Lluís de Yzaguirre (La Vanguardia 28-7-08)
El manifiesto hace gala notoria de ignorancia de la historia y la sociología o de un cinismo inagotable Este análisis quiere orientar a las personas de buena fe que se hayan alarmado por el manifiesto reciente sobre una entidad metafísica llamada "lengua común". Desgraciadamente, los redactores del manifiesto no consultaron ni a lingüistas ni a expertos en legislación sobre derechos lingüísticos, para evitar la mayoría de las insensateces que proclaman. Aquí intentaremos demostrar la falsedad de alguna de las premisas en que se basa el manifiesto, la gratuidad de las otras y la perversidad de sus conclusiones. Empecemos por opiniones gratuitas y acientíficas: Afirmando que imponer la lengua de una de las naciones españolas a las otras es una riqueza para la democracia, cuestionan la democracia de Suiza, Canadá o Finlandia, que, a diferencia de España, no discriminan a sus ciudadanos en derechos o deberes lingüísticos. El concepto de lengua común es un acto de fe sin relación con la ciencia; la lengua común de un catalán de Barcelona, uno de Perpiñán y otro de Cerdeña es el catalán, por encima de fronteras políticas. En contra de lo que afirma el manifiesto, que se nos obligue a defendernos en los tribunales, a participar en la vida política, etcétera, en castellano es una clara injusticia para los que no formamos parte de la comunidad de hablantes nativos del castellano, ya que nos encontramos siempre en inferioridad. Pero el manifiesto no se limita a presentar opiniones discutibles como premisas pseudocientíficas: además hace gala notoria de ignorancia de la historia y la sociología o de un cinismo inagotable: Confundir la persecución (incluidos prisión y asesinatos) gracias a la cual se ha implantado el castellano fuera de su dominio con arraigo histórico no tiene perdón. Decir que la protección de las demás lenguas españolas se ha cumplido sobradamente es un insulto a los hablantes del aragonés y del asturiano. Hablar de discriminación de los monolingües porque ya no ejercen el monopolio contradice la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM), en su artículo 7.2. El resto de las premisas del manifiesto son falacias contrarias a la ciencia o a los estándares internacionales en derechos lingüísticos. Decir que las lenguas no tienen territorio contradice: Dos siglos de investigación geolingüística. Una publicación tan poco sospechosa como la Britannica define la dialectología (que traza fronteras lingüísticas en los atlas lingüísticos) como geografía lingüística (del griego "tierra") La legislación proteccionista que España ha incorporado a su ordenamiento constitucional, como la CELRoM, o diversos acuerdos mundiales, que basan la mayoría de sus medidas en la delimitación territorial de las lenguas (v. g. lenguas regionales); en el caso de la CELRoM distingue entre lenguas territoriales y no territoriales. Negar los derechos de las lenguas por la ignorancia de la metonimia que implica se puede aceptar, pero negar la existencia de derechos colectivos, como los de las comunidades lingüísticas, es negar todos los progresos del derecho internacional del siglo XX. Partir de premisas falsas es el mejor método para llegar a conclusiones erróneas, como transmitir la imagen de que el monolingüismo es un estado deseable cuando lo natural en los humanos es aprender sin esfuerzo la lengua del entorno. Los estudios que contrastan habilidades intelectuales entre monolingües y políglotas evidencian que el conocimiento de lenguas es beneficioso. Un estudio reciente sobre la aparición de la senilidad en función del conocimiento de lenguas prueba que los bilingües retrasan cuatro años el deterioro senil respecto a los monolingües. Los padres que desean que sus hijos sean monolingües, como los que no quieren que cursen educación para la ciudadanía, como los padres musulmanes que prohíben a sus hijas hacer educación física, no son menos fundamentalistas que los testigos de Jehová que no quieren que a sus hijos se les practiquen transfusiones. Finalmente, y con relación a las propuestas políticas, si se obstinan en su propósito, además de cambiar la Constitución y desmantelar toda la legislación del estado de las autonomías (estatutos, leyes varias...), tendrán que conseguir que España denuncie varios tratados internacionales; Pero es de esperar que encuentren una respuesta decidida del Gobierno que, junto a los otros estados que han ratificado la CELRoM, se comprometen a fomentar, por medio de medidas apropiadas, la comprensión mutua entre todos.
LL. DE YZAGUIRRE , Universitat Pompeu Fabra
lunes, 28 de julio de 2008
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