Estado nos han empequeñecido el alma, y han rebajado nuestro sentido estratégico. Más provincianos y más dispersos, los catalanes no hemos sabido aprovechar los momentos de deshielo político, para consolidar una soberanía presentable. Nuestra inteligencia estratégica lo tiene todo por envidiar, a la inteligencia vasca. Si añadimos, finalmente, la tendencia cainita que adorna nuestro ADN, y que nos ha llevado a una incapacidad endémica para mostrar una cara unitaria en nuestras reivindicaciones, tenemos el retrato preciso de nuestra debilidad como nación. Y ellos lo saben. Los que durante los siglos de toma y daca entre la España irredenta y la Catalunya protestona llevaron las riendas de las grandes negociaciones, conocían perfectamente nuestro carácter diletante y supieron ahondar en nuestras fracturas internas. Unamuno lo definió con desdén al decir que a los catalanes les perdía la estética, y Ortega y Gasset añadió que España no debía preocuparse demasiado, porque el problema catalán no se resolvía, se "conllevaba".
Y de eso se trata en España, de no preocuparse más de la cuenta. Mirando con lupa las reacciones castizas al editorial catalán, vemos algo significativo. Por supuesto, mucho grito, mucha declaración pidiendo la cabeza de Jovellanos - ¿será que a la España irredenta siempre le da por perseguir a los afrancesados?-,mucha Brunete ideológica campando por los micrófonos del madroño. Y, por supuesto, una delirante defensa de la "unidad de España", como si el pobre Estatut fuera la Constitución de la República Catalana. Pero perdido entre el ruido, laten los puñales más certeros: la idea de que este editorial no cambiará nada, porque Catalunya no asusta, ni tan solo cuando hace algo tan insólito como ir a una. El Mundo ya lo dejaba ayer claro cuando afirmaba que en el Constitucional ni hablaron del tema. ¿Por qué? Porque no se creen la unidad catalana.
La cuestión es ¿nos la creemos nosotros? Y con nosotros, me refiero al ámbito político. Si no ocurre nada en lo político, y nuestros líderes no son capaces de emular la unidad de periódicos y sociedad civil, eternamente enfrascados en sus batallitas de café, entonces la debilidad será definitiva. Porque este editorial es buenísimo, si sirve como catalizador de voluntades. Si es la enésima muestra de un fracaso, resultará un desastre. El balón está, ahora, en el campo político. ¿Defraudarán como siempre?
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viernes, 27 de noviembre de 2009
O CID O ESTATUT
LA CUESTION CATALANA
Antoni Puigverd
La segunda transición de Aznar podría culminar con sus ideas convertidas en ley de leyes
Durante el proceso del Estatut, muchos criticamos la instrumentalización que los partidos catalanistas hacían de un objetivo estratégico razonable (un mayor poder económico y político para Catalunya). Pujaron alegremente por el santo Grial de la catalanidad ignorando con insensata alegría las consecuencias de la lógica que estaban impulsando. "Se han situado a la altura del betún", escribí entonces. Despertaron a un dragón, pero Sant Jordi no estaba ahí para ayudarles. Enric Juliana, más sutil, usó la metáfora de "la Brigada Pomorska": el episodio tan bello como patético de unos lanceros polacos enfrentándose con sus caballos a los carros alemanes de combate. Incluso en este grave presente, Jordi Pujol y Francesc de Carreras, tan distintos, siguen hurgando en estos fallos. Pero la crítica al proceso estatutario no puede deslindarse del contexto en el que arrancó: la segunda legislatura de Aznar.
Aprovechando el clima emotivo y ético de la defensa de las víctimas de ETA, Aznar impulsó con su característico desprecio de la flexibilidad una "segunda transición". Renacionalizar España y acotar las posibilidades que el pacto constitucional de los años setenta otorgaba a Catalunya y al País Vasco. Paralelamente, la intelectualidad española, de la mano de Fernando Savater, evolucionaba hacia la pura visión de una España a la francesa. Aznar y los poderosos medios que lo acompañaban contaron (y jugaron) con el vaso comunicante de Carod y su ERC. Nunca habría subido tanto ERC, si en lugar de tensar, Aznar hubiera profundizado en el legado de la transición, como siguen recomendando, casi sin voz, Fraga o Herrero de Miñón. Rodríguez Zapatero instrumentalizó ya antes de llegar al poder la excitada corriente catalana. Y ahora la abandona a la suerte de unos jueces. Unos jueces condicionados, no por el editorial de un día, sino por los medios que reclaman a todas horas la segunda transición: idéntico traje para todos y que acabe la broma de la España plural.
Frivolidad, cabezonería, tacticismo, especulación ideológica y patriotera han estado muy repartidos en esta historia (triste como todas las de España). Lo que ahora está en juego no es la culpa de unos políticos o la letra de un Estatut. Está en juego incluso algo más que la dignidad de Catalunya: la dignidad de la Constitución, ambigua por naturaleza, gracias a los miedos y generosidades de aquellos años setenta en los que todos actuamos con pies de plomo para no repetir las tragedias de España. Toda sentencia crea jurisprudencia. Una interpretación restrictiva de la Constitución, una sentencia inspirada en la legítima pero parcial visión de Aznar, sería como la victoria póstuma del Cid. Aznar ganaba en buena lid, pero la democracia podía refutarlo. Si los jueces convirtieran sus ideas en letra de la ley, su victoria sería definitiva. Y el sentido de la Constitución de 1978 se rompería en mil pedazos.
lA vANGUARDIA 27-11-09
Antoni Puigverd
La segunda transición de Aznar podría culminar con sus ideas convertidas en ley de leyes
Durante el proceso del Estatut, muchos criticamos la instrumentalización que los partidos catalanistas hacían de un objetivo estratégico razonable (un mayor poder económico y político para Catalunya). Pujaron alegremente por el santo Grial de la catalanidad ignorando con insensata alegría las consecuencias de la lógica que estaban impulsando. "Se han situado a la altura del betún", escribí entonces. Despertaron a un dragón, pero Sant Jordi no estaba ahí para ayudarles. Enric Juliana, más sutil, usó la metáfora de "la Brigada Pomorska": el episodio tan bello como patético de unos lanceros polacos enfrentándose con sus caballos a los carros alemanes de combate. Incluso en este grave presente, Jordi Pujol y Francesc de Carreras, tan distintos, siguen hurgando en estos fallos. Pero la crítica al proceso estatutario no puede deslindarse del contexto en el que arrancó: la segunda legislatura de Aznar.
Aprovechando el clima emotivo y ético de la defensa de las víctimas de ETA, Aznar impulsó con su característico desprecio de la flexibilidad una "segunda transición". Renacionalizar España y acotar las posibilidades que el pacto constitucional de los años setenta otorgaba a Catalunya y al País Vasco. Paralelamente, la intelectualidad española, de la mano de Fernando Savater, evolucionaba hacia la pura visión de una España a la francesa. Aznar y los poderosos medios que lo acompañaban contaron (y jugaron) con el vaso comunicante de Carod y su ERC. Nunca habría subido tanto ERC, si en lugar de tensar, Aznar hubiera profundizado en el legado de la transición, como siguen recomendando, casi sin voz, Fraga o Herrero de Miñón. Rodríguez Zapatero instrumentalizó ya antes de llegar al poder la excitada corriente catalana. Y ahora la abandona a la suerte de unos jueces. Unos jueces condicionados, no por el editorial de un día, sino por los medios que reclaman a todas horas la segunda transición: idéntico traje para todos y que acabe la broma de la España plural.
Frivolidad, cabezonería, tacticismo, especulación ideológica y patriotera han estado muy repartidos en esta historia (triste como todas las de España). Lo que ahora está en juego no es la culpa de unos políticos o la letra de un Estatut. Está en juego incluso algo más que la dignidad de Catalunya: la dignidad de la Constitución, ambigua por naturaleza, gracias a los miedos y generosidades de aquellos años setenta en los que todos actuamos con pies de plomo para no repetir las tragedias de España. Toda sentencia crea jurisprudencia. Una interpretación restrictiva de la Constitución, una sentencia inspirada en la legítima pero parcial visión de Aznar, sería como la victoria póstuma del Cid. Aznar ganaba en buena lid, pero la democracia podía refutarlo. Si los jueces convirtieran sus ideas en letra de la ley, su victoria sería definitiva. Y el sentido de la Constitución de 1978 se rompería en mil pedazos.
lA vANGUARDIA 27-11-09
EL PARLAMENTO DE PAPEL
Enric Juliana La Vanguardia 27-11-09
Zapatero se mueve, ahora, para evitar una sentencia-desastre; y Rajoy no disimula su incomodidad
Desde los furores de noviembre del 2005, aquel otoño en que el Estatut se electrocutó y Endesa - "antes alemana que catalana"-se politizó, el aire no vibraba tanto en Madrid.
En el número 25 de la avenida de San Luis, sede del diario El Mundo,mandaron parar máquinas de madrugada para insertar en primera página un suelto sobre el "insólito editorial" de los doce diarios catalanes. Un suelto con pinturas de guerra: "Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio". Para hoy prometen más leña y nos vamos a divertir.
Al filo del alba, los almuecines radiofónicos despertaban con tambores de alarma al español que ha venido a este mundo para que una de las dos Españas le hiele el corazón: ¡"Intolerable coacción al Tribunal Constitucional!". El gran Losantos, ahora al frente de una nave pirata, bramaba no sé qué sobre los "nazis catalanes". Bajo una tenue llovizna, el aire vibraba como aquel tenso otoño del 2005, cuando en el Caprabo de al lado de la redacción madrileña de La Vanguardia unos constitucionalistas pintaron: "No entrar, son catalanes". Sí, ayer fue uno de esos días en que el ambiente político madrileño sólo se puede explicar de la siguiente manera a los lectores de Barcelona: imagínense que antes de salir de casa se tragan un buen sorbo de Licor del Polo. Ese ardor, ese furor, ese ímpetu... Esa desfachatez.
A Ana Pastor, amable presentadora de Los desayunos de TVE, quizá la traicionó el subconsciente, pero a las nueve y media de la mañana me hizo la pregunta más sincera y desarmante de la jornada: "¿No han tenido ustedes miedo de las reacciones que podía suscitar este editorial?". Miedo. He ahí la clave de tantas cosas en el laberinto español.
En el Congreso, las ministras socialistas sonreían ante el primer triunfo de Bibiana Aído en la tramitación de la ley del aborto. A los socialistas les ha dado últimamente por sonreír a todas horas. El domingo pasado montaron un número increíble en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid: los ministros desfilando risueños sobre una alfombra roja, recién salidos del amargo secuestro del Alakrana.Es el mal americano.
De la misma manera que el aznarismo se emborrachó con las teorías neoconservadoras, el zapaterismo se está intoxicando con las simplezas propagandísticas del demócrata George Lakoff. Los marcos mentales. Las sonrisitas banales. Lakoff será la tumba del PSOE.
El presidente manifestaba al mediodía su "respeto" por el editorial. Zapatero, que hace diez días hizo llegar la Mota Negra a Montilla - "Estatut, si te he visto no me acuerdo"-,se está moviendo ahora para evitar que la sentencia desemboque en un gran desastre. Necesita los votos de Catalunya y ojalá pudiese obtenerlos quirúrgicamente separados del alma sindicada de los catalanes. Aún no se ha inventado la máquina capaz de obrar ese milagro.
Mariano Rajoy necesita lo mismo. Ayer estaba incómodo. No quiso hacer declaraciones y delegó en Esteban González Pons, que es hábil en el manejo de las maldades de tamaño medio. Pons acusó a los diarios catalanes de "uniformismo". pero no se atrevió a llamarles "vendidos", como por la tarde hicieron en la Cope reformada.
Así transcurrió la jornada más nerviosa del otoño madrileño. Entre trago y trago de Licor del Polo, viendo revivir el parlamento de papel. La prensa tomando la palabra. Aquel parlamento de papel de los años setenta que Jaume Arias lleva semanas advirtiendo que vuelve, que regresa.
Zapatero se mueve, ahora, para evitar una sentencia-desastre; y Rajoy no disimula su incomodidad
Desde los furores de noviembre del 2005, aquel otoño en que el Estatut se electrocutó y Endesa - "antes alemana que catalana"-se politizó, el aire no vibraba tanto en Madrid.
En el número 25 de la avenida de San Luis, sede del diario El Mundo,mandaron parar máquinas de madrugada para insertar en primera página un suelto sobre el "insólito editorial" de los doce diarios catalanes. Un suelto con pinturas de guerra: "Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio". Para hoy prometen más leña y nos vamos a divertir.
Al filo del alba, los almuecines radiofónicos despertaban con tambores de alarma al español que ha venido a este mundo para que una de las dos Españas le hiele el corazón: ¡"Intolerable coacción al Tribunal Constitucional!". El gran Losantos, ahora al frente de una nave pirata, bramaba no sé qué sobre los "nazis catalanes". Bajo una tenue llovizna, el aire vibraba como aquel tenso otoño del 2005, cuando en el Caprabo de al lado de la redacción madrileña de La Vanguardia unos constitucionalistas pintaron: "No entrar, son catalanes". Sí, ayer fue uno de esos días en que el ambiente político madrileño sólo se puede explicar de la siguiente manera a los lectores de Barcelona: imagínense que antes de salir de casa se tragan un buen sorbo de Licor del Polo. Ese ardor, ese furor, ese ímpetu... Esa desfachatez.
A Ana Pastor, amable presentadora de Los desayunos de TVE, quizá la traicionó el subconsciente, pero a las nueve y media de la mañana me hizo la pregunta más sincera y desarmante de la jornada: "¿No han tenido ustedes miedo de las reacciones que podía suscitar este editorial?". Miedo. He ahí la clave de tantas cosas en el laberinto español.
En el Congreso, las ministras socialistas sonreían ante el primer triunfo de Bibiana Aído en la tramitación de la ley del aborto. A los socialistas les ha dado últimamente por sonreír a todas horas. El domingo pasado montaron un número increíble en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid: los ministros desfilando risueños sobre una alfombra roja, recién salidos del amargo secuestro del Alakrana.Es el mal americano.
De la misma manera que el aznarismo se emborrachó con las teorías neoconservadoras, el zapaterismo se está intoxicando con las simplezas propagandísticas del demócrata George Lakoff. Los marcos mentales. Las sonrisitas banales. Lakoff será la tumba del PSOE.
El presidente manifestaba al mediodía su "respeto" por el editorial. Zapatero, que hace diez días hizo llegar la Mota Negra a Montilla - "Estatut, si te he visto no me acuerdo"-,se está moviendo ahora para evitar que la sentencia desemboque en un gran desastre. Necesita los votos de Catalunya y ojalá pudiese obtenerlos quirúrgicamente separados del alma sindicada de los catalanes. Aún no se ha inventado la máquina capaz de obrar ese milagro.
Mariano Rajoy necesita lo mismo. Ayer estaba incómodo. No quiso hacer declaraciones y delegó en Esteban González Pons, que es hábil en el manejo de las maldades de tamaño medio. Pons acusó a los diarios catalanes de "uniformismo". pero no se atrevió a llamarles "vendidos", como por la tarde hicieron en la Cope reformada.
Así transcurrió la jornada más nerviosa del otoño madrileño. Entre trago y trago de Licor del Polo, viendo revivir el parlamento de papel. La prensa tomando la palabra. Aquel parlamento de papel de los años setenta que Jaume Arias lleva semanas advirtiendo que vuelve, que regresa.
martes, 24 de noviembre de 2009
¿Lealtad?
Miquel Roca Junyent - 24/11/2009
Si PSOE y PP han de ponerse de acuerdo, que lo hagan. Si no, que no apelen a la lealtad constitucional que no respetan
Todos hablan de lealtad constitucional, pero pocos la practican. Una de las más elementales obligaciones de las instituciones es la de asumir la responsabilidad que la propia Constitución les otorga. Si el Congreso de los Diputados o el Senado tienen atribuida la función de proponer al Rey la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben hacerlo. No pueden excusarse en las dificultades que tienen los partidos mayoritarios para ponerse de acuerdo en las personas idóneas para ocupar aquellos cargos. Esta excusa, pura y simplemente, no vale.
Si el PSOE y el PP tienen que ponerse de acuerdo, que lo hagan. En caso contrario, que no apelen por nunca jamás a la lealtad constitucional que ellos no respetan. La exigencia de una mayoría cualificada para designar a los candidatos responde a la voluntad de los constituyentes de que las fuerzas parlamentarias tuvieran que alcanzar un acuerdo por consenso. Yno lo han hecho; en este caso, el consenso es, precisamente, la excusa de su incumplimiento constitucional. Si lo hicieran siempre así, en todas las obligaciones que la Constitución les atribuye, estaríamos en precario: sin gobierno y sin leyes.
Cuatro magistrados del TC hace dos años que deben ser renovados. Incluso un magistrado ha fallecido y hoy el tribunal no está compuesto por los doce vocales que marca la Constitución, sino por once. Al no cumplir con su obligación constitucional, PP y PSOE imponen un funcionamiento anómalo de una institución tan relevante como el Tribunal Constitucional. Si los constituyentes dijeron doce, era por algo; ahora, por voluntad de PP y PSOE, sólo son once, rompiendo el equilibrio institucional que se quería establecer.
Hay quien incumple programas electorales. Pero la Constitución es mucho más; es el contrato que obliga a todos los responsables políticos a su estricto cumplimiento. Y quien debe elegir, debe hacerlo; y quien debe proponer, debe hacerlo. Sin excusas, ni complicidades. La inhibición es una forma de deslealtad. Y así se colabora a deslegitimar instituciones que deberían funcionar e integrarse como y cuando la Constitución señala.
Si unos filtran y otros pasan, ¿dónde está la lealtad?
Si PSOE y PP han de ponerse de acuerdo, que lo hagan. Si no, que no apelen a la lealtad constitucional que no respetan
Todos hablan de lealtad constitucional, pero pocos la practican. Una de las más elementales obligaciones de las instituciones es la de asumir la responsabilidad que la propia Constitución les otorga. Si el Congreso de los Diputados o el Senado tienen atribuida la función de proponer al Rey la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben hacerlo. No pueden excusarse en las dificultades que tienen los partidos mayoritarios para ponerse de acuerdo en las personas idóneas para ocupar aquellos cargos. Esta excusa, pura y simplemente, no vale.
Si el PSOE y el PP tienen que ponerse de acuerdo, que lo hagan. En caso contrario, que no apelen por nunca jamás a la lealtad constitucional que ellos no respetan. La exigencia de una mayoría cualificada para designar a los candidatos responde a la voluntad de los constituyentes de que las fuerzas parlamentarias tuvieran que alcanzar un acuerdo por consenso. Yno lo han hecho; en este caso, el consenso es, precisamente, la excusa de su incumplimiento constitucional. Si lo hicieran siempre así, en todas las obligaciones que la Constitución les atribuye, estaríamos en precario: sin gobierno y sin leyes.
Cuatro magistrados del TC hace dos años que deben ser renovados. Incluso un magistrado ha fallecido y hoy el tribunal no está compuesto por los doce vocales que marca la Constitución, sino por once. Al no cumplir con su obligación constitucional, PP y PSOE imponen un funcionamiento anómalo de una institución tan relevante como el Tribunal Constitucional. Si los constituyentes dijeron doce, era por algo; ahora, por voluntad de PP y PSOE, sólo son once, rompiendo el equilibrio institucional que se quería establecer.
Hay quien incumple programas electorales. Pero la Constitución es mucho más; es el contrato que obliga a todos los responsables políticos a su estricto cumplimiento. Y quien debe elegir, debe hacerlo; y quien debe proponer, debe hacerlo. Sin excusas, ni complicidades. La inhibición es una forma de deslealtad. Y así se colabora a deslegitimar instituciones que deberían funcionar e integrarse como y cuando la Constitución señala.
Si unos filtran y otros pasan, ¿dónde está la lealtad?
TC ¿UN TRIBUNAL CONTAMINADO?
Bolívar en el TC
En la España recosida a golpes de Constitución, había más separadores que separatistas
Pilar Rahola La Vang 24-11-09
Recuerdo que era una metáfora muy usada en la época del pujolismo. Ciertamente, Jordi Pujol era un presidente de notables ambivalencias. Cuando pacía alegremente por las montañas de Queralbs, era capaz de gritar el "desperta ferro" y declarar la independencia de Catalunya. Pero cuando se chutaba una dosis de pragmatismo y bajaba a los madriles, se mostraba encantado de recibir el premio de "español del año" de las manos del catalanista Abc. ¿Bismarck o Bolívar?, se preguntaba la canallesca, admirada de la bipolaridad ideológica del líder nacionalista. Esa ambigüedad cósmica, decían los plumillas de la época, era una de sus grandezas políticas. Lo cierto, sin embargo, dicho a favor de Pujol, es que el president se movía por las aguas de la turbulencia española, dotado de una notable inteligencia para sortear los muchos acantilados que la transición había dejado al descubierto. Sobre todo porque en la España recosida a golpes de Constitución, había muchos más separadores que separatistas, y la necesidad de mantener el relato catalán dentro de la épica española necesitaba de gramáticas pardas. Y Pujol siempre fue pardo. Sin embargo, e incluso a pesar de los nubarrones, aquellas épocas no pusieron en duda algunos aspectos básicos para el consenso de la transición: que Catalunya era una nación y que sus símbolos fundamentales eran, en consecuencia, tan nacionales como la nación que representaban. Otra cosa –y no era cosa menor– era que la Constitución respirara esa idea acuñada por Peces Barba y Roca Junyent de que España era "nación de naciones", y que explicitara, sin ninguna duda, que era indisoluble. Es decir, y pese a los críticos momentos en que fue escrita, la Constitución negaba el derecho a la autodeterminación, pero no el espíritu "nacional" de algunas de las naciones que conformaban España. Sin duda, también los constituyentes sabían gramática parda.
Tantas décadas después, este espíritu parece a punto de finiquitarse, en manos de un Constitucional en caída libre, con el prestigio a ras de infierno, politizado hasta el delirio, con cuatro magistrados expirados desde el 2007 e incluso con un fallecido, Roberto García-Calvo, que no ha sido sustituido. Las resoluciones que pueda tomar este tribunal están tan contaminadas por su falta de credibilidad y por su apestoso tufo político, que sólo tiene una salida digna, la dimisión, tal como ya apuntaron líderes tan dispares como Artur Mas o Joan Saura. Lejos de ello, parece que se empecina en resolver la patata caliente del Estatut, y, según todos los augures, la resolverá mal. Si se confirman, pues, las negras previsiones, este Constitucional habrá hecho algo extraordinario: siendo el garante de la "unidad de España", se habrá convertido en la mayor apología española de la separación. Llevan la piel de Bismarck, pero son Bolívar en estado puro.
En la España recosida a golpes de Constitución, había más separadores que separatistas
Pilar Rahola La Vang 24-11-09
Recuerdo que era una metáfora muy usada en la época del pujolismo. Ciertamente, Jordi Pujol era un presidente de notables ambivalencias. Cuando pacía alegremente por las montañas de Queralbs, era capaz de gritar el "desperta ferro" y declarar la independencia de Catalunya. Pero cuando se chutaba una dosis de pragmatismo y bajaba a los madriles, se mostraba encantado de recibir el premio de "español del año" de las manos del catalanista Abc. ¿Bismarck o Bolívar?, se preguntaba la canallesca, admirada de la bipolaridad ideológica del líder nacionalista. Esa ambigüedad cósmica, decían los plumillas de la época, era una de sus grandezas políticas. Lo cierto, sin embargo, dicho a favor de Pujol, es que el president se movía por las aguas de la turbulencia española, dotado de una notable inteligencia para sortear los muchos acantilados que la transición había dejado al descubierto. Sobre todo porque en la España recosida a golpes de Constitución, había muchos más separadores que separatistas, y la necesidad de mantener el relato catalán dentro de la épica española necesitaba de gramáticas pardas. Y Pujol siempre fue pardo. Sin embargo, e incluso a pesar de los nubarrones, aquellas épocas no pusieron en duda algunos aspectos básicos para el consenso de la transición: que Catalunya era una nación y que sus símbolos fundamentales eran, en consecuencia, tan nacionales como la nación que representaban. Otra cosa –y no era cosa menor– era que la Constitución respirara esa idea acuñada por Peces Barba y Roca Junyent de que España era "nación de naciones", y que explicitara, sin ninguna duda, que era indisoluble. Es decir, y pese a los críticos momentos en que fue escrita, la Constitución negaba el derecho a la autodeterminación, pero no el espíritu "nacional" de algunas de las naciones que conformaban España. Sin duda, también los constituyentes sabían gramática parda.
Tantas décadas después, este espíritu parece a punto de finiquitarse, en manos de un Constitucional en caída libre, con el prestigio a ras de infierno, politizado hasta el delirio, con cuatro magistrados expirados desde el 2007 e incluso con un fallecido, Roberto García-Calvo, que no ha sido sustituido. Las resoluciones que pueda tomar este tribunal están tan contaminadas por su falta de credibilidad y por su apestoso tufo político, que sólo tiene una salida digna, la dimisión, tal como ya apuntaron líderes tan dispares como Artur Mas o Joan Saura. Lejos de ello, parece que se empecina en resolver la patata caliente del Estatut, y, según todos los augures, la resolverá mal. Si se confirman, pues, las negras previsiones, este Constitucional habrá hecho algo extraordinario: siendo el garante de la "unidad de España", se habrá convertido en la mayor apología española de la separación. Llevan la piel de Bismarck, pero son Bolívar en estado puro.
lunes, 23 de noviembre de 2009
UNA COLONIA
El examen de las relaciones España-Catalunya nunca se acaba. Es una realidad muy compleja sobre la cual todos opinan. Alguna televisora tendria que cerrar si esto no fuera asi.
PB
A continuacion el articulo de Francesc Marc-Alvaro en La Vanguardia de hoy, 23--11-09.
A diferencia del ilustre Balaguer, nosotros ya no podemos confiar en milagros
Don Víctor Balaguer (1824-1901) fue un destacado político liberal del XIX español y un gran impulsor de la Renaixença literaria y cultural catalana, sobre la cual, más tarde, creció el catalanismo político. Balaguer, amigo y seguidor del general Prim, fue, entre otros muchos cargos, diputado a Cortes, vicepresidente del Congreso de los Diputados, presidente del Consejo de Estado, ministro varias veces (de Fomento y de Ultramar) y senador vitalicio. A raíz de la Revolución de Septiembre de 1868, saltó a la arena política de Madrid, donde continuó hasta el día de su muerte.
Durante la Restauración, Balaguer se consolidó como un activo defensor de los intereses catalanes en la capital y como un incansable portavoz de los ideales progresistas del momento. Los catalanistas posteriores –salvo figuras tan lúcidas como Joan Maragall– le atacaron o le desdeñaron, y tampoco le apreciaron los liberales españoles, que le vieron siempre demasiado protofederalista. Este escritor y estadista fue un avanzado que trabajó para que España saliera del atraso y para que Catalunya recuperara su identidad. Aunque nunca fue separatista ni nada parecido, este catalán implicado en el Gobierno español sabía perfectamente cuál era la base del principal problema que todavía hoy nos bloquea. Lo expone claramente en un discurso de 1869: "Desgraciadamente, desde la época de Felipe V, desde que la rama de los Borbones se hubo sentado, sin ley y sin derecho, en el solio de España, la noble, la leal Cataluña, salvo raros y honrosísimos periodos, era mirada como una especie de colonia de España, donde era lícito y justo atropellar las más santas leyes, conculcar los derechos más sagrados.
Gobiernos inicuos y arbitrarios, que afortunadamente el hálito de la revolución ha arrastrado como aristas que lleva el viento: Gobiernos inicuos y conculcadores habían hecho creer al mundo que sólo de esa manera podía haber paz y tranquilidad en Cataluña". Balaguer, henchido de optimismo, pensaba que la revolución en la que él había tomado parte pondría fin a siglos de imposiciones. Erró. Como tantos hasta hoy.
Las palabras de este prócer lejano resuenan con rabiosa actualidad, mientras esperamos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Y mientras la reciente reforma de la Lofca nos deja a la intemperie financiera. El president Montilla hizo ayer las advertencias oportunas y puso el dedo en la llaga al notar que "por primera vez en treinta años, tienen que pronunciarse sobre una ley refrendada por el pueblo de Catalunya". ¿Cuál será la respuesta si nos tratan como una especie de colonia, por decirlo tan exactamente como el ministro Balaguer?
Esos "gobiernos inicuos y arbitrarios" que parecían llamados a desaparecer de la historia de España son eternos, atraviesan épocas y regímenes, se adaptan fácilmente a cada circunstancia para conseguir su objetivo. Pero, a diferencia del ilustre Balaguer, nosotros ya no podemos confiar en milagros.
PB
A continuacion el articulo de Francesc Marc-Alvaro en La Vanguardia de hoy, 23--11-09.
A diferencia del ilustre Balaguer, nosotros ya no podemos confiar en milagros
Don Víctor Balaguer (1824-1901) fue un destacado político liberal del XIX español y un gran impulsor de la Renaixença literaria y cultural catalana, sobre la cual, más tarde, creció el catalanismo político. Balaguer, amigo y seguidor del general Prim, fue, entre otros muchos cargos, diputado a Cortes, vicepresidente del Congreso de los Diputados, presidente del Consejo de Estado, ministro varias veces (de Fomento y de Ultramar) y senador vitalicio. A raíz de la Revolución de Septiembre de 1868, saltó a la arena política de Madrid, donde continuó hasta el día de su muerte.
Durante la Restauración, Balaguer se consolidó como un activo defensor de los intereses catalanes en la capital y como un incansable portavoz de los ideales progresistas del momento. Los catalanistas posteriores –salvo figuras tan lúcidas como Joan Maragall– le atacaron o le desdeñaron, y tampoco le apreciaron los liberales españoles, que le vieron siempre demasiado protofederalista. Este escritor y estadista fue un avanzado que trabajó para que España saliera del atraso y para que Catalunya recuperara su identidad. Aunque nunca fue separatista ni nada parecido, este catalán implicado en el Gobierno español sabía perfectamente cuál era la base del principal problema que todavía hoy nos bloquea. Lo expone claramente en un discurso de 1869: "Desgraciadamente, desde la época de Felipe V, desde que la rama de los Borbones se hubo sentado, sin ley y sin derecho, en el solio de España, la noble, la leal Cataluña, salvo raros y honrosísimos periodos, era mirada como una especie de colonia de España, donde era lícito y justo atropellar las más santas leyes, conculcar los derechos más sagrados.
Gobiernos inicuos y arbitrarios, que afortunadamente el hálito de la revolución ha arrastrado como aristas que lleva el viento: Gobiernos inicuos y conculcadores habían hecho creer al mundo que sólo de esa manera podía haber paz y tranquilidad en Cataluña". Balaguer, henchido de optimismo, pensaba que la revolución en la que él había tomado parte pondría fin a siglos de imposiciones. Erró. Como tantos hasta hoy.
Las palabras de este prócer lejano resuenan con rabiosa actualidad, mientras esperamos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Y mientras la reciente reforma de la Lofca nos deja a la intemperie financiera. El president Montilla hizo ayer las advertencias oportunas y puso el dedo en la llaga al notar que "por primera vez en treinta años, tienen que pronunciarse sobre una ley refrendada por el pueblo de Catalunya". ¿Cuál será la respuesta si nos tratan como una especie de colonia, por decirlo tan exactamente como el ministro Balaguer?
Esos "gobiernos inicuos y arbitrarios" que parecían llamados a desaparecer de la historia de España son eternos, atraviesan épocas y regímenes, se adaptan fácilmente a cada circunstancia para conseguir su objetivo. Pero, a diferencia del ilustre Balaguer, nosotros ya no podemos confiar en milagros.
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