Miquel Roca Junyent La Vanguardia 12-01-10
Se diría que algunos han iniciado un largo viaje para desdecirse de su votación en su día a favor del Estatut
Es de suponer que cuando los diputados del PSOE votaron a favor del Estatut lo hicieron convencidos de su constitucionalidad. Es de seguir suponiendo que, en la actualidad, desean que el Tribunal Constitucional (TC) ratifique su criterio, de modo que denunciarían cualquier intento de manipular la independencia de dicho tribunal, como pudiera ser el de bloquear su renovación. Esto debería ser así, ¿no?
También es de suponer que los diputados del PP votaron contra el Estatut por estar convencidos de su inconstitucionalidad; de tal manera que no deberían tener ningún temor - es de suponer-a cumplir con su obligación de renovar el TC, convencidos como deben de estar de que la inconstitucionalidad no depende de su actual e interina composición. En todo caso, así debería suponerse, ¿no?
Entonces, ¿por qué algunos líderes del PSOE dicen que en Catalunya se está en la estratosfera cuando se hace todo lo que está a su alcance para defender la constitucionalidad del Estatut? Se daría a entender que, por el contrario, lo que ha ocurrido es que unos han iniciado un largo viaje para desdecirse de lo que en su día manifestaron al votar a favor del Estatut. La estratosfera es, en este caso, una fuga del compromiso asumido en su día.
Y ¿por qué algunos líderes del PP invitan reiteradamente a acatar la decisión del TC - la que fuere-pero en cambio no acatan su obligación constitucional de desbloquear la renovación del tribunal? Diríase que, para el PP, lo que se reclama es acatar la decisión de este tribunal, no la del tribunal que debería ser.
Y, entre tanto, todo vale. Si el presidente de la Generalitat se dirige a doscientas entidades para recabar su apoyo unitario en defensa del Estatut, todo son críticas.
¿Podría hacer algo distinto? El presidente de la Generalitat se debe a la voluntad expresada por los ciudadanos de Catalunya y estos, no se olvide, dijeron que sí al Estatut. Y, además, se debe a su representación del Estado, cuyas instituciones representativas habían, previamente, aprobado y pactado aquel Estatut. Por tanto, a defenderlo tocan, por lealtad constitucional. Ahora, o al menos lo parece, a la Constitución se la coloca en la estratosfera. No debería ser así.
martes, 12 de enero de 2010
sábado, 19 de diciembre de 2009
UNA NACION, SEGUN EL PAPA
Antoni Matabosch en La Vanguardia el 6-12-09
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d´Autonomia de Catalunya está al caer y dictaminará sobre la definición de Catalunya como nación. Es un tema sobre el que se ha polemizado, sin profundizar ni discernir su significado. El pasado 12 de noviembre en la concesión del premio de honor Lluís Carulla en el Saló de Cent me referí a esta cuestión y deseo ahora divulgarlo desde esta tribuna.
El estado moderno, desde el siglo XVII, ha tendido a identificar nación y estado y ha caído en la tentación de desconocer e incluso de perseguir aquellas realidades históricas plurales que subsisten bajo la organización política de los estados. Pero la realidad es tozuda y desde hace más de un siglo las comunidades culturales tienden a afirmarse. De esta forma se inicia un proceso de clara distinción entre nación y estado.
La doctrina social de la Iglesia Católica desde hace muchos años ha enseñado que la nación está íntimamente ligada a la historia, la cultura, la lengua, la conciencia de pertenencia a un colectivo diferenciado. Estado está relacionado con el derecho y la política. Juan Pablo II en la Unesco (1980) dijo que "la nación es la gran comunidad de los hombres que están unidos por lazos diversos, pero sobre todo y precisamente por la cultura. La nación es por y para la cultura… Es aquella comunidad que posee una historia que supera la historia del individuo y la familia… Hay una soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la nación… Lo que digo aquí no es el eco de ningún nacionalismo,sino que se trata siempre de un elemento estable de la experiencia humana… ¿No hay en el mapa de Europa y del mundo, naciones que poseen una maravillosa soberanía histórica,nacida de su cultura y que, sin embargo, están privadas de su total soberanía?"
Más adelante estableció la relación entre nación y lengua: "La lengua constituye un lugar de sedimentación o de conservación, como si estuviera en un depósito secular, el rico y variado patrimonio cultural de la nación… En cierto sentido es la manifestación de su espíritu, lleva el sello de su genio, de sus sentimientos, de sus luchas, de sus aspiraciones".
Ante la Asamblea General de la ONU (1995) añadió un elemento más político: "La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) ha tratado de manera elocuente los derechos de las personas, pero no existe todavía un acuerdo internacional análogo que trate los derechos de las naciones en su conjunto. La naturaleza humana es histórica y por ello ligada a la familia, a otros grupos o comunidades, hasta llegar al grupo cultural que se suele designar, no en vano, con la palabra nación…Este fundamento antropológico sostiene los derechos de las naciones,que no son otra cosa que los derechos humanos considerados al nivel específico de la vida comunitaria". Entre los derechos de las naciones está el de existir, el de tener la propia lengua y cultura y "el de modelar la propia vida según las propias tradiciones".
De estos principios el papa Juan Pablo II dedujo que "el derecho fundamental a la existencia no supone necesariamente una soberanía estatal, ya que son posibles diversas formas de agregación jurídica entre diferentes naciones, como por ejemplo en los Estados federados, en las Confederaciones o en Estados con amplias autonomías".
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut d´Autonomia de Catalunya está al caer y dictaminará sobre la definición de Catalunya como nación. Es un tema sobre el que se ha polemizado, sin profundizar ni discernir su significado. El pasado 12 de noviembre en la concesión del premio de honor Lluís Carulla en el Saló de Cent me referí a esta cuestión y deseo ahora divulgarlo desde esta tribuna.
El estado moderno, desde el siglo XVII, ha tendido a identificar nación y estado y ha caído en la tentación de desconocer e incluso de perseguir aquellas realidades históricas plurales que subsisten bajo la organización política de los estados. Pero la realidad es tozuda y desde hace más de un siglo las comunidades culturales tienden a afirmarse. De esta forma se inicia un proceso de clara distinción entre nación y estado.
La doctrina social de la Iglesia Católica desde hace muchos años ha enseñado que la nación está íntimamente ligada a la historia, la cultura, la lengua, la conciencia de pertenencia a un colectivo diferenciado. Estado está relacionado con el derecho y la política. Juan Pablo II en la Unesco (1980) dijo que "la nación es la gran comunidad de los hombres que están unidos por lazos diversos, pero sobre todo y precisamente por la cultura. La nación es por y para la cultura… Es aquella comunidad que posee una historia que supera la historia del individuo y la familia… Hay una soberanía fundamental de la sociedad que se manifiesta en la cultura de la nación… Lo que digo aquí no es el eco de ningún nacionalismo,sino que se trata siempre de un elemento estable de la experiencia humana… ¿No hay en el mapa de Europa y del mundo, naciones que poseen una maravillosa soberanía histórica,nacida de su cultura y que, sin embargo, están privadas de su total soberanía?"
Más adelante estableció la relación entre nación y lengua: "La lengua constituye un lugar de sedimentación o de conservación, como si estuviera en un depósito secular, el rico y variado patrimonio cultural de la nación… En cierto sentido es la manifestación de su espíritu, lleva el sello de su genio, de sus sentimientos, de sus luchas, de sus aspiraciones".
Ante la Asamblea General de la ONU (1995) añadió un elemento más político: "La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) ha tratado de manera elocuente los derechos de las personas, pero no existe todavía un acuerdo internacional análogo que trate los derechos de las naciones en su conjunto. La naturaleza humana es histórica y por ello ligada a la familia, a otros grupos o comunidades, hasta llegar al grupo cultural que se suele designar, no en vano, con la palabra nación…Este fundamento antropológico sostiene los derechos de las naciones,que no son otra cosa que los derechos humanos considerados al nivel específico de la vida comunitaria". Entre los derechos de las naciones está el de existir, el de tener la propia lengua y cultura y "el de modelar la propia vida según las propias tradiciones".
De estos principios el papa Juan Pablo II dedujo que "el derecho fundamental a la existencia no supone necesariamente una soberanía estatal, ya que son posibles diversas formas de agregación jurídica entre diferentes naciones, como por ejemplo en los Estados federados, en las Confederaciones o en Estados con amplias autonomías".
jueves, 17 de diciembre de 2009
¿SOLO QUEDA UN CAMINO?
SOLO QUEDA UN CAMINO
Josep-Maria Puigjaner - 17/12/2009 La Vanguardia
La Fundació Persona i Democràcia Joaquim Xicoy ha premiado a Miguel Herrero de Miñón "por su actitud hacia el hecho diferencial catalán y la consideración de los territorios históricos" del Estado. Ami entender, Herrero de Miñón es el único político español que ha constatado la existencia de diversas realidades nacionales en España, y el único que ha defendido la necesidad de respetar sus derechos originarios y inderogables y de alcanzar un consenso para hacerlos constitucionalmente viables. Herrero piensa que Catalunya debe regir libremente su vida interior y, al tiempo, participar plenamente en la dirección del Estado a partir de su naturaleza de nación. "No se trata - dice-de subsumir unas naciones sin Estado, calificables de históricas, culturales o lingüísticas, en el Estado de otra nación, sino de hacer a las distintas naciones copropietarias del Estado común". Ese es el planteamiento correcto para alcanzar el objetivo de un Estado auténticamente plurinacional.
Al terminar el acto de la fundación evoqué a Miguel Herrero el pésimo momento en que se encuentran las relaciones Catalunya-España, y el desinterés de los políticos de uno y otro lado para empezar a estudiar y debatir una nueva fórmula de Estado como la que él propone. Me resumió en dos frases su apreciación personal: "A mí no me hacen caso; y esa es la única vía posible". Entiendo que para él lo único que puede salvar la integridad territorial española es la estructuración plurinacional del Estado. Lástima que esa no sea la convicción de los gobiernos españoles.
La historia demuestra que España sólo acepta la concepción uninacional basada en la preponderancia del espíritu castellano yenel propósito de neutralizar las entidades colectivas de signo distinto al castellano. Y hoy volvemos a constatar que los políticos españoles, de la derecha a la izquierda, siguen manteniendo la tesis uninacional. No tienen conciencia de la evolución que, en el doble ámbito de las ideas y de los sentimientos, se ha producido en pocos años en Catalunya. En cinco décadas que llevo de observador de la relación España-Catalunya nunca había percibido el estado de ánimo adverso y crispado de una proporción elevada de catalanes respecto a su pertenencia a España. Y esa dinámica de alejamiento y rechazo va a aumentar y va a ser irreversible si no se produce en poco tiempo un cambio copernicano en la concepción del Estado.
Josep-Maria Puigjaner - 17/12/2009 La Vanguardia
La Fundació Persona i Democràcia Joaquim Xicoy ha premiado a Miguel Herrero de Miñón "por su actitud hacia el hecho diferencial catalán y la consideración de los territorios históricos" del Estado. Ami entender, Herrero de Miñón es el único político español que ha constatado la existencia de diversas realidades nacionales en España, y el único que ha defendido la necesidad de respetar sus derechos originarios y inderogables y de alcanzar un consenso para hacerlos constitucionalmente viables. Herrero piensa que Catalunya debe regir libremente su vida interior y, al tiempo, participar plenamente en la dirección del Estado a partir de su naturaleza de nación. "No se trata - dice-de subsumir unas naciones sin Estado, calificables de históricas, culturales o lingüísticas, en el Estado de otra nación, sino de hacer a las distintas naciones copropietarias del Estado común". Ese es el planteamiento correcto para alcanzar el objetivo de un Estado auténticamente plurinacional.
Al terminar el acto de la fundación evoqué a Miguel Herrero el pésimo momento en que se encuentran las relaciones Catalunya-España, y el desinterés de los políticos de uno y otro lado para empezar a estudiar y debatir una nueva fórmula de Estado como la que él propone. Me resumió en dos frases su apreciación personal: "A mí no me hacen caso; y esa es la única vía posible". Entiendo que para él lo único que puede salvar la integridad territorial española es la estructuración plurinacional del Estado. Lástima que esa no sea la convicción de los gobiernos españoles.
La historia demuestra que España sólo acepta la concepción uninacional basada en la preponderancia del espíritu castellano yenel propósito de neutralizar las entidades colectivas de signo distinto al castellano. Y hoy volvemos a constatar que los políticos españoles, de la derecha a la izquierda, siguen manteniendo la tesis uninacional. No tienen conciencia de la evolución que, en el doble ámbito de las ideas y de los sentimientos, se ha producido en pocos años en Catalunya. En cinco décadas que llevo de observador de la relación España-Catalunya nunca había percibido el estado de ánimo adverso y crispado de una proporción elevada de catalanes respecto a su pertenencia a España. Y esa dinámica de alejamiento y rechazo va a aumentar y va a ser irreversible si no se produce en poco tiempo un cambio copernicano en la concepción del Estado.
domingo, 13 de diciembre de 2009
LOS SIMBOLOS NACIONALES DE CATALUNYA
Sí es un problema de dignidad
JAVIER PÉREZ ROYO 12/12/2009 El Pais
Los símbolos nacionales de Cataluña no han sido definidos como tales por primera vez en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Cataluña. La definición de tales símbolos como nacionales se hizo con base en el Estatuto de Autonomía originario por parte del Parlamento de Cataluña, que en 1980 aprobó su primera ley para calificar al 11 de septiembre como día de la fiesta nacional de Cataluña y en 1993 aprobó la ley por la que se define Els Segadors como himno nacional. Ambas leyes fueron aprobadas por unanimidad. Desde el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz, que tuvo representación en el primer Parlamento, hasta el PP, con Alejo Vidal-Quadras como portavoz en el debate de 1993, no ha habido nadie que en ningún momento haya puesto en cuestión el calificativo de nacional para los símbolos de Cataluña.
Cataluña ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional
Tampoco fuera de Cataluña se ha puesto en cuestión dicha calificación. A ninguno de los órganos o fracciones de órganos que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo, se le ha pasado por la cabeza en estos casi 30 años que estas leyes catalanas debían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Quiere decirse, pues, que el nuevo Estatuto no está innovando el ordenamiento al calificar como nacionales los símbolos de Cataluña, sino que está simplemente recogiendo en el Estatuto lo que ya es derecho vigente en Cataluña desde casi su momento fundacional como comunidad autónoma.
Los interrogantes, e interrogantes con relevancia jurídica, se imponen. Si la calificación de nacionales de los símbolos de Cataluña mediante leyes aprobadas por el Parlamento no se ha considerado anticonstitucional, ¿por qué se considera que sí puede serlo cuando es el Estatuto el que hace tal calificación? Más argumentos hay a favor de que sea el Estatuto el que establezca tal calificación, que el que lo haga una ley sin expresa cobertura estatutaria.
De la respuesta que se dé a este interrogante derivan otros. El más importante el siguiente: ¿qué ocurre con toda la legislación aprobada por el Parlamento de Cataluña a lo largo de estos casi 30 años en la que utiliza el calificativo nacional para definir no sólo los símbolos, sino también diversas instituciones, como la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y un largo etcétera?
En principio, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad únicamente afecta a los preceptos expresamente impugnados, "así como aquellos otros de la misma ley... a los que deba extenderse por conexión o consecuencia" (art. 39.1). En teoría, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8 del Estatuto de Cataluña no tendría por qué extenderse a otras normas. Pero dado que el Estatuto es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico de Cataluña y que todas las leyes aprobadas por su Parlamento tienen que estar en conformidad con él, todas las leyes en las que figure el calificativo nacional respecto de símbolos o de instituciones de la comunidad autónoma pasarían a ser automáticamente anticonstitucionales.
Cataluña, los ciudadanos y los poderes públicos, ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional, recurriendo ante el Tribunal Constitucional cuando no estaba de acuerdo con una decisión del Estado y defendiéndose ante dicho tribunal cuando el Estado no estaba de acuerdo con alguna decisión suya y acatando siempre la decisión de dicho Tribunal. Jamás se le ha faltado el respeto al Constitucional desde Cataluña.
Ahora bien, en el ejercicio del derecho a la autonomía, los ciudadanos y los poderes públicos han hecho uso del término nacional para definir sus símbolos y referirse a sus instituciones más queridas y la utilización de ese calificativo esta indisolublemente unida al ejercicio del derecho. Así ha sido aceptado en España sin ningún reparo desde 1980. ¿Puede entender alguien que, al cabo de 30 años, se les diga a los ciudadanos y los poderes públicos de Cataluña que han hecho un ejercicio desviado del derecho a la autonomía por haber calificado a sus símbolos y a sus instituciones más queridas de la forma en que lo han hecho?
Claro que es la dignidad de Cataluña, su dignidad en el ejercicio del derecho que la Constitución le reconoce, la que se ve afectada en el recurso contra su Estatuto. Es toda su trayectoria de lealtad constitucional en el ejercicio del derecho a la autonomía la que se está poniendo en cuestión.
JAVIER PÉREZ ROYO 12/12/2009 El Pais
Los símbolos nacionales de Cataluña no han sido definidos como tales por primera vez en el artículo 8 de la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Cataluña. La definición de tales símbolos como nacionales se hizo con base en el Estatuto de Autonomía originario por parte del Parlamento de Cataluña, que en 1980 aprobó su primera ley para calificar al 11 de septiembre como día de la fiesta nacional de Cataluña y en 1993 aprobó la ley por la que se define Els Segadors como himno nacional. Ambas leyes fueron aprobadas por unanimidad. Desde el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz, que tuvo representación en el primer Parlamento, hasta el PP, con Alejo Vidal-Quadras como portavoz en el debate de 1993, no ha habido nadie que en ningún momento haya puesto en cuestión el calificativo de nacional para los símbolos de Cataluña.
Cataluña ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional
Tampoco fuera de Cataluña se ha puesto en cuestión dicha calificación. A ninguno de los órganos o fracciones de órganos que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo, se le ha pasado por la cabeza en estos casi 30 años que estas leyes catalanas debían ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Quiere decirse, pues, que el nuevo Estatuto no está innovando el ordenamiento al calificar como nacionales los símbolos de Cataluña, sino que está simplemente recogiendo en el Estatuto lo que ya es derecho vigente en Cataluña desde casi su momento fundacional como comunidad autónoma.
Los interrogantes, e interrogantes con relevancia jurídica, se imponen. Si la calificación de nacionales de los símbolos de Cataluña mediante leyes aprobadas por el Parlamento no se ha considerado anticonstitucional, ¿por qué se considera que sí puede serlo cuando es el Estatuto el que hace tal calificación? Más argumentos hay a favor de que sea el Estatuto el que establezca tal calificación, que el que lo haga una ley sin expresa cobertura estatutaria.
De la respuesta que se dé a este interrogante derivan otros. El más importante el siguiente: ¿qué ocurre con toda la legislación aprobada por el Parlamento de Cataluña a lo largo de estos casi 30 años en la que utiliza el calificativo nacional para definir no sólo los símbolos, sino también diversas instituciones, como la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y un largo etcétera?
En principio, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la declaración de inconstitucionalidad únicamente afecta a los preceptos expresamente impugnados, "así como aquellos otros de la misma ley... a los que deba extenderse por conexión o consecuencia" (art. 39.1). En teoría, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8 del Estatuto de Cataluña no tendría por qué extenderse a otras normas. Pero dado que el Estatuto es la norma de cabecera del ordenamiento jurídico de Cataluña y que todas las leyes aprobadas por su Parlamento tienen que estar en conformidad con él, todas las leyes en las que figure el calificativo nacional respecto de símbolos o de instituciones de la comunidad autónoma pasarían a ser automáticamente anticonstitucionales.
Cataluña, los ciudadanos y los poderes públicos, ha ejercido el derecho a la autonomía durante tres décadas con lealtad constitucional, recurriendo ante el Tribunal Constitucional cuando no estaba de acuerdo con una decisión del Estado y defendiéndose ante dicho tribunal cuando el Estado no estaba de acuerdo con alguna decisión suya y acatando siempre la decisión de dicho Tribunal. Jamás se le ha faltado el respeto al Constitucional desde Cataluña.
Ahora bien, en el ejercicio del derecho a la autonomía, los ciudadanos y los poderes públicos han hecho uso del término nacional para definir sus símbolos y referirse a sus instituciones más queridas y la utilización de ese calificativo esta indisolublemente unida al ejercicio del derecho. Así ha sido aceptado en España sin ningún reparo desde 1980. ¿Puede entender alguien que, al cabo de 30 años, se les diga a los ciudadanos y los poderes públicos de Cataluña que han hecho un ejercicio desviado del derecho a la autonomía por haber calificado a sus símbolos y a sus instituciones más queridas de la forma en que lo han hecho?
Claro que es la dignidad de Cataluña, su dignidad en el ejercicio del derecho que la Constitución le reconoce, la que se ve afectada en el recurso contra su Estatuto. Es toda su trayectoria de lealtad constitucional en el ejercicio del derecho a la autonomía la que se está poniendo en cuestión.
lunes, 7 de diciembre de 2009
¿QUIEN DEFIENDE MEJOR LA CONSTITUCION?
Pilar Rahola contenta la pregunta del titulo en este articulo.
La Constitución en su día
Veníamos, decía Raimon, 'd'un silenci antic i molt llarg', y teníamos hambre de palabras catárticas
Pilar Rahola | 06/12/2009 |La Vang
Resulta una auténtica paradoja. Para muchos de los habitantes de las indómitas tierras de las periferias díscolas, la Constitución nació para cortarnos las alas. Y muchos, también, fuimos críticos con algunos de aquellos que, siendo catalanes, habían esquilado expectativas históricas, en la redacción de la Carta Magna. Eran tiempos de ruidos, miedos y caminadores inseguros por los pasos de la democracia. De la misma forma que la monarquía retornaba para asegurar la "unidad de España", la Constitución le ponía ley al mismo espíritu, y ambos sentaban las bases del Estado de derecho. Veníamos, como cantaba Raimon, d'un silenci antic i molt llarg, y estábamos hambrientos de palabras catárticas que nos liberaran de nuestros miedos y de nuestras luchas. En ese momento de hambruna bíblica, la Constitución ponía mordaza a los sueños, y reescribía algunas pesadillas. ¿Serviría para todos? ¿O sólo era la forma más legal y sutil de dejarlo todo atado?
Tantos años después, cabe reconocer que, con sus defectos, la Constitución ha estado muy por encima de la baja altura de sus cada día más restrictivos interpretadores. Es decir, es infinitamente mejor la Constitución que algunos de los que usan su nombre, para despreciar pueblos, atacar lenguas ymenoscabar la pluralidad de la vieja Sepharad. En nombre de la Constitución, unos han hecho cruzadas lingüísticas, otros han negado derechos ancestrales, y muchos la han usado como si fuera su coto de caza. Lo peor es la patrimonialización que se ha hecho de la Constitución desde determinado nacionalismo español que, incluso no habiendo estando en el principio de los tiempos allí donde debía estar… ahora la considera propiedad privada. No recordar la lealtad catalana que la hizo posible es traicionar su propio espíritu. Si me permiten la confesión, pues, nunca me habría imaginado que el agarre más liberal que tendríamos los catalanes en la defensa de nuestros intereses residiría en ese discutido texto. Porque, a partir de ahí, todo han sido recortes, interpretaciones cainitas y uso malintencionado de la ley de todos. Si, además, añadimos la trampa mortal de un tribunal que no nace del prestigio de sus miembros ni de su credibilidad por encima de avatares terrenales, sino del simple intercambio de cromos políticos, y que es reiteradamente usado como cuarta Cámara contra derechos territoriales, entonces la "liberalidad" constitucional se adelgaza por momentos. Hoy celebra su día, y el discurso buenista de los políticos adornará sus fastos. Pero es un día arrastrado por el suelo del escándalo. Muchos estarán en la fiesta oficial, pero ni son todos los que están ni están todos los que son. A la pregunta retórica me remito: ¿Quién defiende mejor su espíritu, las proclamas incendiarias de Rosa Díez, la campaña anticatalana de firmas del PP o el editorial de los diarios catalanes? Sobra respuesta.
La Constitución en su día
Veníamos, decía Raimon, 'd'un silenci antic i molt llarg', y teníamos hambre de palabras catárticas
Pilar Rahola | 06/12/2009 |La Vang
Resulta una auténtica paradoja. Para muchos de los habitantes de las indómitas tierras de las periferias díscolas, la Constitución nació para cortarnos las alas. Y muchos, también, fuimos críticos con algunos de aquellos que, siendo catalanes, habían esquilado expectativas históricas, en la redacción de la Carta Magna. Eran tiempos de ruidos, miedos y caminadores inseguros por los pasos de la democracia. De la misma forma que la monarquía retornaba para asegurar la "unidad de España", la Constitución le ponía ley al mismo espíritu, y ambos sentaban las bases del Estado de derecho. Veníamos, como cantaba Raimon, d'un silenci antic i molt llarg, y estábamos hambrientos de palabras catárticas que nos liberaran de nuestros miedos y de nuestras luchas. En ese momento de hambruna bíblica, la Constitución ponía mordaza a los sueños, y reescribía algunas pesadillas. ¿Serviría para todos? ¿O sólo era la forma más legal y sutil de dejarlo todo atado?
Tantos años después, cabe reconocer que, con sus defectos, la Constitución ha estado muy por encima de la baja altura de sus cada día más restrictivos interpretadores. Es decir, es infinitamente mejor la Constitución que algunos de los que usan su nombre, para despreciar pueblos, atacar lenguas ymenoscabar la pluralidad de la vieja Sepharad. En nombre de la Constitución, unos han hecho cruzadas lingüísticas, otros han negado derechos ancestrales, y muchos la han usado como si fuera su coto de caza. Lo peor es la patrimonialización que se ha hecho de la Constitución desde determinado nacionalismo español que, incluso no habiendo estando en el principio de los tiempos allí donde debía estar… ahora la considera propiedad privada. No recordar la lealtad catalana que la hizo posible es traicionar su propio espíritu. Si me permiten la confesión, pues, nunca me habría imaginado que el agarre más liberal que tendríamos los catalanes en la defensa de nuestros intereses residiría en ese discutido texto. Porque, a partir de ahí, todo han sido recortes, interpretaciones cainitas y uso malintencionado de la ley de todos. Si, además, añadimos la trampa mortal de un tribunal que no nace del prestigio de sus miembros ni de su credibilidad por encima de avatares terrenales, sino del simple intercambio de cromos políticos, y que es reiteradamente usado como cuarta Cámara contra derechos territoriales, entonces la "liberalidad" constitucional se adelgaza por momentos. Hoy celebra su día, y el discurso buenista de los políticos adornará sus fastos. Pero es un día arrastrado por el suelo del escándalo. Muchos estarán en la fiesta oficial, pero ni son todos los que están ni están todos los que son. A la pregunta retórica me remito: ¿Quién defiende mejor su espíritu, las proclamas incendiarias de Rosa Díez, la campaña anticatalana de firmas del PP o el editorial de los diarios catalanes? Sobra respuesta.
domingo, 29 de noviembre de 2009
CATALUNYA, LA DEMOCRÁTICA
CUADERNO DE MADRID
No, no hemos chocado con España; hemos colisionado con el macizo de la raza y la olla exprés madrileña
Enric Juliana | 29/11/2009 | Actualizada a las 03:31h | Política
Tras intensas pesquisas, el comisario Arcadi Espada ha llegado a la conclusión de que el editorial titulado "La dignidad de Catalunya" fue redactado por El Notari y L´Emprenyat.
Así lo reportaba ayer el diario El Mundo. Casi a la misma hora, la cadena Ser atribuía al conseller Joaquim Nadal - es decir, a los aviesos despachos de la política - la inspiración del texto que tantos furores esta semana ha levantado. (Frío, frío).
Mientras nuestro inquieto Maigret y la Ser se ponen de acuerdo sobre la hora, el lugar y el grado de culpabilidad de los sospechosos, L´Emprenyat (un servidor) y el Notari (Juan José López Burniol) preparan el hatillo - ¿Soto del Real?-,porque hay que dar la cara. El texto tiene autor (los doce diarios que lo publicaron), y lógicamente ha tenido quien lo esboce. Son las cuatro de la madrugada, el foco nos ciega, hemos agotado los cigarrillos y el hábil interrogatorio nos recuerda no sé qué artículo del Código Penal. Confesamos. ¿Dónde hay que firmar, comisario Creix?
Burniol es buen amigo, un gran profesional y una persona íntegra. A mí ya me conocen. Un día, creo que en el 2003, acuñé lo del català emprenyat, y el personaje comenzó a ir de aquí para allá como una pelota de goma. Intentaba describir - antes del advenimiento del primer tripartito-el surgimiento en Catalunya de un malestar persistente, muy parecido al crónico disagio que hace veinte años inundó el valle del Po, en el norte de Italia. Desde entonces el català emprenyat no ha dejado de perseguirme, y el comisario ahora melo endosa con unas gotas de vitriolo. Gazielet me llama. Imagínense, todo un honor para un chico criado entre la playa y la térmica del Besòs. Los del Pont del Petroli sabemos leer lo que hay detrás de un agudo resentimiento.
A los hechos, que decía Ortega. La furibunda reacción de una parte de la prensa de Madrid ha engrandecido un editorial que no amenaza a nadie. ¿Acaso es una coacción recordar a los jueces que los pactos políticos deben ser tenidos en cuenta y que la prudencia es la máxima virtud jurídica? Agigantado por sus detractores - muchas gracias-,el texto, que evidentemente no rehuye la eficacia retórica, invita a levantar la cabeza y recuerda al equilibrista José Luis Rodríguez Zapatero que con el asunto del Estatut no hay escaqueo posible. Quien prometió tanto en Barcelona no puede poner las luces intermitentes cuando vienen mal dadas. Quizá tenía que haber leído primero La velada en Benicarló de Manuel Azaña, editada y prologada en 1974 y el 2005 por Manuel Aragón, el magistrado progresista al que le duele España. El verso suelto del Tribunal Constitucional es azañista: no jacobino. El Estatut depende ahora de su voto y del eco del presidente que no pudo evitar la Guerra Civil. El peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Los catalanes lo sabemos bien.
Hay un hartazgo. Ni una, ni dos, ni tres dosis de George Lakoff modificarán el marco mental de la gran mayoría de los catalanes sobre este asunto. No somos la simple reserva electoral del nordeste. La disyuntiva o Yo (Zapatero) o Barrabás (el PP) se está agotando en Catalunya, aunque la España iracunda se esfuerce en evitarlo.
A los hechos. Mariano Rajoy no se ha sumado al cortejo de los furiosos y ayer se lo recriminaban. En Aragón y en la Comunitat Valenciana, el sismógrafo apenas se ha movido. Calma en el resto de España. Es preciso tener estos días una noción clara del alcance de la colisión. Hemos chocado con el macizo de la raza, que decía Dionisio Ridruejo, y con el epifenómeno madrileño: esos cuatro diarios que compiten nerviosamente por su público más radical. El centro secuestrado por la extrema derecha.
Los entusiasmos también deben ser leídos con cautela. Son significativos, pero volátiles. Lo más importante es que Catalunya ha vuelto a demostrar estos días que es una de las sociedades más democráticas - más horizontales-de España. Es así y no hay por qué callarlo. Seis partidos en el Parlament, como en Holanda, un asociacionismo que aún es intenso, la ausencia de grandísimas oligarquías económicas, una Iglesia católica no autoritaria y una tradición mesocrática que configura un sistema específico, con idioma propio. Catalunya es democrática y no está enferma, por muchos que sean los problemas, los millets y las desafecciones.
No, no hay que callarse. Por lo tanto, Espada, gracias por la delación.
No, no hemos chocado con España; hemos colisionado con el macizo de la raza y la olla exprés madrileña
Enric Juliana | 29/11/2009 | Actualizada a las 03:31h | Política
Tras intensas pesquisas, el comisario Arcadi Espada ha llegado a la conclusión de que el editorial titulado "La dignidad de Catalunya" fue redactado por El Notari y L´Emprenyat.
Así lo reportaba ayer el diario El Mundo. Casi a la misma hora, la cadena Ser atribuía al conseller Joaquim Nadal - es decir, a los aviesos despachos de la política - la inspiración del texto que tantos furores esta semana ha levantado. (Frío, frío).
Mientras nuestro inquieto Maigret y la Ser se ponen de acuerdo sobre la hora, el lugar y el grado de culpabilidad de los sospechosos, L´Emprenyat (un servidor) y el Notari (Juan José López Burniol) preparan el hatillo - ¿Soto del Real?-,porque hay que dar la cara. El texto tiene autor (los doce diarios que lo publicaron), y lógicamente ha tenido quien lo esboce. Son las cuatro de la madrugada, el foco nos ciega, hemos agotado los cigarrillos y el hábil interrogatorio nos recuerda no sé qué artículo del Código Penal. Confesamos. ¿Dónde hay que firmar, comisario Creix?
Burniol es buen amigo, un gran profesional y una persona íntegra. A mí ya me conocen. Un día, creo que en el 2003, acuñé lo del català emprenyat, y el personaje comenzó a ir de aquí para allá como una pelota de goma. Intentaba describir - antes del advenimiento del primer tripartito-el surgimiento en Catalunya de un malestar persistente, muy parecido al crónico disagio que hace veinte años inundó el valle del Po, en el norte de Italia. Desde entonces el català emprenyat no ha dejado de perseguirme, y el comisario ahora melo endosa con unas gotas de vitriolo. Gazielet me llama. Imagínense, todo un honor para un chico criado entre la playa y la térmica del Besòs. Los del Pont del Petroli sabemos leer lo que hay detrás de un agudo resentimiento.
A los hechos, que decía Ortega. La furibunda reacción de una parte de la prensa de Madrid ha engrandecido un editorial que no amenaza a nadie. ¿Acaso es una coacción recordar a los jueces que los pactos políticos deben ser tenidos en cuenta y que la prudencia es la máxima virtud jurídica? Agigantado por sus detractores - muchas gracias-,el texto, que evidentemente no rehuye la eficacia retórica, invita a levantar la cabeza y recuerda al equilibrista José Luis Rodríguez Zapatero que con el asunto del Estatut no hay escaqueo posible. Quien prometió tanto en Barcelona no puede poner las luces intermitentes cuando vienen mal dadas. Quizá tenía que haber leído primero La velada en Benicarló de Manuel Azaña, editada y prologada en 1974 y el 2005 por Manuel Aragón, el magistrado progresista al que le duele España. El verso suelto del Tribunal Constitucional es azañista: no jacobino. El Estatut depende ahora de su voto y del eco del presidente que no pudo evitar la Guerra Civil. El peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Los catalanes lo sabemos bien.
Hay un hartazgo. Ni una, ni dos, ni tres dosis de George Lakoff modificarán el marco mental de la gran mayoría de los catalanes sobre este asunto. No somos la simple reserva electoral del nordeste. La disyuntiva o Yo (Zapatero) o Barrabás (el PP) se está agotando en Catalunya, aunque la España iracunda se esfuerce en evitarlo.
A los hechos. Mariano Rajoy no se ha sumado al cortejo de los furiosos y ayer se lo recriminaban. En Aragón y en la Comunitat Valenciana, el sismógrafo apenas se ha movido. Calma en el resto de España. Es preciso tener estos días una noción clara del alcance de la colisión. Hemos chocado con el macizo de la raza, que decía Dionisio Ridruejo, y con el epifenómeno madrileño: esos cuatro diarios que compiten nerviosamente por su público más radical. El centro secuestrado por la extrema derecha.
Los entusiasmos también deben ser leídos con cautela. Son significativos, pero volátiles. Lo más importante es que Catalunya ha vuelto a demostrar estos días que es una de las sociedades más democráticas - más horizontales-de España. Es así y no hay por qué callarlo. Seis partidos en el Parlament, como en Holanda, un asociacionismo que aún es intenso, la ausencia de grandísimas oligarquías económicas, una Iglesia católica no autoritaria y una tradición mesocrática que configura un sistema específico, con idioma propio. Catalunya es democrática y no está enferma, por muchos que sean los problemas, los millets y las desafecciones.
No, no hay que callarse. Por lo tanto, Espada, gracias por la delación.
sábado, 28 de noviembre de 2009
UN POCO DE MEMORIA
Una voz autorizada en en El País
JAVIER PÉREZ ROYO 28/11/2009
El Estado autonómico se ha construido mediante enfrentamientos muy profundos que se acabaron canalizando a través de pactos de naturaleza política negociados de buena fe, que, en ningún momento sacralizaron el texto constitucional y lo convirtieron en un obstáculo para alcanzar un acuerdo.
El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán
Tras la entrada en vigor de la Constitución y la celebración de las primeras elecciones constitucionales en la primavera de 1979, el Gobierno de Suárez puso en marcha el proceso de construcción del Estado autonómico, negociando con suma rapidez con País Vasco y Cataluña, cuyos Estatutos quedaron aprobados en noviembre y pudieron ser sometidos inmediatamente a referéndum. Hasta aquí no hubo ningún problema de constitucionalidad en el modo de proceder. A partir de este momento hubo varios.
El primero en Galicia. De manera, en mi opinión, no constitucional, el proyecto de Estatuto de Galicia que se aprobó en diciembre de 1979 rebajaba de manera considerable el derecho a la autonomía recogido por los Estatutos vasco y catalán. Nada había ni hay en la Constitución que justificara esa rebaja, ya que la norma fundamental se refiere, sin diferenciar, a los territorios que "en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía" y, por tanto, la diferenciación carecía de cobertura constitucional.
A este proceder anticonstitucional se anudó otro segundo: en lugar de someter el texto a referéndum de manera inmediata, como se había hecho con los textos de País Vasco y Cataluña, el gallego, ante el temor de que los ciudadanos dijeran que no en el referéndum de ratificación, se dejó sine die en el congelador. También sin cobertura constitucional.
El segundo, en Andalucía. Tras la decisión del Comité Ejecutivo de UCD, en enero de 1980, de que todas las demás regiones accederían a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, tuvo que convocarse en Andalucía el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica que prevé el artículo 151.1 CE, referéndum que se celebró el 28 de febrero de 1980 y que se ganó políticamente, pero se perdió jurídicamente, ya que la Constitución exigía la mayoría absoluta del censo electoral en cada una de las provincias y no en el conjunto de todas ellas y en Almería faltó un puñado de votos para esa mayoría.
Jurídicamente, Andalucía no hubiera podido constituirse en autonomía por la vía del artículo 151 CE. Políticamente, era imposible que no se constituyera por esa vía. La tensión entre legalidad y legitimidad se resolvió mediante los Pactos Autonómicos de 1981, que modificaron la Ley Orgánica de distintas modalidades de referéndum, de manera claramente anticonstitucional, para encajar el resultado del referéndum andaluz, y mediante la aprobación de una ley orgánica con base en el artículo 144 CE, para sustituir la iniciativa autonómica de Almería. Se aprovechó la ocasión para equiparar el Estatuto de Galicia al de Cataluña y País Vasco y poderlo someter a referéndum, además de para fijar el mapa autonómico y establecer el calendario de acceso a la autonomía de todas las demás regiones.
Las dudas de constitucionalidad que hubo en los procesos estatuyentes originarios por los cuales se inició la construcción del Estado autonómico, fueron muy superiores a las que se han podido suscitar con las reformas de los Estatutos. Si UCD se hubiera cerrado a cualquier posibilidad de pacto y hubiera considerado que era un tema que había que residenciar ante el Constitucional, nos hubiéramos metido en un callejón sin salida, que posiblemente habría condenado al fracaso a la Constitución en su integridad.
Un Estado políticamente descentralizado únicamente puede construirse con pactos políticos negociados de buena fe. Y la negociación de buena fe presupone que cada partido participa en ella con la representación que los ciudadanos le han dado. El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán y andaluz de la misma manera que participó en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, y no retirarse de la negociación porque no tenía mayoría y confiar en que, después, a través del Constitucional podría anularla. El Constitucional no puede resolver un problema de esta naturaleza. El Constitucional puede decidir si es constitucional o no un artículo de una determinada ley, estatal o autonómica, pero no puede decidir sobre una norma de naturaleza constitucional, que supone la plasmación del pacto de inserción de la parte en el todo, en este caso, de Cataluña en España.
JAVIER PÉREZ ROYO 28/11/2009
El Estado autonómico se ha construido mediante enfrentamientos muy profundos que se acabaron canalizando a través de pactos de naturaleza política negociados de buena fe, que, en ningún momento sacralizaron el texto constitucional y lo convirtieron en un obstáculo para alcanzar un acuerdo.
El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán
Tras la entrada en vigor de la Constitución y la celebración de las primeras elecciones constitucionales en la primavera de 1979, el Gobierno de Suárez puso en marcha el proceso de construcción del Estado autonómico, negociando con suma rapidez con País Vasco y Cataluña, cuyos Estatutos quedaron aprobados en noviembre y pudieron ser sometidos inmediatamente a referéndum. Hasta aquí no hubo ningún problema de constitucionalidad en el modo de proceder. A partir de este momento hubo varios.
El primero en Galicia. De manera, en mi opinión, no constitucional, el proyecto de Estatuto de Galicia que se aprobó en diciembre de 1979 rebajaba de manera considerable el derecho a la autonomía recogido por los Estatutos vasco y catalán. Nada había ni hay en la Constitución que justificara esa rebaja, ya que la norma fundamental se refiere, sin diferenciar, a los territorios que "en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía" y, por tanto, la diferenciación carecía de cobertura constitucional.
A este proceder anticonstitucional se anudó otro segundo: en lugar de someter el texto a referéndum de manera inmediata, como se había hecho con los textos de País Vasco y Cataluña, el gallego, ante el temor de que los ciudadanos dijeran que no en el referéndum de ratificación, se dejó sine die en el congelador. También sin cobertura constitucional.
El segundo, en Andalucía. Tras la decisión del Comité Ejecutivo de UCD, en enero de 1980, de que todas las demás regiones accederían a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, tuvo que convocarse en Andalucía el referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica que prevé el artículo 151.1 CE, referéndum que se celebró el 28 de febrero de 1980 y que se ganó políticamente, pero se perdió jurídicamente, ya que la Constitución exigía la mayoría absoluta del censo electoral en cada una de las provincias y no en el conjunto de todas ellas y en Almería faltó un puñado de votos para esa mayoría.
Jurídicamente, Andalucía no hubiera podido constituirse en autonomía por la vía del artículo 151 CE. Políticamente, era imposible que no se constituyera por esa vía. La tensión entre legalidad y legitimidad se resolvió mediante los Pactos Autonómicos de 1981, que modificaron la Ley Orgánica de distintas modalidades de referéndum, de manera claramente anticonstitucional, para encajar el resultado del referéndum andaluz, y mediante la aprobación de una ley orgánica con base en el artículo 144 CE, para sustituir la iniciativa autonómica de Almería. Se aprovechó la ocasión para equiparar el Estatuto de Galicia al de Cataluña y País Vasco y poderlo someter a referéndum, además de para fijar el mapa autonómico y establecer el calendario de acceso a la autonomía de todas las demás regiones.
Las dudas de constitucionalidad que hubo en los procesos estatuyentes originarios por los cuales se inició la construcción del Estado autonómico, fueron muy superiores a las que se han podido suscitar con las reformas de los Estatutos. Si UCD se hubiera cerrado a cualquier posibilidad de pacto y hubiera considerado que era un tema que había que residenciar ante el Constitucional, nos hubiéramos metido en un callejón sin salida, que posiblemente habría condenado al fracaso a la Constitución en su integridad.
Un Estado políticamente descentralizado únicamente puede construirse con pactos políticos negociados de buena fe. Y la negociación de buena fe presupone que cada partido participa en ella con la representación que los ciudadanos le han dado. El PP tenía que haber participado en la reforma del Estatuto catalán y andaluz de la misma manera que participó en la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, y no retirarse de la negociación porque no tenía mayoría y confiar en que, después, a través del Constitucional podría anularla. El Constitucional no puede resolver un problema de esta naturaleza. El Constitucional puede decidir si es constitucional o no un artículo de una determinada ley, estatal o autonómica, pero no puede decidir sobre una norma de naturaleza constitucional, que supone la plasmación del pacto de inserción de la parte en el todo, en este caso, de Cataluña en España.
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