Pilar Rahola añadiendo leña al fuego.
PB
¿Qué más necesitan los Sala y los Gay Montalvo para encontrar una salida honrosa y dimitir?
Fracasa el trío de la Maestranza", sentenciaba ayer Enric Juliana, con buen tino. El trío eran los tres del Constitucional, amigos y residentes en la misma visión de España, amantes de las corridas de toros, y responsables de la peor ponencia del Estatut de todas las que han amenazado la moribunda Carta Magna catalana. Pero ni esta triunfó, ahogada en el pantano de las cuitas ideológicas que enlodan el desprestigiado tribunal. Es decir, ni un azañista convencido "del peligro catalán" y dos extensiones cósmicas de los sueños imperiales fueron capaces de conciliar un consenso básico. Y así, a la sexta, el tribunal volvió a perpetrar un sentido homenaje al esperpento valleinclanesco, hundido en su propia ineptitud. ¿Qué más necesita la presidenta María Emilia Casas para darse cuenta de que preside un tribunal desacreditado? ¿Qué más necesitan los Pascual Sala y los Eugeni Gay Montalvo para encontrar una salida honrosa a tanto despropósito, y dimitir de una vez? ¿Qué más necesita el tribunal entero para asumir que no es capaz (ni quizás es pertinente) de sentenciar toda una ley de leyes, nacida con el consenso de los órganos democráticos existentes? ¿En qué momento este tribunal pasó de ser un organismo que estudia aspectos técnicos de las leyes a convertirse en una especie de cuarta cámara que entraba en la locura de querer debatir el marco legal de todo un territorio? Y, visto lo visto, ¿aún no han llegado a la conclusión de que deberían declararse incapaces para debatir tamaña cuestión? Como no soy amante de los toros - muy al contrario-no acostumbro a usar su barroca retórica, pero algunos que abundan en dicho y tortuoso gusto, deben saber lo que es la vergüenza torera, cuya virtualidad pasa por una cierta dignidad de las actitudes. Dignidades que el tribunal, en su conjunto, perdió hace tiempo.
Ahora quieren correr, y para ello han cambiado el paso. Doña Emilia, cuyo encono en salvar no se sabe qué - porque es evidente que haga lo que haga el prestigio del tribunal es insalvable-sería encomiable, si no fuera patético, plantea la más temida de las opciones, poner la lupa artículo por artículo, discutir los acentos y las intenciones, y, por el camino de pasearse sobre la voluntad de los catalanes, buscar consensos menores que permitan el inalcanzable consenso mayor. Si lo uno era Guatemala lo otro es Guatepeor. Porque artículo por artículo, los ideológicamente más irreductibles van a ponerse las botas, y al final del Estatut no quedará ni el esqueleto. Pero no del Estatut que se debate. No quedará ni el esqueleto del Estatut de 1979, porque en esas están sus señorías. Aprovechando el Pisuerga del nuevo, para destripar las entrañas del viejo. Si nos descuidamos, estos señores van a cargarse el consenso de la transición política. Porque no es que no tengan vergüenza torera. Es que parecen haber perdido la vergüenza.
La Vanguardia 21 5 10
viernes, 21 de mayo de 2010
EL DILEMA ESPAÑOL
20-05-2010
EL DILEMA ESPAÑOL
El derecho colectivo al autogobierno de Catalunya presenta unas profundas e inequívocas raíces históricas que lo convierten en un caso especial en la política comparada de las realidades nacionales de todo el mundo. Como bien sabemos, la voluntad de preservar el autogobierno fue uno de los vectores de la historia medieval y moderna de Catalunya, que incluye innumerables guerras con Francia y dos guerras contra la monarquía hispánica. En el siglo XX, la voluntad de autogobierno de los catalanes cristalizó institucionalmente con la Mancomunitat, un embrión de gobierno nacional llamado a levantar el país a todos los niveles. La imposición de la dictadura del general Primo de Rivera puso fin a ese tímido episodio de libertad colectiva, pero en el año 1931, antes de que se aprobara la Constitución de la II República Española, se recuperó un espacio de autogobierno con la institución de la Generalitat. No es preciso enfatizar lo que supuso después para Catalunya la imposición de una dictadura y de un gobierno autoritario durante cuatro décadas.
Después de la gran manifestación unitaria de 1977, y siguiendo el guión de 1931, la Generalitat fue restablecida antes de que se aprobara la nueva Constitución democrática, como expresión de unos derechos históricos que en aquel momento no discutió nadie. Y un nuevo Estatut d’Autonomia pactado entre todos recibió un amplio apoyo popular en el referendo de 1979. Años después, la gran mayoría de fuerzas políticas catalanas se propuso reformar el Estatut para asegurar un reconocimiento nacional formal y un autogobierno de alto nivel competencial, simbólico e institucional en el nuevo escenario global. El resultado todos lo conocemos.
Afortunadamente, la historia no se repite, y Catalunya no se encuentra hoy a las puertas de una nueva imposición violenta que vaya a aniquilar su autogobierno. Pero Catalunya y con ella todo el Estado sí se encuentran en una encrucijada histórica decisiva que puede sellar (o no) el fracaso de España como proyecto político compartido y como una democracia de calidad capaz de acomodar su diversidad nacional interna. Con todos sus defectos, que las idealizaciones de la Transición pierden de vista, la Constitución de 1978 tuvo una virtud, que es la de abrir un marco flexible en el que cada comunidad autónoma pudiera encontrar el nivel de autogobierno más próximo posible a las características y aspiraciones de la sociedad respectiva. Un solo ejemplo bastará. La Constitución de 1978 establece el deber de conocer el castellano pero no prohíbe que una comunidad autónoma pueda establecer un deber de conocimiento análogo para su lengua propia, si en ese deber la comunidad ve tanto una garantía de sostenibilidad lingüística como una herramienta de integración social y de igualdad de oportunidades. En el Estatut de 1979 los catalanes fijaron el objetivo de llegar a la plena igualdad del catalán y del castellano "en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Catalunya", y en el del 2006 los catalanes consideraron llegado el momento de concretar esa igualdad estableciendo para el catalán el deber que ya existe para el castellano. Si ahora resulta que este deber es inconstitucional o es interpretado de forma banal, o si se pone en duda el significativo éxito de integración que ha supuesto la inmersión lingüística, solo podemos concluir que el punto al que se nos quiere retornar se sitúa ni más ni menos que antes de 1979.
Mientras otras democracias del mundo desarrollado se esfuerzan en resolver su convivencia multinacional a través del reconocimiento constitucional de su pluralismo nacional interno y de varios modelos federales de autogobierno y de gobierno compartido, España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente un contencioso que solo puede abordarse, gestionarse y resolverse en términos políticos y con vocación de futuro. Con la anunciada sentencia de un Tribunal Constitucional caducado, dividido, deslegitimado e internacionalmente desprestigiado, es evidente que España se encuentra a las puertas de un episodio de estricta involución política y autonómica, con el peligro que supone la negación de las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno nacional de los catalanes. Si esas aspiraciones -que han sido formuladas con plena lealtad al ordenamiento jurídico, pactadas entre todos y refrendadas en las urnas- no caben en la Constitución, solo hay dos salidas posibles: o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución; la evolución federal y plurinacional del Estado autonómico está hoy en peligro mortal. Los abajo firmantes, colaboradores de la prensa diaria catalana, de sensibilidades y talantes diferentes, queremos unir nuestras voces para dar a conocer a la opinión pública que la situación actual es excepcional y reclama gestos políticos excepcionales. La responsabilidad es, en primer lugar, de las instituciones y de los partidos políticos.
Los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos. Si las instituciones y los partidos políticos no son capaces de encontrar una salida digna a la situación actual, la realidad obligará a los catalanes a elegir entre la involución y la secesión. Y huelga decir que si este se convierte al fin en el dilema, solo existirá una opción compatible con la historia y con las aspiraciones políticas de la mayoría de catalanes actuales.
Lo firman 62 articulistas catalanes.
Las adhesiones siguen abiertas.
EL DILEMA ESPAÑOL
El derecho colectivo al autogobierno de Catalunya presenta unas profundas e inequívocas raíces históricas que lo convierten en un caso especial en la política comparada de las realidades nacionales de todo el mundo. Como bien sabemos, la voluntad de preservar el autogobierno fue uno de los vectores de la historia medieval y moderna de Catalunya, que incluye innumerables guerras con Francia y dos guerras contra la monarquía hispánica. En el siglo XX, la voluntad de autogobierno de los catalanes cristalizó institucionalmente con la Mancomunitat, un embrión de gobierno nacional llamado a levantar el país a todos los niveles. La imposición de la dictadura del general Primo de Rivera puso fin a ese tímido episodio de libertad colectiva, pero en el año 1931, antes de que se aprobara la Constitución de la II República Española, se recuperó un espacio de autogobierno con la institución de la Generalitat. No es preciso enfatizar lo que supuso después para Catalunya la imposición de una dictadura y de un gobierno autoritario durante cuatro décadas.
Después de la gran manifestación unitaria de 1977, y siguiendo el guión de 1931, la Generalitat fue restablecida antes de que se aprobara la nueva Constitución democrática, como expresión de unos derechos históricos que en aquel momento no discutió nadie. Y un nuevo Estatut d’Autonomia pactado entre todos recibió un amplio apoyo popular en el referendo de 1979. Años después, la gran mayoría de fuerzas políticas catalanas se propuso reformar el Estatut para asegurar un reconocimiento nacional formal y un autogobierno de alto nivel competencial, simbólico e institucional en el nuevo escenario global. El resultado todos lo conocemos.
Afortunadamente, la historia no se repite, y Catalunya no se encuentra hoy a las puertas de una nueva imposición violenta que vaya a aniquilar su autogobierno. Pero Catalunya y con ella todo el Estado sí se encuentran en una encrucijada histórica decisiva que puede sellar (o no) el fracaso de España como proyecto político compartido y como una democracia de calidad capaz de acomodar su diversidad nacional interna. Con todos sus defectos, que las idealizaciones de la Transición pierden de vista, la Constitución de 1978 tuvo una virtud, que es la de abrir un marco flexible en el que cada comunidad autónoma pudiera encontrar el nivel de autogobierno más próximo posible a las características y aspiraciones de la sociedad respectiva. Un solo ejemplo bastará. La Constitución de 1978 establece el deber de conocer el castellano pero no prohíbe que una comunidad autónoma pueda establecer un deber de conocimiento análogo para su lengua propia, si en ese deber la comunidad ve tanto una garantía de sostenibilidad lingüística como una herramienta de integración social y de igualdad de oportunidades. En el Estatut de 1979 los catalanes fijaron el objetivo de llegar a la plena igualdad del catalán y del castellano "en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Catalunya", y en el del 2006 los catalanes consideraron llegado el momento de concretar esa igualdad estableciendo para el catalán el deber que ya existe para el castellano. Si ahora resulta que este deber es inconstitucional o es interpretado de forma banal, o si se pone en duda el significativo éxito de integración que ha supuesto la inmersión lingüística, solo podemos concluir que el punto al que se nos quiere retornar se sitúa ni más ni menos que antes de 1979.
Mientras otras democracias del mundo desarrollado se esfuerzan en resolver su convivencia multinacional a través del reconocimiento constitucional de su pluralismo nacional interno y de varios modelos federales de autogobierno y de gobierno compartido, España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente un contencioso que solo puede abordarse, gestionarse y resolverse en términos políticos y con vocación de futuro. Con la anunciada sentencia de un Tribunal Constitucional caducado, dividido, deslegitimado e internacionalmente desprestigiado, es evidente que España se encuentra a las puertas de un episodio de estricta involución política y autonómica, con el peligro que supone la negación de las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno nacional de los catalanes. Si esas aspiraciones -que han sido formuladas con plena lealtad al ordenamiento jurídico, pactadas entre todos y refrendadas en las urnas- no caben en la Constitución, solo hay dos salidas posibles: o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución; la evolución federal y plurinacional del Estado autonómico está hoy en peligro mortal. Los abajo firmantes, colaboradores de la prensa diaria catalana, de sensibilidades y talantes diferentes, queremos unir nuestras voces para dar a conocer a la opinión pública que la situación actual es excepcional y reclama gestos políticos excepcionales. La responsabilidad es, en primer lugar, de las instituciones y de los partidos políticos.
Los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos. Si las instituciones y los partidos políticos no son capaces de encontrar una salida digna a la situación actual, la realidad obligará a los catalanes a elegir entre la involución y la secesión. Y huelga decir que si este se convierte al fin en el dilema, solo existirá una opción compatible con la historia y con las aspiraciones políticas de la mayoría de catalanes actuales.
Lo firman 62 articulistas catalanes.
Las adhesiones siguen abiertas.
viernes, 12 de febrero de 2010
POLITICA Y DEPORTE
DESFACHATEZ RAMPANTE
Ramon Solsona
La desfachatez se ha convertido en un hábito muy castizo, muy nacional
Que todo es según el color del cristal con que se mira es verdad cuando hablamos de política, de religión o de fútbol, tres asuntos de la máxima seriedad en los que el prejuicio vence fácilmente a la razón. Yo soy parcial, no lo niego, pero no mentecato. Me niego a aceptar que la delirante tramoya de los últimos días sea sólo futbolística.
Los lunes, después de la pasión del fin de semana, los nervios deberían estar templados, pero no es así. No se me escapa que la rivalidad calificada de eterna tiene tics simétricos y que tanto los lloros como los alardes de allí son idénticos a los de aquí. Pero nunca se había ido tan lejos a la hora de inventarse una conspiración. La cosa está que arde y salimos a incendio diario, lo cual no sería tampoco una novedad si no fuera porque el busilis supuestamente inflamable es de lo más necio.
Es opinión muy extendida que los partidos del Barça retransmitidos por cadenas nacionales - públicas o de pago-tienen tradicionalmente un sesgo anti. No siempre, claro, pero a menudo se percibe un tonillo en los locutores que delata sus deseos ocultos. Se me dirá que el tonillo es etéreo y subjetivo, es cierto, pero el sesgo anti es ya un estilo televisivo. Abundan las repeticiones a cámara lenta desde varios ángulos para demostrar a) que el Barça marca casi siempre en fuera de juego y b) que los árbitros le perdonan un sinfín de penaltis. En cambio, los hachazos que reciben nuestros estilistas merecen pocos replays. Eso es objetivo y comprobable.
Pero hay más. Según cuentan, mientras el Barça jugaba el otro día contra el Getafe la página web de un diario deportivo capitalino iba dando la crónica... ¡de un robo! Hablamos de empresas periodísticas que van más allá del forofismo y falsean la realidad en directo. Manipular unas líneas virtuales en la pantalla para que una geometría trucada demuestre un fuera de juego del Barça es una indecencia, pero eso no importa en el guirigay de la España gritona que se asoma todos los días al televisor.
La desfachatez se ha convertido en un hábito muy castizo, muy nacional, frente a la insufrible manera de ser y hacer de los catalanes. A fuerza de repetir y repetir que aquí se persigue el castellano, que robamos a los españoles o que las leyes de nuestro Parlament son más fascistas que las del franquismo, se ha inventado una Catalunya monstruosa. Que la calle del archivo de Salamanca cambiara el nombre de Gibraltar por calle del Expolio, en clara referencia a Catalunya, es sólo una cuenta de un rosario de injurias que están bien vistas puesto que alertan a España del peligro catalán. El cinismo cunde, a ver quién la dice más gorda. Miente, difama, que algo queda. Todo vale porque todo acabará siendo verdad. Luego se rasgan las vestiduras si crece el independentismo.
El terremoto mediático que cambia la realidad del Barça por otra a medida de quien la diseña tiene su epicentro en un Madrid muy ensoberbecido. Hemos visto campañas políticas de gran ferocidad que daban por ganadas unas elecciones sólo porque habían conseguido crear en la capital un ambiente tóxico, irrespirable. Pero la Puerta del Sol no es el ombligo del mundo y luego pasa lo que pasa. Añadan a estas consideraciones el triste guiñol de los políticos incapaces de conversar y de razonar. Tú dices blanco; yo, negro. Toma, toma y toma. Si la vida pública ya sólo consiste en tirarse del moño, qué no ocurrirá en el azaroso mundo del fútbol.
Permítanme acabar con un contrapunto positivo. El jurado que concedió a Ramon Besa el premio de periodismo deportivo Manuel Vázquez Montalbán valoró, entre otros méritos, "su opinión ponderada y serena". No sé si la ponderación y la serenidad son suficientes para desarbolar tanta patraña venenosa, pero el cinismo se queda en cueros frente a la sensatez, la opinión razonada y el periodismo de calidad. (La Vanguardia 12-02-10)
Ramon Solsona
La desfachatez se ha convertido en un hábito muy castizo, muy nacional
Que todo es según el color del cristal con que se mira es verdad cuando hablamos de política, de religión o de fútbol, tres asuntos de la máxima seriedad en los que el prejuicio vence fácilmente a la razón. Yo soy parcial, no lo niego, pero no mentecato. Me niego a aceptar que la delirante tramoya de los últimos días sea sólo futbolística.
Los lunes, después de la pasión del fin de semana, los nervios deberían estar templados, pero no es así. No se me escapa que la rivalidad calificada de eterna tiene tics simétricos y que tanto los lloros como los alardes de allí son idénticos a los de aquí. Pero nunca se había ido tan lejos a la hora de inventarse una conspiración. La cosa está que arde y salimos a incendio diario, lo cual no sería tampoco una novedad si no fuera porque el busilis supuestamente inflamable es de lo más necio.
Es opinión muy extendida que los partidos del Barça retransmitidos por cadenas nacionales - públicas o de pago-tienen tradicionalmente un sesgo anti. No siempre, claro, pero a menudo se percibe un tonillo en los locutores que delata sus deseos ocultos. Se me dirá que el tonillo es etéreo y subjetivo, es cierto, pero el sesgo anti es ya un estilo televisivo. Abundan las repeticiones a cámara lenta desde varios ángulos para demostrar a) que el Barça marca casi siempre en fuera de juego y b) que los árbitros le perdonan un sinfín de penaltis. En cambio, los hachazos que reciben nuestros estilistas merecen pocos replays. Eso es objetivo y comprobable.
Pero hay más. Según cuentan, mientras el Barça jugaba el otro día contra el Getafe la página web de un diario deportivo capitalino iba dando la crónica... ¡de un robo! Hablamos de empresas periodísticas que van más allá del forofismo y falsean la realidad en directo. Manipular unas líneas virtuales en la pantalla para que una geometría trucada demuestre un fuera de juego del Barça es una indecencia, pero eso no importa en el guirigay de la España gritona que se asoma todos los días al televisor.
La desfachatez se ha convertido en un hábito muy castizo, muy nacional, frente a la insufrible manera de ser y hacer de los catalanes. A fuerza de repetir y repetir que aquí se persigue el castellano, que robamos a los españoles o que las leyes de nuestro Parlament son más fascistas que las del franquismo, se ha inventado una Catalunya monstruosa. Que la calle del archivo de Salamanca cambiara el nombre de Gibraltar por calle del Expolio, en clara referencia a Catalunya, es sólo una cuenta de un rosario de injurias que están bien vistas puesto que alertan a España del peligro catalán. El cinismo cunde, a ver quién la dice más gorda. Miente, difama, que algo queda. Todo vale porque todo acabará siendo verdad. Luego se rasgan las vestiduras si crece el independentismo.
El terremoto mediático que cambia la realidad del Barça por otra a medida de quien la diseña tiene su epicentro en un Madrid muy ensoberbecido. Hemos visto campañas políticas de gran ferocidad que daban por ganadas unas elecciones sólo porque habían conseguido crear en la capital un ambiente tóxico, irrespirable. Pero la Puerta del Sol no es el ombligo del mundo y luego pasa lo que pasa. Añadan a estas consideraciones el triste guiñol de los políticos incapaces de conversar y de razonar. Tú dices blanco; yo, negro. Toma, toma y toma. Si la vida pública ya sólo consiste en tirarse del moño, qué no ocurrirá en el azaroso mundo del fútbol.
Permítanme acabar con un contrapunto positivo. El jurado que concedió a Ramon Besa el premio de periodismo deportivo Manuel Vázquez Montalbán valoró, entre otros méritos, "su opinión ponderada y serena". No sé si la ponderación y la serenidad son suficientes para desarbolar tanta patraña venenosa, pero el cinismo se queda en cueros frente a la sensatez, la opinión razonada y el periodismo de calidad. (La Vanguardia 12-02-10)
viernes, 15 de enero de 2010
UNA NACION EN BUSCA DE ESTADO
Ferran Mascarell insiste, y explica sus razones. PB
Ferran Mascarell - 16/12/2009 La Vanguardia
Lo escribió Kundera: "Todas las previsiones se equivocan, es una de las escasas certezas de que disponemos los seres humanos". Sin embargo, me atrevo a hacerles una previsión: el actual desorden de la política española sólo terminará cuando Catalunya encuentre por fin el Estado que anda buscando. Los referéndums son el aspecto más efervescente de una cuestión de fondo, enormemente compleja y peliaguda: Catalunya, una nación vieja, se ha empeñado en encontrar el Estado moderno que le conviene.
Mi previsión es pues que la primera década del siglo XXI será señalada como aquel momento en el que los catalanes asociaron definitivamente su vieja voluntad de reconocimiento nacional a su necesidad de contar con un Estado adecuado.
A los catalanes de 1800 no les quedó más remedio que ceder poder político a cambio de poder económico. Sin embargo, los catalanes de 1900 se verbalizaron como nación. Ahora, los de la primera década del siglo XXI pasarán a la historia como quienes comprendieron que una nación sólo puede hacer frente a sus retos con un Estado eficiente y propio. Único o no, se verá. En cualquier caso, propio y apropiado para los retos de este tiempo.
Ese es el sustrato explicativo de las cosas que están sucediendo: los referéndums, las propuestas federalistas, los editoriales conjuntos y todo lo demás. Los catalanes quieren Estado. Ese es el fondo del debate entre la sociedad catalana y la española. Los catalanes desean un Estado que garantice sus derechos, necesidades e ideales. Hace más de 150 años que lo buscan. Siempre han pretendido que se les reconociese su cultura, su lengua y también su carácter nacional. En casi todos los momentos cruciales de la historia han aceptado compartir con el resto de los españoles un Estado democrático, modernizado, plurinacional y eficiente.
Así pues, sería mejor no equivocar el diagnóstico. La sentencia del Constitucional será importante, pero no decisiva. El fondo del asunto es infinitamente más complejo. Los catalanes no quieren satisfacer el reflejo nacional romántico y trasnochado que algunos le atribuyen. Los catalanes quieren ser reconocidos como nación para ejercer su derecho a poseer un Estado que dé respuesta a sus retos futuros. ¿En el marco de España? Se verá. Dependerá de la España que los españoles quieran construir.
Una nación sin un estado eficiente detrás es papel mojado; no sirve para acrecentar el bienestar de los ciudadanos. Los retos presentes y futuros exigen Estado, poder y eficiencia. La autonomía, tal como la entienden los partidos españoles, no es suficiente. El progreso desde la desconfianza mutua es muy complicado. El bienestar, sin un Estado eficaz y bien engrasado, es imposible.
Los catalanes sabemos que el futuro necesita ideales nuevos. Estamos hartos de batallas simbólicas y defensivas. Nos aburre consumir tanta energía razonando la legitimidad de nuestros planteamientos, de nuestros derechos, de nuestro deseo de tener Estado; queremos que cuide de nuestros intereses, que sea cercano, que juegue a favor. Muchos catalanes queremos una nación más satisfactoria y sabemos que para construirla necesitamos un Estado más democrático y mucho más eficiente. Si queremos una nación de primera precisamos un Estado de primera. Un Estado que admita la diversidad, que surja del pacto, que busque el futuro, que sea vigoroso, que esté al servicio de todos los ciudadanos, que sea propio, y si además es compartido que sea inequívocamente plurinacional, asimétrico y eficiente.
La sociedad española está terminando el ciclo de su historia que empezó con el pacto constitucional del 78. El pacto político y social que lo alumbró se ha apagado. La España de hoy genera desafección entre un número creciente de catalanes. La Catalunya de hoy genera desconfianza en un número significativo de españoles. El Estado no acepta su diversidad nacional; la política no acierta a plantear un nuevo pacto de convivencia eficaz, la sociedad no parece capaz de pensar un futuro compartido. ¿Entonces?
El tiempo lo dirá y la actuación de unos y otros decidirá. Hoy la mayoría de los catalanes no son todavía independentistas, pero pueden serlo relativamente pronto. Los demócratas tendrán que aceptarlo.
Son tiempos nuevos. Los ciudadanos serán más exigentes, desearán vínculos de pertenencia más sólidos, más respeto a las identidades múltiples. Querrán un Estado que los defienda y les garantice la libertad, que sea eficiente, regulador, equilibrado, neutral, compensado, ponderado, democrático y plurinacional; que los ayude a mejorar la vida, que les permita escoger los mejores caminos, que les permita el máximo bienestar.
Preveamos, pues, esa posibilidad: para un creciente número de catalanes España es el pasado. Es aquel lugar que no quiere cambiar; es aquel lugar donde muchos suponen que los tiempos sólo cambiaron cuando Bob Dylan los describió en una bella canción, es aquel lugar donde no se quiere entender lo que ya sabía Heráclito: lo único cierto es el cambio, nada permanece. Y menos todavía las formas de poder.
opinio@ ferranmascarell. com
Ferran Mascarell - 16/12/2009 La Vanguardia
Lo escribió Kundera: "Todas las previsiones se equivocan, es una de las escasas certezas de que disponemos los seres humanos". Sin embargo, me atrevo a hacerles una previsión: el actual desorden de la política española sólo terminará cuando Catalunya encuentre por fin el Estado que anda buscando. Los referéndums son el aspecto más efervescente de una cuestión de fondo, enormemente compleja y peliaguda: Catalunya, una nación vieja, se ha empeñado en encontrar el Estado moderno que le conviene.
Mi previsión es pues que la primera década del siglo XXI será señalada como aquel momento en el que los catalanes asociaron definitivamente su vieja voluntad de reconocimiento nacional a su necesidad de contar con un Estado adecuado.
A los catalanes de 1800 no les quedó más remedio que ceder poder político a cambio de poder económico. Sin embargo, los catalanes de 1900 se verbalizaron como nación. Ahora, los de la primera década del siglo XXI pasarán a la historia como quienes comprendieron que una nación sólo puede hacer frente a sus retos con un Estado eficiente y propio. Único o no, se verá. En cualquier caso, propio y apropiado para los retos de este tiempo.
Ese es el sustrato explicativo de las cosas que están sucediendo: los referéndums, las propuestas federalistas, los editoriales conjuntos y todo lo demás. Los catalanes quieren Estado. Ese es el fondo del debate entre la sociedad catalana y la española. Los catalanes desean un Estado que garantice sus derechos, necesidades e ideales. Hace más de 150 años que lo buscan. Siempre han pretendido que se les reconociese su cultura, su lengua y también su carácter nacional. En casi todos los momentos cruciales de la historia han aceptado compartir con el resto de los españoles un Estado democrático, modernizado, plurinacional y eficiente.
Así pues, sería mejor no equivocar el diagnóstico. La sentencia del Constitucional será importante, pero no decisiva. El fondo del asunto es infinitamente más complejo. Los catalanes no quieren satisfacer el reflejo nacional romántico y trasnochado que algunos le atribuyen. Los catalanes quieren ser reconocidos como nación para ejercer su derecho a poseer un Estado que dé respuesta a sus retos futuros. ¿En el marco de España? Se verá. Dependerá de la España que los españoles quieran construir.
Una nación sin un estado eficiente detrás es papel mojado; no sirve para acrecentar el bienestar de los ciudadanos. Los retos presentes y futuros exigen Estado, poder y eficiencia. La autonomía, tal como la entienden los partidos españoles, no es suficiente. El progreso desde la desconfianza mutua es muy complicado. El bienestar, sin un Estado eficaz y bien engrasado, es imposible.
Los catalanes sabemos que el futuro necesita ideales nuevos. Estamos hartos de batallas simbólicas y defensivas. Nos aburre consumir tanta energía razonando la legitimidad de nuestros planteamientos, de nuestros derechos, de nuestro deseo de tener Estado; queremos que cuide de nuestros intereses, que sea cercano, que juegue a favor. Muchos catalanes queremos una nación más satisfactoria y sabemos que para construirla necesitamos un Estado más democrático y mucho más eficiente. Si queremos una nación de primera precisamos un Estado de primera. Un Estado que admita la diversidad, que surja del pacto, que busque el futuro, que sea vigoroso, que esté al servicio de todos los ciudadanos, que sea propio, y si además es compartido que sea inequívocamente plurinacional, asimétrico y eficiente.
La sociedad española está terminando el ciclo de su historia que empezó con el pacto constitucional del 78. El pacto político y social que lo alumbró se ha apagado. La España de hoy genera desafección entre un número creciente de catalanes. La Catalunya de hoy genera desconfianza en un número significativo de españoles. El Estado no acepta su diversidad nacional; la política no acierta a plantear un nuevo pacto de convivencia eficaz, la sociedad no parece capaz de pensar un futuro compartido. ¿Entonces?
El tiempo lo dirá y la actuación de unos y otros decidirá. Hoy la mayoría de los catalanes no son todavía independentistas, pero pueden serlo relativamente pronto. Los demócratas tendrán que aceptarlo.
Son tiempos nuevos. Los ciudadanos serán más exigentes, desearán vínculos de pertenencia más sólidos, más respeto a las identidades múltiples. Querrán un Estado que los defienda y les garantice la libertad, que sea eficiente, regulador, equilibrado, neutral, compensado, ponderado, democrático y plurinacional; que los ayude a mejorar la vida, que les permita escoger los mejores caminos, que les permita el máximo bienestar.
Preveamos, pues, esa posibilidad: para un creciente número de catalanes España es el pasado. Es aquel lugar que no quiere cambiar; es aquel lugar donde muchos suponen que los tiempos sólo cambiaron cuando Bob Dylan los describió en una bella canción, es aquel lugar donde no se quiere entender lo que ya sabía Heráclito: lo único cierto es el cambio, nada permanece. Y menos todavía las formas de poder.
opinio@ ferranmascarell. com
NACION, ESTADO, PROYECTO
Nación, Estado, proyecto
Ferran Mascarell - 14/01/2010
Ya sabemos que Catalunya es una nación. Lo que diga el Constitucional tiene, a estas alturas, una importancia relativa. Percibimos que una nación, sin el servicio de un buen Estado es poca cosa; especialmente en tiempos globales y de colapso sistémico. Conocemos, aunque solemos ignorarlo, que Catalunya es Estado y administra una fracción del mismo. Hemos entendido, por fin, que el conflicto con España es la consecuencia de que el Estado que compartimos no nos satisface. Se cohesiona generando incentivos adversos hacia Catalunya.
Es lógico, pues, replantear las relaciones de Catalunya con el Estado. Pero ganar ese pleito nos exige algo más: saber qué proyecto de país estamos construyendo. En Catalunya, hoy, a la vez, está finalizando el ciclo institucional español abierto en 1978 y está emergiendo con toda su crudeza el cataclismo global del sistema de bienestar. Más de medio millón de parados lo atestiguan.
Es lógico, pues, que Catalunya aspire a tener un Estado más adecuado. Hacer frente a la crisis del modelo de bienestar exige mucho Estado. Exige o bien una Administración general del Estado (el compartido) decidida, positiva y adecuada en términos plurinacionales; o bien exige, claro está, un Estado independiente. Sea como sea, en cualquier caso, exige una Catalunya que combine su anhelo constituyente con un proyecto de país competitivo. De poco sirve proclamar el legítimo deseo de independencia o de federalismo si no se vincula a un proyecto entendible de país, capaz de hacer frente a los retos que impone un mundo que está cambiando y nunca será lo que ha sido. De poco sirve negar el anclaje que representa el Estatut, paradójicamente cuestionado a la vez por el Constitucional y diversos partidos soberanistas.
Los problemas de hoy exigen un proyecto propio y de futuro pensado para el medio plazo. Nuestro entorno está tratando de descifrar un nuevo paradigma social, económico y cultural. Dentro de 10 años - es decir, ahora-los efectos de la globalización habrán penetrado hasta los cimientos de nuestro país. No cabe esperar a ser independientes o federales para hacer frente al mundo que viene.
Los retos y las oportunidades son previsibles, pero hay que buscarlas. Catalunya tendrá serios problemas de empleo, energía, envejecimiento, capacidad sanitaria, pensiones, medio ambiente, capacitación tecnológica, competitividad, educación, cultura emprendedora y valores.
¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo poner en el mundo decenas de empresas cualificadas y competitivas, tecnológicamente avanzadas y presentes en las redes globales? ¿Cómo convertir la cultura, los valores, conocimientos, ideas y la investigación en el primer capital de la nación? ¿Como reiniciar los caducos modos de hacer política? ¿Cómo, pues, transferir la energía afirmativa del independentismo, el federalismo o el soberanismo a la búsqueda de un paradigma social convincente?
El Estado convencional español y el sistema social global han caducado. Catalunya es una nación pequeña; no podrá modificar las fuerzas globales que están determinando el rumbo del mundo. Pero nada le impide influir desde su propio desarrollo como sujeto-político-nación-estado (compartido o independiente) responsable de sí mismo y responsabilizado frente a los problemas globales.
Una nación, lo sabemos mejor que nadie, es más que una declaración, es un proyecto; un proyecto siempre en construcción basado en una memoria (plural) compartida y un contrato de convivencia. Sin memoria, sin contrato y sin proyecto no hay nación; y por lo tanto es muy difícil que una mayoría suficiente de ciudadanos la sienta como tal.
Los catalanes necesitamos un Estado eficiente; el que compartimos no lo es. Pero, además, debemos utilizar de modo ejemplar el fragmento de poder de Estado que nos ofrece la autonomía y el Estatut. Catalunya debe actuar como Estado frente a sí misma y frente al Estado compartido. No valen excusas. Catalunya es Estado, tiene un Estatut aprobado por voluntad de su gente y exige una España adecuada, también, a sus necesidades. Hay mimbre para construir un proyecto de futuro que garantice su bienestar y su identidad, y que movilice a una mayoría amplia de sus ciudadanos.
España, mundo, sí misma: esos son los retos de Catalunya. El debate Catalunya-España es vicioso y, sin más, degrada la vida política. Catalunya precisa una nueva unidad civil y política fundamentada en un proyecto renovado de país. Su identidad solamente se reforzará abriéndose al mundo, actuando como Estado eficaz en las competencias que ya posee, reclamando eficacia en las que mantiene el Estado central y, sobre todo, buscando un proyecto social, económico y cultural que asegure el futuro.
No habrá federalismo o independencia sin modelo de sociedad. Las etiquetas ya no movilizan mayorías sociales. Hay que imaginar un país real, tangible, mejor. ¿Juntos o separados de los demás ciudadanos españoles?
Dependerá del proyecto de Estado y sociedad que compartamos, de si es posible un Estado eficiente, neutral y cooperativo entre iguales.
opinio@ ferranmascarell. com (La Vanguardia)
Ferran Mascarell - 14/01/2010
Ya sabemos que Catalunya es una nación. Lo que diga el Constitucional tiene, a estas alturas, una importancia relativa. Percibimos que una nación, sin el servicio de un buen Estado es poca cosa; especialmente en tiempos globales y de colapso sistémico. Conocemos, aunque solemos ignorarlo, que Catalunya es Estado y administra una fracción del mismo. Hemos entendido, por fin, que el conflicto con España es la consecuencia de que el Estado que compartimos no nos satisface. Se cohesiona generando incentivos adversos hacia Catalunya.
Es lógico, pues, replantear las relaciones de Catalunya con el Estado. Pero ganar ese pleito nos exige algo más: saber qué proyecto de país estamos construyendo. En Catalunya, hoy, a la vez, está finalizando el ciclo institucional español abierto en 1978 y está emergiendo con toda su crudeza el cataclismo global del sistema de bienestar. Más de medio millón de parados lo atestiguan.
Es lógico, pues, que Catalunya aspire a tener un Estado más adecuado. Hacer frente a la crisis del modelo de bienestar exige mucho Estado. Exige o bien una Administración general del Estado (el compartido) decidida, positiva y adecuada en términos plurinacionales; o bien exige, claro está, un Estado independiente. Sea como sea, en cualquier caso, exige una Catalunya que combine su anhelo constituyente con un proyecto de país competitivo. De poco sirve proclamar el legítimo deseo de independencia o de federalismo si no se vincula a un proyecto entendible de país, capaz de hacer frente a los retos que impone un mundo que está cambiando y nunca será lo que ha sido. De poco sirve negar el anclaje que representa el Estatut, paradójicamente cuestionado a la vez por el Constitucional y diversos partidos soberanistas.
Los problemas de hoy exigen un proyecto propio y de futuro pensado para el medio plazo. Nuestro entorno está tratando de descifrar un nuevo paradigma social, económico y cultural. Dentro de 10 años - es decir, ahora-los efectos de la globalización habrán penetrado hasta los cimientos de nuestro país. No cabe esperar a ser independientes o federales para hacer frente al mundo que viene.
Los retos y las oportunidades son previsibles, pero hay que buscarlas. Catalunya tendrá serios problemas de empleo, energía, envejecimiento, capacidad sanitaria, pensiones, medio ambiente, capacitación tecnológica, competitividad, educación, cultura emprendedora y valores.
¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo poner en el mundo decenas de empresas cualificadas y competitivas, tecnológicamente avanzadas y presentes en las redes globales? ¿Cómo convertir la cultura, los valores, conocimientos, ideas y la investigación en el primer capital de la nación? ¿Como reiniciar los caducos modos de hacer política? ¿Cómo, pues, transferir la energía afirmativa del independentismo, el federalismo o el soberanismo a la búsqueda de un paradigma social convincente?
El Estado convencional español y el sistema social global han caducado. Catalunya es una nación pequeña; no podrá modificar las fuerzas globales que están determinando el rumbo del mundo. Pero nada le impide influir desde su propio desarrollo como sujeto-político-nación-estado (compartido o independiente) responsable de sí mismo y responsabilizado frente a los problemas globales.
Una nación, lo sabemos mejor que nadie, es más que una declaración, es un proyecto; un proyecto siempre en construcción basado en una memoria (plural) compartida y un contrato de convivencia. Sin memoria, sin contrato y sin proyecto no hay nación; y por lo tanto es muy difícil que una mayoría suficiente de ciudadanos la sienta como tal.
Los catalanes necesitamos un Estado eficiente; el que compartimos no lo es. Pero, además, debemos utilizar de modo ejemplar el fragmento de poder de Estado que nos ofrece la autonomía y el Estatut. Catalunya debe actuar como Estado frente a sí misma y frente al Estado compartido. No valen excusas. Catalunya es Estado, tiene un Estatut aprobado por voluntad de su gente y exige una España adecuada, también, a sus necesidades. Hay mimbre para construir un proyecto de futuro que garantice su bienestar y su identidad, y que movilice a una mayoría amplia de sus ciudadanos.
España, mundo, sí misma: esos son los retos de Catalunya. El debate Catalunya-España es vicioso y, sin más, degrada la vida política. Catalunya precisa una nueva unidad civil y política fundamentada en un proyecto renovado de país. Su identidad solamente se reforzará abriéndose al mundo, actuando como Estado eficaz en las competencias que ya posee, reclamando eficacia en las que mantiene el Estado central y, sobre todo, buscando un proyecto social, económico y cultural que asegure el futuro.
No habrá federalismo o independencia sin modelo de sociedad. Las etiquetas ya no movilizan mayorías sociales. Hay que imaginar un país real, tangible, mejor. ¿Juntos o separados de los demás ciudadanos españoles?
Dependerá del proyecto de Estado y sociedad que compartamos, de si es posible un Estado eficiente, neutral y cooperativo entre iguales.
opinio@ ferranmascarell. com (La Vanguardia)
martes, 12 de enero de 2010
¿ESTRATOSFERA?
Miquel Roca Junyent La Vanguardia 12-01-10
Se diría que algunos han iniciado un largo viaje para desdecirse de su votación en su día a favor del Estatut
Es de suponer que cuando los diputados del PSOE votaron a favor del Estatut lo hicieron convencidos de su constitucionalidad. Es de seguir suponiendo que, en la actualidad, desean que el Tribunal Constitucional (TC) ratifique su criterio, de modo que denunciarían cualquier intento de manipular la independencia de dicho tribunal, como pudiera ser el de bloquear su renovación. Esto debería ser así, ¿no?
También es de suponer que los diputados del PP votaron contra el Estatut por estar convencidos de su inconstitucionalidad; de tal manera que no deberían tener ningún temor - es de suponer-a cumplir con su obligación de renovar el TC, convencidos como deben de estar de que la inconstitucionalidad no depende de su actual e interina composición. En todo caso, así debería suponerse, ¿no?
Entonces, ¿por qué algunos líderes del PSOE dicen que en Catalunya se está en la estratosfera cuando se hace todo lo que está a su alcance para defender la constitucionalidad del Estatut? Se daría a entender que, por el contrario, lo que ha ocurrido es que unos han iniciado un largo viaje para desdecirse de lo que en su día manifestaron al votar a favor del Estatut. La estratosfera es, en este caso, una fuga del compromiso asumido en su día.
Y ¿por qué algunos líderes del PP invitan reiteradamente a acatar la decisión del TC - la que fuere-pero en cambio no acatan su obligación constitucional de desbloquear la renovación del tribunal? Diríase que, para el PP, lo que se reclama es acatar la decisión de este tribunal, no la del tribunal que debería ser.
Y, entre tanto, todo vale. Si el presidente de la Generalitat se dirige a doscientas entidades para recabar su apoyo unitario en defensa del Estatut, todo son críticas.
¿Podría hacer algo distinto? El presidente de la Generalitat se debe a la voluntad expresada por los ciudadanos de Catalunya y estos, no se olvide, dijeron que sí al Estatut. Y, además, se debe a su representación del Estado, cuyas instituciones representativas habían, previamente, aprobado y pactado aquel Estatut. Por tanto, a defenderlo tocan, por lealtad constitucional. Ahora, o al menos lo parece, a la Constitución se la coloca en la estratosfera. No debería ser así.
Se diría que algunos han iniciado un largo viaje para desdecirse de su votación en su día a favor del Estatut
Es de suponer que cuando los diputados del PSOE votaron a favor del Estatut lo hicieron convencidos de su constitucionalidad. Es de seguir suponiendo que, en la actualidad, desean que el Tribunal Constitucional (TC) ratifique su criterio, de modo que denunciarían cualquier intento de manipular la independencia de dicho tribunal, como pudiera ser el de bloquear su renovación. Esto debería ser así, ¿no?
También es de suponer que los diputados del PP votaron contra el Estatut por estar convencidos de su inconstitucionalidad; de tal manera que no deberían tener ningún temor - es de suponer-a cumplir con su obligación de renovar el TC, convencidos como deben de estar de que la inconstitucionalidad no depende de su actual e interina composición. En todo caso, así debería suponerse, ¿no?
Entonces, ¿por qué algunos líderes del PSOE dicen que en Catalunya se está en la estratosfera cuando se hace todo lo que está a su alcance para defender la constitucionalidad del Estatut? Se daría a entender que, por el contrario, lo que ha ocurrido es que unos han iniciado un largo viaje para desdecirse de lo que en su día manifestaron al votar a favor del Estatut. La estratosfera es, en este caso, una fuga del compromiso asumido en su día.
Y ¿por qué algunos líderes del PP invitan reiteradamente a acatar la decisión del TC - la que fuere-pero en cambio no acatan su obligación constitucional de desbloquear la renovación del tribunal? Diríase que, para el PP, lo que se reclama es acatar la decisión de este tribunal, no la del tribunal que debería ser.
Y, entre tanto, todo vale. Si el presidente de la Generalitat se dirige a doscientas entidades para recabar su apoyo unitario en defensa del Estatut, todo son críticas.
¿Podría hacer algo distinto? El presidente de la Generalitat se debe a la voluntad expresada por los ciudadanos de Catalunya y estos, no se olvide, dijeron que sí al Estatut. Y, además, se debe a su representación del Estado, cuyas instituciones representativas habían, previamente, aprobado y pactado aquel Estatut. Por tanto, a defenderlo tocan, por lealtad constitucional. Ahora, o al menos lo parece, a la Constitución se la coloca en la estratosfera. No debería ser así.
sábado, 19 de diciembre de 2009
UNA NACION, SEGUN EL PAPA
Antoni Matabosch en La Vanguardia el 6-12-09
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d´Autonomia de Catalunya está al caer y dictaminará sobre la definición de Catalunya como nación. Es un tema sobre el que se ha polemizado, sin profundizar ni discernir su significado. El pasado 12 de noviembre en la concesión del premio de honor Lluís Carulla en el Saló de Cent me referí a esta cuestión y deseo ahora divulgarlo desde esta tribuna.
El estado moderno, desde el siglo XVII, ha tendido a identificar nación y estado y ha caído en la tentación de desconocer e incluso de perseguir aquellas realidades históricas plurales que subsisten bajo la organización política de los estados. Pero la realidad es tozuda y desde hace más de un siglo las comunidades culturales tienden a afirmarse. De esta forma se inicia un proceso de clara distinción entre nación y estado.
La doctrina social de la Iglesia Católica desde hace muchos años ha enseñado que la nación está íntimamente ligada a la historia, la cultura, la lengua, la conciencia de pertenencia a un colectivo diferenciado. Estado está relacionado con el derecho y la política. Juan Pablo II en la Unesco (1980) dijo que "la nación es la gran comunidad de los hombres que están unidos por lazos diversos, pero sobre todo y precisamente por la cultura. La nación es por y para la cultura… Es aquella comunidad que posee una historia que supera la historia del individuo y la familia… Hay una soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la nación… Lo que digo aquí no es el eco de ningún nacionalismo,sino que se trata siempre de un elemento estable de la experiencia humana… ¿No hay en el mapa de Europa y del mundo, naciones que poseen una maravillosa soberanía histórica,nacida de su cultura y que, sin embargo, están privadas de su total soberanía?"
Más adelante estableció la relación entre nación y lengua: "La lengua constituye un lugar de sedimentación o de conservación, como si estuviera en un depósito secular, el rico y variado patrimonio cultural de la nación… En cierto sentido es la manifestación de su espíritu, lleva el sello de su genio, de sus sentimientos, de sus luchas, de sus aspiraciones".
Ante la Asamblea General de la ONU (1995) añadió un elemento más político: "La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) ha tratado de manera elocuente los derechos de las personas, pero no existe todavía un acuerdo internacional análogo que trate los derechos de las naciones en su conjunto. La naturaleza humana es histórica y por ello ligada a la familia, a otros grupos o comunidades, hasta llegar al grupo cultural que se suele designar, no en vano, con la palabra nación…Este fundamento antropológico sostiene los derechos de las naciones,que no son otra cosa que los derechos humanos considerados al nivel específico de la vida comunitaria". Entre los derechos de las naciones está el de existir, el de tener la propia lengua y cultura y "el de modelar la propia vida según las propias tradiciones".
De estos principios el papa Juan Pablo II dedujo que "el derecho fundamental a la existencia no supone necesariamente una soberanía estatal, ya que son posibles diversas formas de agregación jurídica entre diferentes naciones, como por ejemplo en los Estados federados, en las Confederaciones o en Estados con amplias autonomías".
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d´Autonomia de Catalunya está al caer y dictaminará sobre la definición de Catalunya como nación. Es un tema sobre el que se ha polemizado, sin profundizar ni discernir su significado. El pasado 12 de noviembre en la concesión del premio de honor Lluís Carulla en el Saló de Cent me referí a esta cuestión y deseo ahora divulgarlo desde esta tribuna.
El estado moderno, desde el siglo XVII, ha tendido a identificar nación y estado y ha caído en la tentación de desconocer e incluso de perseguir aquellas realidades históricas plurales que subsisten bajo la organización política de los estados. Pero la realidad es tozuda y desde hace más de un siglo las comunidades culturales tienden a afirmarse. De esta forma se inicia un proceso de clara distinción entre nación y estado.
La doctrina social de la Iglesia Católica desde hace muchos años ha enseñado que la nación está íntimamente ligada a la historia, la cultura, la lengua, la conciencia de pertenencia a un colectivo diferenciado. Estado está relacionado con el derecho y la política. Juan Pablo II en la Unesco (1980) dijo que "la nación es la gran comunidad de los hombres que están unidos por lazos diversos, pero sobre todo y precisamente por la cultura. La nación es por y para la cultura… Es aquella comunidad que posee una historia que supera la historia del individuo y la familia… Hay una soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la nación… Lo que digo aquí no es el eco de ningún nacionalismo,sino que se trata siempre de un elemento estable de la experiencia humana… ¿No hay en el mapa de Europa y del mundo, naciones que poseen una maravillosa soberanía histórica,nacida de su cultura y que, sin embargo, están privadas de su total soberanía?"
Más adelante estableció la relación entre nación y lengua: "La lengua constituye un lugar de sedimentación o de conservación, como si estuviera en un depósito secular, el rico y variado patrimonio cultural de la nación… En cierto sentido es la manifestación de su espíritu, lleva el sello de su genio, de sus sentimientos, de sus luchas, de sus aspiraciones".
Ante la Asamblea General de la ONU (1995) añadió un elemento más político: "La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) ha tratado de manera elocuente los derechos de las personas, pero no existe todavía un acuerdo internacional análogo que trate los derechos de las naciones en su conjunto. La naturaleza humana es histórica y por ello ligada a la familia, a otros grupos o comunidades, hasta llegar al grupo cultural que se suele designar, no en vano, con la palabra nación…Este fundamento antropológico sostiene los derechos de las naciones,que no son otra cosa que los derechos humanos considerados al nivel específico de la vida comunitaria". Entre los derechos de las naciones está el de existir, el de tener la propia lengua y cultura y "el de modelar la propia vida según las propias tradiciones".
De estos principios el papa Juan Pablo II dedujo que "el derecho fundamental a la existencia no supone necesariamente una soberanía estatal, ya que son posibles diversas formas de agregación jurídica entre diferentes naciones, como por ejemplo en los Estados federados, en las Confederaciones o en Estados con amplias autonomías".
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