CATALUNYA; UN MOTOR A LA ESPERA
(EDITORIAL LV) 20 5 2012
En su reciente visita a Barcelona para impartir una conferencia organizada
por el Círculo de Economía, el ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas, Cristóbal Montoro, dijo que España saldrá de la crisis "con
Catalunya y por Catalunya" y apeló al compromiso de las instituciones
catalanas para llevar a cabo las reformas que permitan a Catalunya convertirse
en el "motor de crecimiento" de España. Al hablar así, el ministro
expresó su convencimiento de que España saldrá de la crisis gracias, en buena
medida, al previsible crecimiento de la economía catalana tan pronto como se
recuperen las condiciones objetivas mínimas exigibles para ello.
Entre estas condiciones, figura de manera destacada -además de la recuperación del crédito bancario hoy desvanecido- un nuevo régimen fiscal que ponga fin -bajo la forma de pacto- al constante e injustificado drenaje de recursos propios que, mucho más allá de lo que se considera lógico -es decir, justo y eficiente- en los estados de estructura federal, limita la capacidad de desarrollo de la economía catalana. Lo que implica inevitablemente que, si el ministro de Hacienda quiere ser consecuente con su idea de que la economía catalana ha de seguir siendo el motor de la española, debe propiciar el buen éxito de este nuevo pacto fiscal, de modo que Catalunya obtenga satisfacción a su demanda de un régimen tributario que sea tan justo como eficiente y tan respetuoso con la singularidad nacional catalana como fecundo para los intereses generales españoles. Se dijo, al comienzo de la transición, que había que hacer normal en el ámbito político lo que era normal en la calle. Ahora se trataría, en la misma línea, de hacer normal en el ámbito fiscal lo que es normal en el económico. Pues no es posible pretender que Catalunya sea el motor económico de España e impulsora de su desarrollo sin dotarla, a la vez, de una estructura de financiación que haga posible lo que constituye la esencia de la autonomía política: la autogestión de los propios intereses y el autocontrol de los propios recursos. En el bien entendido de que esta demanda catalana de más justicia fiscal se inscribe en un contexto definido por el esfuerzo enorme hecho por la Generalitat para recortar el gasto público hasta extremos que, sin sobrepasar las líneas rojas que delimitan el ámbito intangible del Estado de bienestar, han incidido en la vida ordinaria de los ciudadanos catalanes, que han asumido los recortes con tanta dignidad civil como creciente conciencia de ser víctimas -a escala de Estado- de una discriminación negativa insostenible.
No parece, en cambio, ir en esta línea el mensaje que lanzó Montoro en la misma conferencia, al imputar a las autonomías responsabilidad prioritaria por el déficit público que constituye ahora -según sus palabras- el primer problema de España. Pero, al comienzo de la crisis, el problema no era el de la deuda pública sino una desmesurada deuda privada, de modo que el cambio de naturaleza de esta deuda se debe con toda certeza a alguna causa posterior, posiblemente la forma errónea de haber enfocado y tratado la crisis bancaria que aún padecemos y de la que el episodio de Bankia constituye la manifestación menos ejemplar.
Es sabido que la necesidad crea virtud, y quizá por esta razón el motor que puede llegar a ser la economía catalana disponga en un futuro razonable de aquellos recursos de los que hoy carece y que lo obligan a estar a la espera.
Entre estas condiciones, figura de manera destacada -además de la recuperación del crédito bancario hoy desvanecido- un nuevo régimen fiscal que ponga fin -bajo la forma de pacto- al constante e injustificado drenaje de recursos propios que, mucho más allá de lo que se considera lógico -es decir, justo y eficiente- en los estados de estructura federal, limita la capacidad de desarrollo de la economía catalana. Lo que implica inevitablemente que, si el ministro de Hacienda quiere ser consecuente con su idea de que la economía catalana ha de seguir siendo el motor de la española, debe propiciar el buen éxito de este nuevo pacto fiscal, de modo que Catalunya obtenga satisfacción a su demanda de un régimen tributario que sea tan justo como eficiente y tan respetuoso con la singularidad nacional catalana como fecundo para los intereses generales españoles. Se dijo, al comienzo de la transición, que había que hacer normal en el ámbito político lo que era normal en la calle. Ahora se trataría, en la misma línea, de hacer normal en el ámbito fiscal lo que es normal en el económico. Pues no es posible pretender que Catalunya sea el motor económico de España e impulsora de su desarrollo sin dotarla, a la vez, de una estructura de financiación que haga posible lo que constituye la esencia de la autonomía política: la autogestión de los propios intereses y el autocontrol de los propios recursos. En el bien entendido de que esta demanda catalana de más justicia fiscal se inscribe en un contexto definido por el esfuerzo enorme hecho por la Generalitat para recortar el gasto público hasta extremos que, sin sobrepasar las líneas rojas que delimitan el ámbito intangible del Estado de bienestar, han incidido en la vida ordinaria de los ciudadanos catalanes, que han asumido los recortes con tanta dignidad civil como creciente conciencia de ser víctimas -a escala de Estado- de una discriminación negativa insostenible.
No parece, en cambio, ir en esta línea el mensaje que lanzó Montoro en la misma conferencia, al imputar a las autonomías responsabilidad prioritaria por el déficit público que constituye ahora -según sus palabras- el primer problema de España. Pero, al comienzo de la crisis, el problema no era el de la deuda pública sino una desmesurada deuda privada, de modo que el cambio de naturaleza de esta deuda se debe con toda certeza a alguna causa posterior, posiblemente la forma errónea de haber enfocado y tratado la crisis bancaria que aún padecemos y de la que el episodio de Bankia constituye la manifestación menos ejemplar.
Es sabido que la necesidad crea virtud, y quizá por esta razón el motor que puede llegar a ser la economía catalana disponga en un futuro razonable de aquellos recursos de los que hoy carece y que lo obligan a estar a la espera.
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