OPINIÓN
El CNI y el catalán
El auto del TSJC sobre la inmersión nos recuerda que el soberanismo es,
ante todo, una causa moral
Artículos | 12/04/2013 - 00:00h
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En caso de que exista
algo parecido a un plan del Centro Nacional de Inteligencia para frenar el
proceso soberanista en Catalunya, su máximo responsable quizás presentó la
dimisión ayer mismo, una vez leyó el nuevo auto del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya sobre la inmersión lingüística. Las polémicas sobre la
lengua -eso lo puede saber incluso un becario del CNI- no hacen otra cosa que
reforzar el campo de opinión catalanista, y más cuando lo que plantea el TSJC
es un extremo tan absurdo como que una clase entera deba ser en castellano si
la familia de un alumno así lo pide. Una vez escuchado el ministro de Cultura
sobre el caso, también es evidente que Wert no ayuda mucho a frenar el
sentimiento secesionista que ha ido creciendo entre amplios sectores; quizás es
que no le han hecho llegar las estrategias del CNI o él se considera mucho más
inteligente que todos los profesionales de la inteligencia del Estado.
El Gobierno de Catalunya vive una situación financiera muy grave y todos los catalanes somos víctimas de un marco fiscal que la mayoría consideramos injusto y lesivo. Esta realidad ha convertido a muchos ciudadanos en soberanistas durante los últimos tiempos, pero nadie debería equivocarse en el diagnóstico: la base del viejo y del nuevo catalanismo no es exclusivamente ni principalmente económica, es de otro tipo, digamos moral. Tiene que ver con la constatación (dolorosa y repetida) de que el ejercicio de la catalanidad va ligado de manera estructural a la consideración de español de segunda categoría. En este sentido, el catalanohablante (sea poco, muy o nada catalanista) es el mejor ejemplo de la anomalía. No descubriremos ahora el Mediterráneo: el catalán, a pesar de ser una lengua oficialmente de España, es tratado marginalmente y maltratado por la administración central. El Govern ha intentado corregir eso, pero el asedio oficial -por la vía ejecutiva, legislativa y judicial- es constante y va acompañado de periódicas ofensivas mediáticas. Lo que pasa con la lengua en Valencia y las Baleares es todavía más grave, porque allí la administración autonómica actúa como principal agente de la destrucción de una cultura.
El auto del TSJC sobre la inmersión nos recuerda que el soberanismo es, ante todo, una causa moral porque -como subraya a menudo Salvador Cardús- proviene de varias humillaciones. La última y más sonada humillación fue la sentencia del TC sobre el Estatut. Si yo fuera el director del CNI, me preguntaría qué hay que hacer para destruir una causa moral. Y la respuesta sería muy sencilla: intentar desmoralizar a la gente movilizada, hasta que piensen que todos los esfuerzos son en vano y se queden en casa. Sin embargo, gracias a Wert y al TSJC, volvemos a tener muy claro todo lo que nos jugamos en esta larga partida.
El Gobierno de Catalunya vive una situación financiera muy grave y todos los catalanes somos víctimas de un marco fiscal que la mayoría consideramos injusto y lesivo. Esta realidad ha convertido a muchos ciudadanos en soberanistas durante los últimos tiempos, pero nadie debería equivocarse en el diagnóstico: la base del viejo y del nuevo catalanismo no es exclusivamente ni principalmente económica, es de otro tipo, digamos moral. Tiene que ver con la constatación (dolorosa y repetida) de que el ejercicio de la catalanidad va ligado de manera estructural a la consideración de español de segunda categoría. En este sentido, el catalanohablante (sea poco, muy o nada catalanista) es el mejor ejemplo de la anomalía. No descubriremos ahora el Mediterráneo: el catalán, a pesar de ser una lengua oficialmente de España, es tratado marginalmente y maltratado por la administración central. El Govern ha intentado corregir eso, pero el asedio oficial -por la vía ejecutiva, legislativa y judicial- es constante y va acompañado de periódicas ofensivas mediáticas. Lo que pasa con la lengua en Valencia y las Baleares es todavía más grave, porque allí la administración autonómica actúa como principal agente de la destrucción de una cultura.
El auto del TSJC sobre la inmersión nos recuerda que el soberanismo es, ante todo, una causa moral porque -como subraya a menudo Salvador Cardús- proviene de varias humillaciones. La última y más sonada humillación fue la sentencia del TC sobre el Estatut. Si yo fuera el director del CNI, me preguntaría qué hay que hacer para destruir una causa moral. Y la respuesta sería muy sencilla: intentar desmoralizar a la gente movilizada, hasta que piensen que todos los esfuerzos son en vano y se queden en casa. Sin embargo, gracias a Wert y al TSJC, volvemos a tener muy claro todo lo que nos jugamos en esta larga partida.
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